Nuevo plan de chatarrización está estancado por trámites

La implementación de la estrategia, que fue oficializada el 26 de junio por el presidente Duque, aún no ha arrancado. 

Camiones

El punto de chatarrización es uno de los más importantes en el comité de comercio del ‘Club de buenas prácticas’.

Archivo CEET

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septiembre 19 de 2019 - 08:46 p.m.
2019-09-19

Pasados 85 días desde que el presidente Iván Duque firmó el decreto con el que se oficializó el inicio del nuevo plan de modernización de transporte de carga del país, la resolución reglamentaria que daría pie a que la estrategia arranque aún no ha sido expedida.

(Listo el nuevo programa de modernización de vehículos de carga). 

La razón, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, es que todavía no se han logrado surtir todos los trámites necesarios para conseguir que la norma entre en vigencia.

Sin embargo, los transportadores de carga han manifestado en repetidas ocasiones su inconformidad con la falta de celeridad de la entidad, teniendo en cuenta que luego de que puedan aplicar al programa, el proceso para cada caso tardaría al menos 90 días calendario en hacerse efectivo.

En ese orden de ideas, probablemente este año no se alcanzaría a chatarrizar un solo vehículo de carga de los 25.000 que el Gobierno Nacional quiere sacar del mercado al 2022.

“Nosotros le hemos dicho constantemente al Ministerio de Transporte, que se agilicen los trámites para que salga la resolución, porque sino se está perjudicando a mucha gente. Además de eso, creemos que es importante garantizar que una vez entre en vigencia, los trámites propios de la renovación sean rápidos, porque si no, no va a valer la pena que la gente haga el sacrificio de comprar un vehículo nuevo. Si se demora, eso paraliza al sector”, manifestó Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.

(Camioneros, inconformes con chatarrización y restricciones). 


No obstante, el dirigente gremial indicó que en diálogo con el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, el pasado miércoles el funcionario le indicó que la resolución estaría lista la próxima semana.

Por su parte, Miguel Durán Prieto, presidente de Colfecar, subrayó que el nuevo programa “no es muy diferente a lo que se ha venido trabajando en el pasado”, por lo que las demoras le causan preocupación.

Y agregó que “ya el Estado cuenta con una curva de aprendizaje importante y con los medios de comunicación, que pueden garantizar la transparencia que este proceso demanda”.

LO QUE FALTA


Según manifestó el Mintransporte a este diario, luego de la firma del decreto en junio pasado, el texto se publicó para comentarios, por lo que recibieron más de 100 observaciones que tenían que ser revisadas individualmente. Actualmente, el texto está en manos de Función Pública, quienes estarían estudiando el impacto normativo de la iniciativa, y luego, la Superintendencia de Industria y Comercio, también haría una revisión.

Esto último tardaría aproximadamente un mes y, al final de todos los trámites, se aprobaría la publicación definitiva.

EL IMPACTO

Según cifras oficiales, el parque automotor de carga del país emite 28,2 millones de toneladas de CO2 al año en Colombia, principalmente por la circulación de unos 52.000 vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Pero el impacto de la renovación no es solo a nivel ambiental, sino de eficiencias en la cadena logística, que requiere una flota más moderna.

No obstante, cabe recordar que esta iniciativa no es totalmente nueva, pues desde 2009 hasta junio pasado, en el país funcionó el programa denominado ‘uno a uno’, en el que se establecía que para poder operar un vehículo de carga nuevo, primero se debía chatarrizar otro viejo.

Sin embargo, bajo este mecanismo solo se lograron desintegrar 30.000 vehículos de carga, para lo que se invirtieron casi $969.000 millones.

Además, el mencionado programa fue demandado por EE.UU., al considerar que se estaba obstruyendo el comercio entre ambas naciones, razón por la que se tuvo que finalizar este año. Se calcula que el presupuesto asignado para esta oportunidad será inicialmente de $300.000 millones y que los recursos serán administrados a través de una fiduciaria. Además, los beneficiados serán los pequeños propietarios, quienes en su mayoría son los dueños de estos vehículos.

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