La explotación ilegal de oro en el Bajo Cauca antioqueño, ha generado la degradación irreversible en cerca de 32.000 hectáreas, que en su mayoría han sido utilizadas para la agricultura y la ganadería. Con el paso de las retroexcavadoras, hoy se han convertido en desiertos con grandes impactos en el medio ambiente, la economía y la población.
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Estas tierras, que representan cerca del 4% del área total de la zona, perdieron su capacidad de producir nuevas coberturas vegetales y, por ende, la posibilidad de generar ingresos y empleo para las comunidades. Con la reducción del área cultivable se incrementó el precio de las zonas que no han sido afectadas, lo que hace difícil el acceso a pequeños productores.
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Este panorama, aunque desalentador y poco optimista, se convirtió en un reto para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que desde 2015 a través del Programa Oro Legal, trabaja en los seis municipios que conforman esta subregión ubicada al nororiente del departamento de Antioquia, con el fin de apoyar procesos de formalización de pequeños mineros, rehabilitar áreas degradadas y desarrollar nuevas alternativas económicas en las comunidades vulnerables.
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Esta actividad, pese a que requiere importantes inversiones (US$2.500 para rehabilitar una hectárea), se ha convertido en la mejor alternativa para devolverle la vida a los suelos a través de la recomposición de su capa vegetal y el establecimiento de actividades viables como la apicultura, la cual permite la diversificación en el uso del suelo y garantiza ingresos a corto, mediano y largo plazo a las comunidades.
Actualmente se están recuperando 1.781 hectáreas con dos millones de árboles de ‘Acacia mangium’, especie forestal que, además de adaptarse a las difíciles condiciones del terreno, ha reportado un crecimiento acelerado, fija nitrógeno en el suelo y produce abundante materia orgánica, y néctar floral y extra floral que sirve de alimentos a las abejas.
Para hacer reverdecer los suelos desérticos y dinamizar la economía, Oro Legal realizó inversiones por US$4 millones y trabajó de la mano con gobiernos locales, empresas privadas y la Gobernación, aliados que aportaron sus propios esfuerzos y recursos.
Así se recuperó el 8% del pasivo ambiental, y se crearon 324.000 jornales, que se tradujeron en beneficios económicos temporales para la población por las actividades de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. Además, se proyectó la generación de ingresos a largo plazo a 350 familias con la apicultura.
En las plantaciones ubicadas en los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá se instalaron 12.000 colmenas. En estos apiarios se han cosechado 91 toneladas de miel y se estima una producción de 380 toneladas al año cuando las colmenas estén en su pico máximo de producción, cifra que incrementará en un 25% la producción del país.
No solo las comunidades se han visto beneficiadas, sino también los ecosistemas. Según un análisis de biodiversidad desarrollado en las plantaciones de ‘Acacia mangium’ y sus alrededores (estudio realizado por la bióloga Tulia Inés Anzola ), se encontraron 33 especies de mamíferos, 71 de aves (19 de ellas dentro de las plantaciones), dos de anfibios y reptiles, libélulas y mariposas.
El gran tránsito de abejas por los territorios impactados (alrededor de 600 millones), ha incentivado la rehabilitación en las áreas donde no llegó el Programa, lo cual ha contribuido a cerrar los corredores, transformar el paisaje y servir como tránsito de la fauna.
La recuperación de suelos degradados por la minería ilegal abandonados por años, se convirtió en una experiencia de éxito replicable en otras regiones del país y del mundo. Es un modelo gana - gana, que mejora las condiciones ambientales de las áreas, mientras genera empleos rurales y contribuye con la disminución de los índices de pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.
Jorge E. Martínez Santamaría
Especial para Portafolio