En diálogo con Portafolio, el alcalde de Jericó (Antioquia), Jorge Pérez Hernández, afirmó que el municipio no quiere el desarrollo del proyecto cupífero de Quebradona. Insistió en señalar que el acuerdo municipal, que prohíbe toda actividad extractiva, sigue vigente, y que está avalado por un concepto del Consejo de Estado.
(Reflexiones sobre la mina de Quebradona).
¿Qué conoce el municipio de Jericó del proyecto minero de Quebradona?
La multinacional AngloGold Ashanti lleva más de 14 años con presencia en el municipio realizando tareas de exploración. En su momento eran muy reservados con la información del proyecto, pero la comunidad reclamó conocer más del proyecto. Además quería claridad en el metal que quieren extraer. Inicialmente comenzaron a hablar de oro y últimamente de cobre. Esta compañía se especializa en la producción aurífera y no en cobre.
¿Cuáles son las inquietudes con respecto al proyecto?
Además de no haber entregado a tiempo la información del proyecto, tampoco lo ha hecho con respecto a los impactos ambientales y sociales del mismo. Esta mina no será subterránea. Abrirán tres túneles de seis kilómetros sobre la montaña en la cual nacen la mayoría de fuentes hídricas que utilizan los campesinos de los municipios de Jericó y Támesis.
¿El Gobierno Nacional ha hecho presencia para hablar del proyecto?
A través de la Secretaría de Minas del departamento y de los medios de comunicación nos enteramos que este proyecto es de interés nacional para el Gobierno. Esto nos alarma porque vemos que el Ejecutivo está decidido a desarrollar la extracción. Y no tienen en cuenta la opinión de la mayoría de los habitantes del municipio.
Existe el acuerdo municipal 010 del 2018, el cual está vigente y que prohíbe la actividad minera. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la multinacional AngloGold Ashanti.
La sentencia 095 de la Corte Constitucional señala que los acuerdos municipales y las consultas populares no pueden prohibir la actividad extractiva.
La sentencia solo hace referencia a las consultas populares y no aborda los acuerdos municipales. El Consejo de Estado los avala en un proceso de desacato al Tribunal Administrativo de Antioquia por no contemplar el fallo de una tutela que interpuso el Concejo Muncipal del municipio de Urrao por su acuerdo.
(‘Jericó quiere desarrollar su proyecto de cobre’).
El acuerdo municipal de Jericó está vigente. Lo que hace la Corte Constitucional es emitir una sentencia donde limita la participación ciudadana con las consultas populares.
La multinacional afirma que han socializado el proyecto, ¿cómo ha sido la participación de la comunidad?
El proceso de socialización ha sido de unos meses a la fecha. Audiencias públicas no ha habido. Se han programado reuniones y en varias oportunidades no han asistido porque la comunidad les iba a pedir los estudios de impacto que no han mostrado. Incluso Confama les hizo la solicitud formal. La socialización no ha sido oportuna y la mayoría de habitantes de Jericó no aceptan el proyecto minero.
En días pasados fue creada la fundación ProJericó, ¿cómo será la participación de la comunidad en este espacio?
Es un comité del que viene hablando la multinacional. No es interinstitucional, lo conforma la misma compañía y promete recursos por $5.400 millones. Y hasta el momento no ha habido un solo desembolso y, realmente, no se tiene certeza si los recursos están direccionados. Al momento de recibir la administración de este municipio tenía 40 cuentas bancarias embargadas y con pagos pendientes a los jubilados y empleados, con dificultades económicas muy grandes. En los últimos tres años el empleo informal ha crecido en un 130%.
¿Cuáles son las actuales actividades económicas del municipio?
Los habitantes desarrollan cultivos de aguacate hass, así como de frutas como la gulupa. También se desarrollan otras actividades económicas como el turismo. Esto no altera ni genera impactos en el medio ambiente, como sí ocurriría con un proyecto minero.
De ejecutarse el proyecto minero, le quedarían regalías por cerca
de US$450 millones.
Estas regalías no compensarían el daño ambiental ni el social. Los túneles que describe el proyecto se ubican en la zona donde nacen las quebradas que surten de agua a los municipios de Jericó y Támesis. Las regalías no son la solución. Este municipio es pacifico y pujante, con una oferta ambiental y turística envidiable.
alfsua@eltiempo.com
