La Contraloría General de la República adelantó un estudio a la ejecución del Programa de Formalización Minera que adelanta el Gobierno a nivel nacional, concluyendo que de las 1.050 unidades de producción minera (UPM) que deberían estar formalizadas en Grado 1 o Básico con corte al mes de diciembre, solamente 764 alcanzaron el objetivo. Esto supone un cumplimiento de 29,39% de una meta planteada en 40,38%.
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De este balance se deriva la advertencia de la Contraloría sobre los altos costos que hasta el momento ha tenido el programa, pues la formalización de esas 764 UPM le ha costado a la Nación 54.164 millones de pesos.
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De acuerdo con los objetivos del plan de formalización, a 2018 la idea es haber formalizado 2.600 UPM, por lo que en este año se deberían formalizar por lo menos 1.836 unidades, más del doble de lo que se había formalizado antes de terminar el 2017.
Por esta razón la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía señala que “es claro y evidente que se encuentran pendientes significativas acciones y esfuerzos para lograr la expectativa puesta en las metas establecidas” dentro del programa.
En cuanto al gasto que ha significado la formalización, según las cuentas de la Contraloría, cada UPM formalizada en primer grado le ha costado a la Nación 70,89 millones de pesos. Esta es una suma muy alta a juicio de la contraloría.
“Ese es un costo muy alto, más aún si se tiene en cuenta que se trata de Unidades de Producción que no tienen el Grado 2 de Minería Formal, que sería el mínimo imprescindible para considerar que el programa de formalización haya obtenido resultados reales”, indica el informe del ente de control fiscal.
Por eso, y en la medida en que el Grado 2 corresponde a la ‘Minería Formal’, “la Contraloría considera que se debe determinar un tiempo límite máximo de permanencia de las UPM incorporadas en el Grado 1, nivel en el que deben cumplir con los objetivos, actividades y metas establecidos en el Plan de Mejoramiento, para lograr su formalización que se materializa en el Grado 2”.
La Contraloría advierte que de no imponerse un límite de tiempo para alcanzar el grado 1 de formalización, se podría incurrir en el error en el que cayeron iniciativas anteriores similares, “donde el titular prefiere permanecer por tiempo indefinido sin avanzar en el cumplimiento de los requerimientos establecidos para acceder al siguiente nivel, sin que la autoridad minera tome decisión alguna”.