Dinero para la universidad pública ha sido, es y será insuficiente

Universidades han hecho más con menos desde 1992 a la fecha y es preciso garantizar el sostenimiento del sistema universitario público a largo plazo.

Marchas

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noviembre 21 de 2018 - 03:25 p.m.
2018-11-21

Desde sus orígenes el financiamiento del Sistema Universitario Estatal ha dependido del presupuesto del sector público. A pesar de los efectos positivos que la inversión en educación trae consigo en materia de equidad social y de mejoramiento de la productividad del país, los recursos, han sido insuficientes, lo son en la actualidad y lo seguirán siendo, a juzgar por las medidas asumidas en estos días por el gobierno nacional ante la presión de rectores y estudiantes.

(Lea: Ley de Financiamiento garantizaría recursos para reducir desigualdad)

La Ley 30 de 1992 pretendió hacer una reestructuración del Sistema de Educación Superior y en los Artículos 86 y 87, se determinó la manera como se constituyen los ingresos y el patrimonio de las universidades estatales: a- aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión; b- los aportes de los entes territoriales y c- por los recursos y rentas propios de cada institución.

Adicionalmente, se precisa que las universidades oficiales recibirán en adelante aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

No obstante, los gobiernos han venido interpretando los términos de esta ley en el sentido de que el presupuesto debe incrementarse en pesos constantes, por lo tanto, el aumento se actualiza con base en el IPC y por ello, desde entonces, el sistema ha funcionado en la práctica con un incremento real, pero en términos constantes; lo que significa un incremento prácticamente nulo.

La base de esta interpretación no ha posibilitado que las universidades atiendan nuevos frentes, como aumento de cobertura, mejoramiento de acceso, incremento de la formación de alto nivel de los profesores y desarrollo de infraestructura. El sistema se ha expandido con los mismos recursos de 1990 y esta parece ser la fuente del déficit financiero actual de las universidades.

Las cifras lo muestran cuando se advierte, por ejemplo, cómo el tamaño de la matrícula pasó de 926.184 en el año 2000, a 1.587.760 en el 2010; y a 2.234.285 en el 2016, sin que el número de instituciones haya crecido de modo relevante. La tasa de cobertura llegó en el 2018 a 51.52%, habiendo sido de 37.05% en 2010. Por su parte, el número de docentes ha aumentado pasando de 68.352, en 2003 a 149.740 en 2016.

La conclusión es evidente: las universidades han hecho más con menos desde 1992 hasta la fecha y es necesario garantizar el sostenimiento del sistema universitario estatal a largo plazo.

Sin embargo, el problema principal no se arregla con adicionales. Por el contrario, el interés de las universidades es ampliar la base presupuestal. En los últimos años ha habido adicionales; por ejemplo, en el 2010 se lograron algunos recursos extra, atados a la ampliación de cobertura y en el Proyecto de reforma integral frustrado de 2012 se propuso la ampliación en un 3% adicional a la inflación y se logró un incremento equivalente a 66.000 millones.

Dado esto, es necesario establecer un nuevo modelo de financiamiento (reforma de la Ley 30 de 1992, Art. 86 y 87) que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo, que tenga en cuenta los costos crecientes, las metas del Plan de Desarrollo y los nuevos paradigmas de la educación superior.

Se requiere de una reforma estructural del sistema de la Educación Superior, tal como se hizo en el escenario de los 90, pero aceptando los retos impuestos por las nuevas formas de producción del conocimiento, por la conversión de éste en fuerza productiva, generadora de riqueza, y por nuevas demandas sociales que tienen las universidades y que las obliga a reinventarse para no perder legitimidad ante la sociedad, ni hacer inocua la inversión de los gobiernos en su funcionamiento y consolidación.


Luis Enrique Orozco Silva
Profesor titular y director del Área de Gestión y Políticas Públicas.
Universidad de los Andes

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