Medimás completa dos años en cuidados intensivos

Los servicios de salud en nuestro país están en una crisis que la pagan la mayoría de los colombianos.

Medimás EPS

Tras 8 años de la intervención a Saludcoop, cuatro de su liquidación y dos más desde la creación de Medimás, el balance es crítico.

ALEXIS MÚNERA / EL TIEMPO

POR:
Portafolio
julio 26 de 2019 - 10:16 a.m.
2019-07-26

Desde 2017 la EPS perdió 1,5 millones de afiliados y suma 200.000 quejas por mal servicio. Y hay demandas en contra de la Nación por $2,5 billones.

Maira García regresó a morir, a los 32 años, a la casa que la vio crecer en Tocaima, Cundinamarca. A los 25, hace siete, le diagnosticaron el cáncer de ovarios que terminó con su vida. Siete años en los que tuvo que padecer, además de su enfermedad, todos los males amarrados a ser paciente de Cafesalud y Medimás, EPS herederas del poderoso Grupo Saludcoop, cuya crisis sigue siendo una bomba de tiempo para el sistema de salud pública en Colombia.

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Lo único que tenía por seguro era su muerte, que le llegó el pasado 29 de junio. Para entonces, había pasado, forzada, por dos EPS, al menos ocho clínicas y centros de tratamiento distintos, tres procesos de quimioterapia, una cirugía y una docena de doctores. Todo, en un accidentado y discontinuo proceso en el que, según le dijo a EL TIEMPO poco antes de su fallecimiento, su EPS “en vez de ser una ayuda fue una carga”.

Samuel, su hijo, nació en el 2012. Tiene los mismos años del dolor que inicialmente los médicos le diagnosticaron a Maira como una inflamación de colon, pero que era en realidad producto de tres tumores: dos en los ovarios y uno en la pelvis. Entre ese primer campanazo y la autorización de la ecografía que detectó el cáncer pasaron seis meses.

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Para el 2012, Cafesalud, su EPS, era la segunda empresa del Grupo y estaba bajo vigilancia especial de la Supersalud por vacíos millonarios en sus cuentas. Saludcoop, la empresa matriz del holding creado por el polémico Carlos Palacino (hoy preso y en espera de un juicio por peculado), completaba su primer año intervenida por el Estado. Junto con Cruz Blanca, la otra EPS del Grupo, en ese momento afiliaban a por lo menos uno de cada diez colombianos en el régimen contributivo: 5’135.363 personas. Y tenían al menos dos millones más de asegurados en el régimen subsidiado.

Era un pulpo empresarial de 28.000 empleados en 41 empresas: 12 prestadoras de servicios, 16 de apoyo de gestión, tres dedicadas a las inversiones en el exterior y cuatro firmas con aportes de cooperativas, que se articulaban a sus tres grandes marcas en el negocio del aseguramiento. Sin contar sus clínicas asociadas –en las que era dueña de hasta el 70 por ciento–, tenía 517 camas solo en cuidados intensivos, de las cuales 427 eran pediátricas y neonatales. El conjunto más grande del sistema.

Con presencia en al menos 550 municipios, las operaciones financieras del Grupo Saludcoop cada año superaban los 3 billones de pesos. Pero en el camino, según los procesos de la Contraloría y la Fiscalía, Palacino y sus fichas terminaron desviando al menos 1,6 billones de pesos de la salud pública.

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Ocho años después de la intervención de la Supersalud a Saludcoop, 4 años después de su liquidación y a dos de la creación de Medimás (la EPS que recibió, el 1 de agosto de 2017, lo que quedaba de la megaoperación del Grupo), el balance no puede ser más crítico.

Frente por frente, el Estado parece haber perdido sus batallas respecto al reto que le planteaban Saludcoop y sus sucesores. En la parte penal, el único detenido es el ‘zar’ del grupo, Carlos Palacino, quien logró pasar indemne el escándalo durante la fiscalía de Eduardo Montealegre. Y por los recobros indebidos al sistema de salud, que en su momento fueron tasados en centenares de miles de millones, no hay condenas.

La multa de 1,6 billones que les impuso la Contraloría a Palacino y sus socios es letra muerta. En cambio, sin mucho ruido están haciendo fila varias demandas millonarias en contra del Estado que suman casi 2,5 billones de pesos. De los siete millones largos de usuarios de hace una década, a Medimás le quedan 3,6 millones. Tan solo este año, 541.000 personas se fueron a otra EPS: hay 240.000 que también lo intentaron sin éxito. Muchos denuncian que les están poniendo trabas para lograrlo.

