El retraso en la ejecución de diez sistemas de transporte masivo en el país llevó a que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) ajustara los desembolsos de unos $1,5 billones.
Así se indica en el documento Conpes 3946 del 2019 que, además, actualiza los sistemas integrados de transporte masivo (SITM) y los sistemas estratégicos de transporte público (SETP), que actualmente son objeto de las operaciones de crédito con la banca multilateral.
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Estos ajustes llevaron entonces a que el Gobierno presentara este nuevo informe, con el fin de reprogramar los desembolsos de recursos y de extender el plazo tentativo de ejecución de las operaciones de crédito por un término de 24 meses, hasta el 30 de septiembre de 2020.
“El presente documento no requiere de recursos adicionales a los ya aprobados en el documento Conpes 3657, pero sí necesita la modificación en los montos asignados por los componentes”, se lee en el informe.
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Estos cambios en la normativa incluyen a los SITM de Medellín y Bucaramanga y a los SETP de Armenia, Montería, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Neiva.
Así pues, según el Conpes nuevo, “los desembolsos efectivos y programados hasta finales de 2020 (...) suman en total US$414,3 millones. En el caso de los préstamos BID, los recursos del financiamiento están disponibles hasta diciembre del año 2020 (...). Sin embargo, las apropiaciones presupuestales de los diferentes proyectos mencionados van hasta los años 2022 y 2023, lo que dejaría un saldo superior a US$55 millones, aún no proyectado y sin desembolsar”.
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Otro de los cambios hechos en el nuevo Conpes tienen que ver con la inclusión de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Umus) del Ministerio de Transporte, cuyas tareas principales serán acompañar y seguir los proyectos en materia administrativa, financiera, social, ambiental y de avance de obras. Además, le hará seguimiento a las políticas de transporte y el uso del suelo y a las políticas de cambio climático, entre otras.
La creación de este órgano responde, en buena parte, a que el Gobierno “observó una baja ejecución inicial de los recursos de cofinanciación por parte de los entes gestores, derivada de la dificultad en la definición de diseños y presupuestos definitivos, falta de las redes de servicio público en los tramos a ser intervenidos para el caso de los SETP y dificultades en los procesos de adquisición predial, debilidad institucional, entre otros”.
Incluso, por esta razón, también se le pidió al Ministerio de Hacienda, en coordinación con Planeación y el Ministerio de Transporte, adelantar las gestiones necesarias con la banca multilateral para implementar los ajustes que se requieran, de acuerdo con los plazos estimados en la programación de los desembolsos de recursos.
PROPUESTA EMITIDA POR LA ANDI PARA EL SECTOR
Durante el 8.° Congreso de Pasajeros, la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi entregó formalmente una propuesta de actualización de la regulación del transporte intermunicipal. “Es la visión de los empresarios de la Andi para que se abra la discusión con los demás representantes del sector”, comentó Hernando Tatis, director de la Cámara.
Por su parte, Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, afirmó que desde la cartera se reconoce la existencia de un exceso de regulación en el transporte municipal. De hecho, una de las propuestas de los diferentes gremios del sector al Gobierno es hacer una depuración de normas, que en algunos casos, están repetidas o se contradicen.
