Al igual que un inversionista natural, cuando se da cuenta que tiene activos que no lo sirven, el Estado colombiano está preparando una reorganización de su portafolio.
Para esto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), expidió la estrategia para redefinir el destino de los $70 billones que la Nación tiene invertidos en 109 empresas de diferentes sectores. “Se busca hacer una gestión de portafolio más eficiente y optimizar la generación de valor económico y social.
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Adicionalmente, se prevén acciones para impulsar la implementación de estos lineamientos”, reza el documento.
La iniciativa está planteada para ejecutar de aquí al 2020, iniciando con una tarea que tendrá el Ministerio de Hacienda y es definir esa lista de activos estratégicos y no estratégicos del Estado, “con el fin de garantizar un buen manejo de ese portafolio a cargo de la nación”, explicó Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que sacó adelante esta iniciativa.
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PARÁMETROS
De este modo, el Conpes señala que –en su concepto– las empresas estratégicas se pueden clasificar en dos grupos: aquellas que desarrollan objetivos de política pública y las que generan alta rentabilidad y son fuente de ingresos fiscales para el Estado. Lo anterior es clave, si se tiene en cuenta que, según el Ministerio de Hacienda, la rentabilidad del portafolio estatal en estas empresas fue de 5,3% el año pasado, cifra que si bien fue positiva, estuvo jalonada por aquellas firmas en las que tiene mayores ‘tajadas’. “Mientras que el retorno sobre el patrimonio de las 40 empresas donde la Nación tenía control en 2016 fue de 5,6 %, el de las 79 con participación minoritaria fue de -4,5 %”, dice el informe.
De allí que el Conpes concluyera que en el grupo de las empresas que desarrollan objetivos de política pública se podrían desprender dos: aquellas que participan en sectores estratégicos y las que buscan corregir fallas de mercado o gobierno. Mientras que las pertenecientes al ‘combo’ que le general ingresos al fisco se recomienda que se cumpla con los siguientes objetivos: tener participación mayoritaria, que el retorno sobre el patrimonio sea superior a la tasa social de descuento y que sean examinadas en detalle, en materia de rentabilidad a largo plazo.
Todo lo anterior deberá estar listo en el segundo semestre de este año, a través de un listado, el cual “deberá ser validado por la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (Caap), a más tardar en diciembre de este año y a partir del 2019, durante cada año se aplicará esa metodología”.
Lo anterior quedará en manos de una nueva entidad, cuya función será centralizar la propiedad de todo el portafolio estatal, según lo estableció otro Conpes anterior, que también indicó que dicho ente estará encargado de renovar y actualizar periódicamente estos lineamientos y recomendaciones.
LA DESINVERSIÓN
Ahora, también se tiene un plan para los casos en que el Ministerio de Hacienda defina que determinadas empresas no son estratégicas para la Nación, como actualmente sucede con Colombia Telecomunicaciones (Coltel) –razón social de Telefónica– para la cual están alistando un proceso de enajenación. El Conpes recomienda que el Gobierno salga de buena parte de las empresas donde tenga participaciones inferiores al 50%, ya sea entregándole sus tajadas a la Central de Inversiones (Cisa) o abriendo procesos de enajenación.
Sin embargo, va más allá y plantea la posibilidad de que se tramite una ley para cuando sea un 'chicharrón' salir de dichos activos: "En los casos en que se dificulte la venta de la participación, por los altos costos de transacción en relación con el valor a enajenar o a la ausencia de mercado, dado el bajo nivel de participación a ofrecer, se sugiere documentar estas dificultades para proponer una iniciativa legislativa", dice el Conpes. Pero esto no aplicaría para todas las compañías, ya que algunas podrían tener un potencial de generarle rentabilidad a mediano plazo, o cuentan con palancas de valor identificadas.
Para estas, los diferentes ministerios y Planeación Nacional deberán establecer "mecanismos para la valoración a precios de mercado por lo menos cada dos años, así como una evaluación de la situación del mercado y del interés que pueda haber por estas inversiones", agrega el documento.
A partir de estas valoraciones, se priorizará la enajenación de empresas que, a pesar de generar utilidades, tengan menores perspectivas de crear valor para el accionista en el mediano plazo.
Este plan de desinversiones tendrá que hacerse según los momentos, ya que se deberán tener en cuenta aspectos como si se pueden hacer las transacciones con las condiciones de mercado de cada momento y si los demás accionistas están de acuerdo con ese movimiento, por mencionar dos de los factores claves.
A todo lo anterior se le hará un seguimiento con cuatro cortes y un informe final, que será presentado en diciembre del 2020.