Varias de las clínicas más importantes, como la Jorge Piñeros Corpas en Bogotá y la Esimed, en Santa Marta, están abandonadas: las secretarías de Salud ordenaron su cierre por mal servicio y malas condiciones sanitarias. De los casi 28.000 empleados quedan 3.500. Por años, la pesadilla laboral para muchos de los médicos y funcionarios de Saludcoop fue que no les pagaban, pero tampoco renunciaban para no perder derechos. Todo esto se refleja en la precaria atención que tienen que soportar miles de pacientes cada día. En Santa Marta son recibidos con una lista de medicamentos, algunos de vida o muerte, que simplemente no hay, como tampoco hay nadie que dé razón de si llegarán.

En Medellín, Medimás no les cumple a sus usuarios ni siquiera con tutelas. Luz Mery Loaiza, de 56 años, es diabética y hace dos meses no recibe insulina ni una pastilla que necesita para mantenerse estable. Con los pocos recursos económicos que tiene compra por su cuenta el primer medicamento, pero para el otro no le alcanza. Y no puede hacerse exámenes de control porque las pruebas de laboratorio solo se las practican a niños y mayores de 70 años.

En Cali, hay pacientes como Alejandro González, que completa dos años esperando que autoricen la cirugía de una herida abierta que tiene en el abdomen tras un accidente en su silla de ruedas.

En dos años de funcionamiento, Medimás perdió 1,5 millones de afiliados. En su contra hay cerca de 200.000 quejas, y su tasa de reclamos por cada mil afiliados es peor (24,2 en el contributivo y 14,2 en el subsidiado) que la del 2016 de Cafesalud (23,8 y 8,3). En los dos últimos meses, las quejas se han disparado: aumentaron 60 por ciento entre abril (8.248) y mayo (13.224), y en junio hubo 12.773.

CAMBIO PARA EMPEORAR

En el 2015, cuando el Gobierno decidió liquidarla, Saludcoop ya había perdido 500.000 de sus afiliados. Para ese momento era claro que sus directivos habían violado la ley al usar la plata que el Estado les da a las EPS por cada afiliado (la capitación) para inversiones que no tenían que ver con la tarea de garantizar su salud.
La decisión fue pasar a los afiliados de la gigante Saludcoop a la menos robusta Cafesalud, que años atrás Palacino compró a la Federación Colombiana de Cafeteros por 25 millones de dólares.

“La liquidación de esta EPS es un paso necesario para darle solución definitiva al tema de Saludcoop”, dijo en ese momento el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Y aseguró que así se lograría “garantizar la atención de los usuarios, proteger de una posible quiebra a más de 4.000 prestadores y respetar los derechos laborales de los trabajadores, minimizando el uso de los recursos públicos”.

Nada de eso se logró. La migración a Cafesalud no solo no mejoró la situación para los afiliados de Saludcoop, sino que empeoró la atención para los pacientes de la primera. Y al frente de toda la operación, el Ministerio y la Superintendencia de Salud de la época sostuvieron a un ya cuestionado Guillermo Grosso, primero interventor de Saludcoop y luego nombrado presidente de Cafesalud. Hoy está preso porque la Fiscalía y la Contraloría dicen que malgastó al menos 70.000 millones de pesos de la salud pública.

La atención que recibían pacientes como Maira sintió el golpe del paso abrupto de millones de afiliados a Cafesalud: “Ahí se acabó el buen servicio. Todo colapsó”, dijo. Para pedir las citas, a pesar de ser paciente de oncología, tenía que hacer una hora o más de fila: “A veces llegaba y no había cita ni agenda. O decían que esperara dos meses, y eso para un paciente con cáncer es mucho”.

En julio de 2015 le confirmaron una recaída: tenía metástasis en el hígado y una masa tumoral en la pelvis. Apenas en noviembre de ese año pudo empezar su segundo tratamiento de quimioterapia. A pesar de los difíciles efectos secundarios, por segunda vez logró hacer retroceder el cáncer.

Entonces, le prometieron una citorreducción –una extracción quirúrgica de la mayor parte de los tumores–, pero era necesaria una resonancia que nunca autorizaron.
Después le detectaron una masa, de apenas unos milímetros, en la pelvis. Pero ese mismo año se acabó el convenio con la clínica que la atendía, la San Diego. Tampoco pudo continuar con su ‘quimioterapia de mantenimiento’. Y su medicamento principal, el bevacizumab, no se conseguía, y la EPS no respondía.

