Para dónde va la movilidad en las principales ciudades

Mejorar la calidad del aire, bajar la tasa de accidentes viales e implementar un sistema integrado de transporte público, son algunos de los desafíos.

Día sin carro

Se deben priorizar la renovación de las flotas de transporte público por unos de tecnologías limpias. 

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septiembre 26 de 2018 - 11:40 p.m.
2018-09-26

La movilidad de ciudades medianas y grandes en Colombia enfrenta retos que no dan espera. Tras un sostenido aumento de la motorización, las ciudades han recibido una avalancha de motos y carros para las que no estaban preparadas.

Como vamos, la inmovilidad es inexorable. Pero los problemas asociados a la crisis del transporte urbano no paran allí. La deteriorada calidad del aire de muchas de las ciudades colombianas es motivo de preocupación para los ciudadanos y en menor medida, para las autoridades ambientales y administrativas.

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Al deterioro actual de la calidad del aire en el entorno urbano han contribuido significativamente las emisiones contaminantes, provenientes de la flota vehicular, pues más de la mitad de las emisiones de PM2,5 –índice que mide las partículas en el aire– en las grandes ciudades proviene de la flota vehicular y su contribución es todavía mayor para las emisiones de otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno.

La flota diésel está mayoritariamente constituida por vehículos de transporte público, transporte de pasajeros interurbano, transporte escolar, y vehículos de carga. En ese sentido, se ha demostrado que la exposición a contaminantes del aire está asociada a enfermedades tales como infecciones respiratorias agudas, cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarías, entre otras.

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Además de ello, nuestros sistemas son fuertemente dependientes del petróleo, esto en un entorno internacional que decididamente está apostando a la descarbonización de las fuentes de energía. En el caso de nuestro país, existe el agravante de que aun si se decidiera ignorar el esfuerzo mundial por disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia cuenta con menos de 4,5 años de reservas probadas de este recurso. Sumado a esto hay otros problemas asociados al transporte en las grandes urbes: en 2017 murieron 6.499 personas en nuestras vías, de las cuales la mayoría fueron ciclistas y peatones.

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El transporte público y masivo es uno de los dos pilares de la salida a la inmovilidad. Pero siendo parte de la solución, hemos visto cómo, al no mantenerse de forma correcta, y al no cumplirse de forma estricta con los planes de renovación de flota, los sistemas masivos pueden terminar generando un fuerte impacto negativo. Por otro lado, la bicicleta, que es el otro pilar de la solución a los problemas de movilidad y calidad del aire, también se ve fuertemente afectado por la siniestralidad vial y la contaminación.

Anteriores planes nacionales de desarrollo han contemplado políticas encaminadas a solucionar estos y otros problemas de movilidad que enfrentan nuestras ciudades. Por ejemplo, en el plan vigente se pregonaba la priorización de modos no motorizados de transporte, de la implementación de sistemas masivos de transporte público, generación de sistemas integrados de transporte.

Una falencia fundamental de aquellos planes es que dejaban en un plano secundario el impacto de estas políticas de transporte sobre el entorno. Sin embargo, dada la evidencia científica que demuestra el impacto negativo de los contaminantes del aire sobre la salud, así como el beneficio que conlleva el uso de modos activos de transporte en entornos saludables, la contaminación del aire ha tomado una preponderancia.

Lo que se propone aquí es que las nuevas políticas de transporte urbano deben no solamente implementar políticas que aseguren una movilidad eficiente de ciudadanos y bienes, sino que deben estar alineadas con los compromisos internacionales, y más apremiante aún, que reconozcan y minimicen su responsabilidad en el deterioro de la calidad del aire en las ciudades grandes y medianas en el país. Así las cosas, estos lineamientos deben estar encaminadas a que la actividad de transporte de personas y carga en las ciudades estén en sintonía con las problemáticas y el contexto de escasez de vías y espacio en las ciudades, la accidentalidad, la dependencia del petróleo y la contaminación.

En ese sentido, estas políticas deben entonces priorizar la renovación de las flotas de transporte público por unas modernas, con niveles de emisión considerablemente más bajos y alta eficiencia energética. Por ejemplo, en la Unión Europea, los vehículos diésel de transporte deben contar con el estándar de emisiones Euro VI. Esta norma exige que las emisiones de material particulado sean 25 veces más bajas que las de los vehículos Euro II, muchos de los cuales todavía circulan por las ciudades colombianas transportando pasajeros. En este punto, es imperativo que se complete también la transición de sistemas descentralizados de transporte hacia unos integrados.

En segundo lugar, dados los compromisos internacionales suscritos por Colombia, debe existir en la política de transporte urbano para establecer una eficiencia energética objetivo para las flotas de transporte. Además, debe establecerse una hoja de ruta para que en el mediano plazo, sea factible la descarbonización progresiva de los modos de transporte urbano.

Además de la modernización de la flota y la migración a fuentes más limpias de energía, es imperativo revisar la sostenibilidad financiera de la operación de los sistemas masivos, integrados o estratégicos de movilidad y enfocarse que estos sistemas presten un servicio de calidad, para atraer usuarios del automóvil y la moto y así de paso combatir la informalidad que surge por las deficiencias del servicio público.

Se debe tomar en serio la bicicleta como una herramienta para descongestionar las ciudades, reducir las emisiones contaminantes, y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, esto requiere de una política seria para la construcción de infraestructura segura para los usuarios, y asegurar un entorno más limpio.

Estas políticas integrales de transporte deben ir acompañadas de una reestructuración que permita a las autoridades ambientales actuar mancomunadamente con las autoridades de transporte para imponer sanciones, o establecer restricciones al tráfico en eventos de alta contaminación.

Ricardo Morales, PhD y Álvaro Rodríguez Valencia, PhD
Profesores asistentes del departamento de Ing. Civil y Ambiental de la U. de los Andes.

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