Ayer el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021, que será de $314 billones, lo que representaría un incremento de 19,2% con respecto al 2020.
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Y en este documento, que marca la hoja de ruta para la recuperación el otro año, llama la atención que la inversión para el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se reducirá 87,6%, pasando de $25 billones a tan solo $3 billones.
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Otro de los datos clave que deja el proyecto de ley, que será debatido en el Congreso, es que habrá un aumento de la deuda de 41,6% y de la inversión de 23,1%.
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Según anunció ayer el Gobierno, en el PGN para 2021 se incluyen recursos por $4,3 billones para la reactivación económica. Eso forma parte de los $53,1 billones que se tienen asignados para inversión, un rubro que tendría un aumento de $10 billones con respecto al dato de 2020.
Asimismo, el proyecto determina que educación, defensa y policía, salud y protección social, trabajo, hacienda, inclusión social y reconciliación se llevan la mayor tajada de la inversión, con un total de 59%.
Ante ese plan de reactivación, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, señaló en un comunicado que “este Gobierno estaba comprometido con recuperar la senda de crecimiento antes de la llegada de la pandemia y la generación de empleo”.
Y agregó que se impulsarán los desembolsos en infraestructura, vivienda, tecnología, transición energética, transformación digital del país y economía naranja, así como otras inversiones públicas fundamentales para fomentar la actividad económica como acción contracíclica frente a los choques económicos adversos que ha generado la covid-19.
Sin embargo, en otro de los documentos que publicó ayer el Minhacienda, detallan que pese a la incertidumbre que hay por la pandemia del coronavirus, se estima que el choque “se irá mitigando en los próximos meses”.
Y más adelante, añaden que “hemos supuesto que el gasto extraordinario en materia sanitaria y de salud pública se realizará en 2020. Para 2021 se proyecta un retiro parcial y equilibrado de los mayores gastos incurridos en el presente año, aunque, como lo anunciamos en días pasados, mantendremos las transferencias de Ingreso solidario hasta junio de 2021”.
En otras palabras, los giros extraordinarios que se han hecho para atender la pandemia, que están concentrados en gran medida en el Fome, se reducirán significativamente (-87,6%) para el otro año. Cabe recordar que a través de ese fondo se adquieren los tests adicionales, hay un flujo de recursos para que los hospitales puedan aumentar la capacidad instalada y prioricen las camas en cuidados intensivos. Además, se garantizan ingresos a población vulnerable con programas como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción.
En uno de los documentos anexos, el Gobierno detalla que el presupuesto destina $13,4 billones a inclusión social y reconciliación. “Esta distribución permitirá garantizar los seis ciclos de los programas sociales Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Adicionalmente, se destinan recursos para los programas de Compensación del IVA, Primera Infancia, Colombia mayor, Protección de los niños, niñas y adolescentes y Atención humanitaria e Indemnizaciones administrativas a las víctimas”.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
En cuanto a las fuentes de financiación que van a soportar el presupuesto, el Gobierno reconoce que se estima que la pandemia afecte con fuerza las finanzas públicas, por lo que consideran hacer una reforma fiscal.
Sin embargo, para la financiación del presupuesto actual, el Minhacienda prevé obtener recursos de capital, principalmente, a través de los ingresos corrientes de la Nación y fondos especiales y rentas parafiscales, con una participación del 60%.
El resto será cubierto a través de otras fuentes como endeudamiento interno y externo. También prevén enajenar activos de la nación por $12 billones, los cuales no han sido detallados por el Gobierno.
Ante la publicación del proyecto de proyecto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que “el presupuesto sin deuda radicado hoy pasa de 20,7% a 21% del PIB. Un aumento de 0,3 puntos porcentuales, que es el neto de un aumento de 0,4 pps en inversión y una reducción de 0,1 pps en los gastos de funcionamiento. Es una razonable recomposición de las cuentas”.
No obstante, alertó por posibles riesgos que podría tener el PGN y dijo que podría limitar el espacio de gasto, pues el proyecto se basa en un crecimiento inferior al 6,6% esperado por el Gobierno para 2021, “que luce alto” y en un plan de enajenaciones por $12 billones, “que luce ambicioso”, dijo Mejía.
¿UNA REFORMA FISCAL?
Como ya lo han dicho varios economistas consultados, el país necesita varias reformas estructurales, entre ellas una fiscal y, en el mensaje presidencial publicado ayer, reconocen que es uno de los planes para el corto o mediano plazo.
“Con el fin de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, una vez superada la pandemia y analizados los impactos tanto en las finanzas públicas como en las personas, tendremos que efectuar una reforma fiscal que permita un aumento de los ingresos corrientes, una mayor y mejor focalización del gasto público y una reducción del tamaño del Estado”.
