Una misión de expertos visitó hace unos días el país para evaluar los avances del proyecto ‘Construyendo capacidades empresariales rurales: confianza y oportunidad’, el cual involucra recursos por US$70 millones del programa Fida (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), de la ONU. La intención es renegociar una ampliación del plazo, que se vence este año.
Jesús Quintana, gerente de FIDA en Colombia, cuenta por qué buscarán la extensión del tiempo y esboza otra iniciativa que traería US$35 millones más que beneficiarían también a zonas afectadas por la violencia.
¿En qué se enfoca su trabajo?
Fida no trabaja de manera separada, sino que siempre buscamos socios, como el Gobierno, organizaciones de la sociedad civil e incluso algunas empresas. En este caso nuestro intelocutor directo es el Ministerio de Agricultura, que ejecuta el proyecto con nuestro apoyo técnico y financiero.
A partir de ahí, apoyamos a todas las organizaciones creadas o por crearse que tienen un interés en trabajar para que los campesinos se formalicen o fortalezcan, porque no es posible que los pequeños productores sobrevivan de manera aislada y el apoyo sería menos efectivo. La parte que yo llamo subjetiva tiene que ver con generar confianza, que empiecen a creer en el Estado, lo cual no siempre es fácil, y una vez que eso existe, se les llega con inversiones para que avancen con sus propuestas productivas.
¿Son capitales semilla?
Son capital semilla en dos fases: una primera, para empezar, y cuando ellos demuestran madurez, que el grupo se fortalece, se entrega un segundo aporte. En total estamos hablando de $12 millones por grupo asociativo de 10 a 12 socios.
¿Ese monto para qué alcanza?
Sirve para comenzar, pero ellos también aportan, y es una muestra de la confianza que tienen en la propuesta. Después, nosotros podemos llegar con un segundo aporte, cuando la propuesta ha demostrado que avanza lo suficiente.
¿Solo pueden llegar a $12 millones?
No, son hasta $30 millones. No todas las asociaciones tienen la misma viabilidad o igual vuelo; unas, por ejemplo, buscan la seguridad alimentaria y son finalistas en el sentido de que acaban más inmediatamente con unos cultivos y producciones que pueden continuar por sí mismos a partir de tener los insumos, contactos y técnicas; pero otras pueden ser más onerosas en asistencia técnica.
Es verdad que el monto no es muy alto, pero los costos de producción son pequeños, y las asociaciones se contactan con otras entidades que les pueden dar crédito, con los programas del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia (DPS) u otros.
¿Cuánto ejecuta el proyecto?
Tenemos US$70 millones de un empréstito para cinco años. Por distintos atrasos que tienen que ver con el conflicto, tendría que haber terminado este año. Pero justamente estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en una propuesta de extensión hasta el 2019 o el 2020, porque muchas zonas no eran accesibles físicamente, por seguridad.
¿Aún hay zonas vedadas?
Ahora tenemos un despliegue territorial en todas las zonas, pero sí es cierto que en algunas es un poco más complejo, sobre todo en áreas de Arauca.
¿En qué porcentaje va la ejecución?
En un 30% en cuanto a desembolso de recursos y 25% en logro de objetivos.
De las 50.000 familias que se proponen impactar, ¿en cuántas van?
En 18.000. Los avances son decentes y se han disparado en el último periodo, pero sí querríamos es tener el espacio para llegar a las 50.000, porque no nos cabe duda de que esas familias lo necesitan y es un aporte importante a la consolidación de la paz en zonas donde muchas personas tienen tentación de hacer otras cosas, como cultivos ilícitos, irse a algún grupo armado, etc.
¿Qué otros resultados hay?
Hay mil grupos de emprendedores en los distintos tipos de proyectos. Algunos todavía tienen que consolidarse y queremos aumentarlos hasta llegar a cerca de 5.000, en los dos a tres años que estamos proponiendo.
¿Cómo asegurar que estos procesos no mueran cuando el proyecto termine?
Tenemos dos recetas: la propuesta debe ser sólida desde el principio y la asistencia técnica suficiente. La otra es pensar en cómo continuar los procesos, y ahí estamos buscando dos formas de trabajo: una es que el Minagricultura se apropie de la idea y la institucionalice como programa, y la segunda son alianzas interinstitucionales, por ejemplo, con el Sena.
¿Quién y cuándo decide la prórroga?
El Gobierno tiene la última palabra, porque debe analizar el presupuesto.
¿Es el único proyecto de Fida en el país?
En este momento estamos en discusión sobre otro proyecto ‘de nueva generación’, para apoyar la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), específicamente serían dos o tres.
¿Esto implica otro empréstito?
Nuestra forma principal de trabajo es con recursos reembolsables a intereses muy bajos, porque Fida no es un banco, sino un fondo de desarrollo. Estaríamos hablando de un aporte de US$35 millones, que servirían para la planeación participativa, que es el eje de los Acuerdos de Paz de La Habana, para que podamos llevar a cabo propuestas productivas en esos PDET, una vez estén definidas las prioridades. Tiene cierto parecido con el proyecto de capacidades empresariales, pero va dirigido a un contexto de condiciones más precarias, donde muchos no tienen una cultura empresarial ni están acostumbrados a trabajar con el mercado.
