Normas antievasión, los puntos débiles en la Ley de Financiamiento 

Expertos aseguran que lo anunciado por el Gobierno de atacar a quienes le hacen el ‘quite’ a los impuestos, no se ve reflejado en el proyecto. 

Ley de Financiamiento

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el viceministro Técnico, Luis Alberto Rodríguez.

Archivo particular

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Portafolio
octubre 31 de 2018 - 08:56 p.m.
2018-10-31

El Gobierno de Iván Duque liberó la propuesta de ley de financiamiento con la cual espera conseguir los $14 billones que le hacen falta del presupuesto del 2019 y darle un ajuste al sistema actual.

IVA, renta de personas naturales y jurídicas, estreno de nuevo régimen simple para pequeños negocios e impuesto al patrimonio son los principales platos de esta iniciativa, que fue radicada este miércoles por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

(‘Colombia requiere generar una gran transformación para la equidad’). 

“Se trata de una ley progresiva que busca que aquellos colombianos que reciben más ingresos contribuyan en mayor medida para el funcionamiento del Estado y la redistribución de la riqueza”, expresó el Minhacienda.

Sin embargo, en materia de normas antiabuso o antievasión, el proyecto de ley se habría quedado corto, en comparación con lo inicialmente ventilado, por ejemplo, por el director de la Dian, José Andrés Romero, quien había dicho que “queremos incluir un tipo penal para las personas que ayudan a generar la evasión”.

Según Nicolás Carrero, director de la firma Carrero & Asociados, “la reforma va más hacia la reestructuración de la Dian, en materia de darle recursos tecnológicos y humanos”.

Por su parte, Juan Guillermo Ruiz, socio fundador de Posse Herrera Ruiz, aseguró que “particularmente, la discusión dada en torno a la defraudación tributaria no se ve en el proyecto; sí se incluyen normas relacionadas con abuso y ventas indirectas, o algunos ajustes al precio mínimo fiscal del artículo 90 (relativa a enajenación de activos), pero no se ve tampoco un planteamiento que modifique las normas antiabuso”.

(Este es el proyecto de la Ley de Financiamiento). 

Y agregó que “es probable que no se incluyeran en la reforma, tal y como se afirmaron en la discusión pública previa, en buena parte porque muchos mostramos preocupación al respecto, sumado a que esta reforma quedó como ley de financiamiento, y añadir un tipo penal nuevo podría haber hecho que se cayera en su revisión constitucional en la Corte”.

CAMBIOS REALES 

En efecto, en el proyecto de ley radicado se contempla un capítulo con cinco puntos para combatir el no pago de impuestos en Colombia, pero que, en concepto de varios analistas, no ataca el problema de fondo.

El primero tiene que ver con el impuesto de renta y complementarios, pero exclusivamente para transacciones en materia de enajenación de inmuebles, presunción de venta de acciones o cuotas de interés social de sociedades que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, al igual que “se sugiere que este tratamiento sea aplicable en la enajenación de derechos en vehículos de inversión”, como reza la exposición de motivos.

Otro de los puntos es la incorporación de una norma de transferencias indirectas de sociedades o activos ubicados en el territorio nacional. En cuanto a establecimientos permanentes se formulan propuestas para combatir el abuso en materia tributaria, no obstante, como dice la exposición de motivos, “se sugiere que los establecimientos permanentes o sucursales tributen sobre sus rentas de fuente mundial”.

Los fondos de capital privado son otros de los impactados por normas antievasión, ya que se les aplican más controles frente al diferimiento de impuestos, aunque si no lo hacen, se propone que paguen los tributos de forma integral.

Por el lado de entidades sin ánimo de lucro, el proyecto se limita a clarificar las causales por las que estas pueden perder los beneficios del Régimen Tributario Especial, en tanto que, por responsabilidad solidaria en el pago de impuestos, simplemente se incluyen a aquellos que hayan sido parte de negocios con propósito de evasión o abuso contra la administración tributaria.

​UN MAYOR APORTE DE PENSIONES 

En la ley de financiamiento o reforma tributaria, el Gobierno incluyó varios puntos de gran impacto, sobre todo para los trabajadores asalariados.

El principal de estos tiene que ver con el pago del impuesto de renta de las pensiones, ya que hoy en día estas tienen un piso de algo más de $33 millones, pero ahora comenzarían a gravarse de la misma forma que las rentas de trabajo.

Según Nicolás Carrero, directivo de Carrero & Asociados, con estos cambios las personas que mensualmente reciben una pensión desde los $2,6 millones estarán obligados a declarar renta, en tanto que los que reciban algo más de $4 millones mensuales tendrán que pagar.

Asimismo, el articulado elimina un punto del Estatuto Tributario que dejaba como renta exenta los aportes obligatorios que se hagan al sistema general de pensiones.

De igual forma, se le da vía libre a que la retención en la fuente aplique para los ingresos de “pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales”, que antes correspondían a rentas exentas.

Por otro lado, en materia de cesantías, estas pasan a ser rentas, lo que indica que al igual que como quedó en la reforma tributaria pasada, seguirán gravadas, incluso desde que el empleador las consigne en los fondos de pensiones de los trabajadores.

Por otro lado, el próximo año habrá más personas pagando retefuente por impuesto de renta, ya que ahora sería obligatorio para quienes devengan mensualmente $2,8 millones.

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