La pandemia por la covid-19, la caída en el precio internacional del carbón y la falta de aprobaciones clave para su operación le pasaron cuenta de cobro al Grupo Prodeco, a tal punto que no le quedó más camino que suspender sus tareas en los complejos carboníferos en el Cesar.
Así, por estas razones la administración del tercer productor de carbón en el país le solicitó en días pasados a la Agencia Nacional de Minería (ANM) el congelamiento temporal de todas las actividades extractivas que desarrolla en este departamento.
“Prodeco presentó a consideración de la ANM, una solicitud de autorización de suspensión de actividades de las minas de carbón térmico Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar, de conformidad con el Artículo 54 del Código de Minas. Esta solicitud está en análisis para evaluar el cumplimiento de los requisitos de ley”, señala un comunicado de la entidad.
A renglón seguido, la nota informativa de la ANM subraya que: “Desde el Gobierno Nacional, nuestro interés es seguir acompañando estos proyectos mineros estratégicos para el país, para que sigan siendo motor de oportunidades regionales y puerta de entrada para la reactivación sostenible”.
Una circular interna de tres páginas firmada por Xavier Wagner, presidente del Grupo Prodeco, y a la que tuvo acceso Portafolio señala que las citadas razones no solo derivaron en un cambio material de la perspectiva económica del negocio en las minas Calenturias y La jagua, sino que además llevó a su administración a revaluar la operación del mismo.
“Hemos revisado nuestros planes de desarrollo minero, así como las estructuras de costos y procesos de apoyo del negocio, teniendo en cuenta el ambiente actual de los mercados. Para poder implementar estos planes se requiere obtener una serie de aprobaciones por parte de entidades gubernamentales, las cuales pueden implicar la necesidad de llevar a cabo consultas con las comunidades y otros interesados, así como la solución de situaciones derivadas de determinados procesos y decisiones judiciales”, indica uno de los apartes de la circular interna.
Y más adelante señala que, “consideramos que esta solicitud de suspensión temporal de actividades nos ayudará a proteger el valor de nuestros activos, preservando la opción de implementar los planes mineros revisados en el momento en que se reciban las aprobaciones requeridas y las condiciones del mercado hayan mejorado”.
De igual manera Wagner recalca en la circular interna, que es consciente que debido a la coyuntura significará otro período “prolongado” de incertidumbre para los empleados mientras se resuelve la situación.
“Sin perjuicio de lo anterior y hasta nuevo aviso, nuestras condiciones de trabajo actuales se mantendrán, de manera que aquellos empleados que pueden trabajar en casa continuarán bajo esta modalidad, mientras que aquellos que por la naturaleza de sus labores no pueden hacerlo, continuarán en sus hogares en aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo”, dice la nota.
Finalmente, el presidente del Grupo Prodeco deja en claro que mientras se resuelve la situación continuarán desarrollando las tareas requeridas para prevenir impactos ambientales en la operación, así como el mantenimiento y la protección de los activos, el monitoreo geotécnico, y el embarque de carbón en cumplimiento de sus obligaciones.
Cabe destacar que entre las decisiones judiciales y administrativas que tienen frenada la operación están el fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar y confirmado por el Consejo de Estado, el cual ordenó al Grupo Prodeco no desarrollar y utilizar un área para depósito de material estéril hasta tanto no se delimite el territorio ancestral de la comunidad étnica Yukpa y se defina si este territorio se traslapa o no con el área del proyecto.
La demarcación le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, la cual ha manifestado que el proceso requerirá al menos cuatro años.
Además hay pendiente una decisión por parte de la Anla a un recurso de reposición para modificar el Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU) de la Mina La Jagua, pero la entidad al mismo tiempo negó los permisos de concesión, ocupación de cauce, vertimientos y aprovechamiento forestal solicitados y requeridos para la implementación de la modificación del PMAU aprobado.