“Volví a sentirme mal. Me dolía la pelvis”, contó Maira. De la San Diego había pasado a la Juan N. Corpas y terminó en la clínica Santa Bibiana. La masa pélvica, que hace unos meses era de milímetros, tenía ya 3 centímetros. “Me pasaron a otra clínica en La Castellana; allí, confirmaron que tenía una recaída y debía hacerme más quimios”. Después la remitieron al Centro Nacional de Oncología y, a finales de 2016, le aprobaron por fin las quimioterapias.

Para ese momento, el Gobierno había decidido vender Cafesalud. En diciembre se publicaron los prepliegos y a mediados de 2017 el país empezó a oír de Medimás, consorcio de privados que compró la operación del Grupo Saludcoop. El 23 de febrero de 2017 se creó el consorcio Prestasalud, que presentó en mayo de ese año una oferta que al final fue el doble del precio base establecido por una firma evaluadora para la venta de los activos de Saludcoop: en total, 1,45 billones de pesos. Medimás empezó a operar hace 2 años, el 1.° de agosto de 2017. Y casi de inmediato empezaron los cuestionamientos. No solo porque la atención de los pacientes no mejoró, sino porque algunos de los poderes de la nueva empresa aparecían ligados a Palacino, ‘zar’ de Saludcoop.

La EPS siempre ha sostenido que los traumatismos en la atención los heredó del incumplimiento de Cafesalud: más de 5 millones de servicios y 160.000 trámites legales.

Tras meses de crisis, las quejas por mala atención y el incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras terminaron por llevar a los organismos de control y al Tribunal de Cundinamarca a revocar el proceso inicial de venta. El argumento fue que el grupo de empresarios incumplió sistemática y progresivamente las obligaciones “que en calidad de compradores adquirieron: no solo dinerarias, sino en la aplicación efectiva de un modelo de atención integral en salud”. Este litigio está por definirse en el Consejo de Estado.

LA MITAD DE LAS QUIMIOS

El procurador Fernando Carrillo cuestiona que a pesar de las advertencias de su despacho, las autoridades de salud del gobierno Santos decidieron seguir adelante con Medimás.

“Durante estos dos años, miles de afiliados a Medimás sufrieron la violación de su derecho fundamental a la salud y a la vida: niños con cáncer, mujeres embarazadas, adultos mayores con enfermedades crónicas no han tenido acceso a los servicios de salud –dice la Procuraduría– (...). Más de 1 millón de usuarios se trasladaron a otras EPS; otros se han visto obligados a interponer acciones de tutela y muchos han fallecido esperando una autorización de servicios médicos”. Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que entre 2017 y 2018 Cafesalud y Medimás sumaron 64.410 tutelas. De hecho, son las EPS más entuteladas del país.

¿Cómo vivieron este proceso los pacientes? Así lo respondió Maira: “Solo tres quimios me pusieron; realmente necesitaba seis, y ni una sola fue a tiempo. Tampoco había un doctor fijo para hacerme seguimiento, siempre me lo cambiaban”.

También faltaban los medicamentos. El bevacizumab, de nuevo, no llegaba. “Vivíamos en Madrid, Cundinamarca, y el viaje hasta el lugar de tratamiento me tomaba más de hora y media. El niño venía conmigo, caminando, porque yo estaba débil y no lo podía alzar”, contó. Si un medicamento faltaba, perdía el trayecto en flota. Una doctora, al final, dio la orden de que le hicieran las quimios así faltara el medicamento.

Pero otro, a finales de año, dio un concepto contrario: el tratamiento no podía hacerse incompleto, y recomendó parar todo y esperar el 2018 para retomar. Entonces se acabó el convenio con el Centro de Oncología y Maira fue trasladada al Hospital San José Centro. Allí le confirmaron que el tratamiento no había funcionado y no se podía retomar. Dos meses después, una resonancia reveló que tenía más siembras, tumores y nódulos. Y, a mediados de año, una tomografía encontró que estaban comprometidos los pulmones y los ganglios linfáticos: estaba invadida de cáncer.

En ese momento decidió cerrar la pastelería con la que conseguía algunos de sus ingresos y empezó a viajar, cada vez más seguido, a Tocaima, a su casa natal. A recibir algo de calor y para estar cerca de su papá. Su esposo, Michael Sánchez, fue su enfermero durante la etapa terminal. Los doctores dijeron que le quedaban menos de 12 meses. Otros le daban hasta tres años. Maira se fue, rodeada por su familia, 23 días después de esta entrevista.

Así resumió esos últimos días: “Llega el punto en que el cuerpo y la mente se cansan. Ya me quiero ir. Mi deterioro fue culpa de la EPS desde el comienzo. Qué costaban una ecografía, una resonancia, una quimioterapia a tiempo. Tal vez yo estaría en remisión y tendría algo más de tiempo con mi familia. Pero no lo tengo”.

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