Al Grupo EPM, el no haber puesto en operación el día y la hora señalada a Hidroituango, le está pasando una factura tan alta que podría terminar afectado de manera sensible sus arcas.
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La razón, a la fecha las multas y sanciones económicas por cuenta de ese incumplimiento superarían los $1,1 billones, dineros que al conglomerado antioqueño no le quedaría más remedió que pagar.
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Las acreencias deberían ser atendidas por EPM en razón que, por un lado, es la cabeza del megaproyecto, y por el otro tiene una participación accionaria del mismo con un 46,47%, teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia a través del Idea posee el 52,89% y los minoritarios el 0,64%.
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La más reciente multa se registró en las últimas horas y fue de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que a través de la Resolución 154 del 15 de noviembre del 2019, resolvió un recurso de reposición interpuesto por la propia EPM contra la Resolución 101 del presente año.
La entidad no solo confirmó que el conglomerado perdía el beneficio económico por el ingreso asociado a las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), ya que no entregó la corriente eléctrica a la que estaba comprometida, sino que además se procedía a la ejecución de una garantía bancaria por valor de US$43,1 millones ($146.500 millones).
Sobre esto, a través de un comunicado, EPM manifestó que “con lo anterior, queda en firme la pérdida de las OEF con fecha de inicio 1.° de diciembre de 2018, y se mantienen las OEF asignadas con fecha de inicio 1.° de diciembre de 2021”.
Y recalcó en la misma nota: “Cabe mencionar que las obligaciones que se pierden en virtud de la decisión de la Creg se podrán recuperar paulatinamente cuando el regulador asigne nuevas OEF”.
Pero la multa más representativa interpuesta a la organización, que sigue en discusión de si se debe aplicar, y que ha llamado la atención del sector de energía eléctrica del país es la que ordenó en diciembre del 2018 la Sociedad Hidroituango por un monto cercano a $1 billón, debido a que EPM como ejecutor del contrato BOOMT (construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver), incumplió con el cierre de las compuertas de desviación, llenado del embalse y entrada en operación comercial de la unidad cuatro.
Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, subrayó que el contrato establece que cuando un hito completa 90 días de incumplido tiene que empezar a pagar $120 millones diarios, cuando llegue a los 180 días, el monto del pago asciende a $240 millones diarios, y “así se va en aumento progresivo la sanción al mes siete, diez y trece”.
El burgomaestre departamental también recalcó que el contrato que se hizo para la realización del proyecto contempla unas sanciones “muy altas” por el incumplimiento de cada cláusula.
A través de un comunicado, EPM reiteró que la misma Gobernación de Antioquia había determinado que “no existía una determinación ni cuantificación de la exigibilidad de la multa impuesta contra la empresa por los retrasos presentados en las obras de Hidroituango, ya que la obligación de pago garantizada todavía no ha sido determinada y, por tanto, aun no es exigible”.
Y aclaró que no se pueden cobrar multas ni obligaciones mientras no se determine que la emergencia ocurrida durante la contingencia no se configuró como un “evento excusable”, por lo que no existe fundamento jurídico para ejecutar la multa.
Pero no solo el incumplimiento por la entrada en operación del proyecto ha generado sanciones económicas, también los impactos ambientales le están pasando factura a EPM.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le impuso en septiembre del 2018 una multa contra la Sociedad Hidroituango por cerca de $2.500 millones debido a daños ambientales derivados por el desarrollo de la central hidroeléctrica.
Y en febrero de 2019, ejecutó una segunda sanción económica, también contra la Sociedad Hidroituango, esta vez por $4.305 millones por supuestos daños ambientales causados a una fuente hídrica localizadas en el proyecto.
Según la resolución de la entidad ambiental, la sociedad en calidad de titular de la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto es responsable de la presunta obstrucción del cauce de la quebrada Tenche, ubicada cerca del sector en el cual se construyeron los túneles de desviación del río Cauca.
‘EL PROYECTO OPERARÁ A PLENA CAPACIDAD EN 2024’
Jorge Londoño, gerente de EPM, resaltó que desde julio del 2020, y por espacio de un año, se realizarán los trabajos para el montaje de las turbinas y unidades de generación. Este proceso va desde la construcción de la infraestructura donde se alojan cada una de las máquinas. “De acuerdo al cronograma, las dos primeras unidades de generación estarían listas y en operación a finales del 2021”, dijo.
Y agregó que la entrada en operación de la central será secuencial. El plan es que a partir de diciembre de 2021 entren en operación cada año dos unidades de generación. “A finales de 2024 entrarían en operación las dos últimas unidades, con lo que el complejo estaría en su máxima potencia de generación”, señalo.
