Mercancía avaluada en unos US$85.000 millones ingresan anualmente a los distintos países de Latinoamérica, situación que tiene prendidas las alarmas en la región y por la cual, desde ya, comenzaron las tareas en cada una de las naciones.
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Este trabajo viene siendo desarrollado a través de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), que en días pasados tuvo su tercera reunión en Ciudad de Guatemala, la cual fue encabezada esta vez por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) de Colombia.
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De hecho, en las conclusiones del evento, Paola Buendía, vicepresidenta de la Andi, expresó: “queremos trabajar de la mano con los gobiernos, gremios, además de que buscamos fortalecer y lograr conclusiones específicas de trabajo”.
Por esto, cada una de las naciones vinculadas están terminando sus respectivos observatorios anticontrabando, pero, como dijo Buendía, el camino es largo y difícil. “Desde la Andi se ha liderado la alianza, a través de la cual venimos aumentando el intercambio de información y generación de propuestas para contrarrestar el efecto del contrabando”, entre las que se encuentran poner en marcha las mesas de diálogo entre gremios, privados y Gobierno.
Por su parte, las principales mesas de trabajo sectoriales y transversales encontraron cinco puntos a los que se comprometieron los países participantes, de cara al próximo encuentro de la Alac, que se hará en Lima (Perú) en marzo del 2018.
De este modo, en los cuatros meses siguientes, las naciones crearán espacios de interacción público - privada regional, con el fin de ampliar la discusión sobre políticas públicas y mecanismos de control en torno al comercio ilegal.
Además, armonizarán la legislación regional en dicha materia, pero también en defraudación aduanera, interceptaciones, propiedad intelectual y reglamentos técnicos. Asimismo, se impulsará la conformación de observatorios de comercio ilegal.
Finalmente, se unificarán los sistemas de valoración aduanera de la región, utilizando como referencia la información de mercados internacionales.
De este modo, la integración se consolida ahora en tácticas tangibles, tal y como había quedado acordado en la última reunión, en la cual se concluyó que las acciones debían pasar del papel a la práctica.
CASO COLOMBIANO
Puntualmente, el caso colombiano hace parte de esta estrategia, y fue abordado desde la capital de Guatemala por el Gobierno y los gremios, tomando como base que el contrabando en frontera representa unos US$6.000 millones.
Además, según la Andi, “una lucha efectiva contra este flagelo se traduciría en 4,6% más de Producto Interno Bruto, 148.355 más empleos y un aumento de 14,1% de más valor agregado por la industria manufacturera colombiana”, explicó la Andi.
Por su parte, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, expresó que “cuando todos los países están juntos se logran políticas reales para aplicar y se trata de derrotar el delito, que no es más que un delito económico (...) uno tiene un desempeño mejor y esperamos que haya reuniones periódicas y resultados rápidos, lo cual hace necesario que los privados y el Gobierno trabajen constantemente”.
Además, reiteró que la reciente reforma tributaria incrementó las cifras . “Las llaves del contrabando las tiene el Gobierno, porque debe suprimir las barreras paraarancelarias, que han venido bajando en el mundo; y, obviamente, seguir buscando los impuestos planos, que impidan el contrabando técnico”.
Por su parte, Daniel Arango, viceministro de Desarrollo Empresarial Del Ministerio de Comercio, afirmó que: “el Gobierno tiene la camiseta para luchar contra el contrabando, participamos activamente y lideramos, junto a la Dian, la Comisión Interinstitucional de Lucha Anticontrabando, a través de la cual analizamos cada semana el flagelo y adoptamos políticas públicas”.
Sebastián Londoño Vélez
Ciudad de Guatemala