La firma de abogados Miller & Chevalier, experta en auditoría forense fue contratada por Ecopetrol para que de forma externa e independiente revise de manera detallada cada uno de los pasos contables sobre los recursos que fueron invertidos en el proceso de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).
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Esta contratación, según voceros de la petrolera colombiana, se da como parte del proceso “de debida diligencia”, y que fue gestionado por el Comité de Auditoría de la junta directiva.
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“Se buscó a esta firma de abogados de EE. UU. para que comenzara una investigación sobre los temas que describió la Fiscalía General por el caso de Reficar, y registrara en detalle, cada uno de los gastos en el proceso de modernización”, señaló un vocero de Ecopetrol, quien aclaró que actualmente la citada compañía realiza el trabajo de peritaje.
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Portafolio conoció que la firma de abogados Miller & Chevalier, fundada en 1.920, tiene su sede en Washigton D.C., y posee experiencia en temas como impuestos, beneficios para empleados, derecho internacional y negocios, litigios de cuello blanco e investigaciones internas y asuntos de gobierno.
Una fuente externa a Ecopetrol, pero que conoce acerca de la auditoría forense que desarrolla esta empresa de EE. UU., y que pidió reserva de su nombre, le comentó a este diario cómo se desarrolla esta labor de peritaje técnico a las cuentas de Reficar.
“Miller & Chevalier realiza esta investigación de forma sistematizada, a través de varios software, los cuales de manera simultánea, no solo desenvuelven cada unos de los pasos contables de los recursos invertidos en la modernización de Reficar, sino que cruza la información obtenida y la verifica para registrar uno a uno los movimientos de recursos desembolsados, para anotar el origen y el destino de los dineros”, explicó.
Indicó, además, que con las pesquisas la junta directiva de Ecopetrol busca darle explicación de cada transacción contable a los distintos órganos de control.
Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por US$6.080 millones, a raíz del daño patrimonial que se pudo dar en la modernización de Reficar.
“La decisión se da tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto”, señaló en ese entonces Edgardo Maya Villazón, contralor general.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, el próximo 7 de junio, en audiencia, imputará cargos a ocho altos ejecutivos de Ecopetrol, Reficar y CB&I, al identificar un peculado por más de $610.000 millones en conductas como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
“El ente acusador decidió vincular, mediante formulación de imputación, a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto”, explicó el fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira.
Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que del resultado de la auditoría forense de Miller & Chevalier, está buena parte del material probatorio como defensa de los presuntos involucrados en el caso de Reficar.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
