‘Proyecto para formalizar a los jornaleros no es suficiente’: OIT

Gobierno y empresarios defienden la iniciativa, mientras que los sindicatos se oponen.

Tierras

Se estima que hay más de tres millones de trabajadores del campo desprotegidos.

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Portafolio
noviembre 08 de 2018 - 11:21 p.m.
2018-11-08

De acuerdo con un concepto emitido por la oficina de Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el proyecto de ley 193 del 2018, que cursa trámite en el Congreso y que este miércoles fue discutido en audiencia pública, no sería suficiente para formalizar a los trabajadores del campo en el país, ni les brindaría las garantías de cobertura, en materia de protección social, que demandan los estándares internacionales.

El nombrado proyecto, que el próximo martes entrará a tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, propone crear una modalidad de contratación denominada ‘jornal único integral’ y un piso mínimo de protección social (PPS) para los trabajadores del campo.

Según el documento, el ‘jornal único’ les permitiría a los empleadores contratar a los trabajadores por días y les deberían pagar un salario de al menos $35.155 por jornal, lo que equivale a un día de salario mínimo, incluyendo el 35% de las prestaciones sociales.

Esto significa que los trabajadores, al recibir el pago, deberían hacer los aportes a pensión– equivalentes al 11% de ese ingreso–, a través del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Sin embargo, según lo manifestado por el organismo internacional, esta iniciativa no brinda garantías de protección para los adultos mayores.

“La OIT no reconoce los sistemas de ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos capaces de garantizar de manera suficiente y previsible una seguridad básica del ingreso para las personas de edad.
Estos mecanismos no respetan los principios fundamentales como el financiamiento colectivo (...). Además, se entiende que el sistema Beps tiene un subsidio muy bajo (20%), pagado únicamente cuando se accede a la edad de retiro y que para entregarlo, el trabajador rural, a menudo ya en situación de precariedad, debe ahorrar”, dice el documento.

RECHAZO A LA INICIATIVA 

En relación con esto, las centrales obreras y dirigentes de asociaciones agrícolas se manifestaron en contra durante la audiencia, pues consideran que dados los bajos ingresos de los campesinos, que usualmente están por debajo del salario mínimo, pedirles que ahorren no es una solución realista, sobre todo porque sus rentas son inestables y estacionales.

“Lo que se hace aquí es abordar los problemas sin abordar las causas. El pensamiento es que las cosas se resuelven legalizando la pobreza, este decreto se hace para decir afuera que se está avanzando, pero en el campo hay hambre, porque en estos últimos 16 años la política económica lo olvidó. Si aquí dijeran ‘vamos a dejar de importar alimentos y vamos a darle subsidios a los campesinos’, podríamos crear más de cinco millones de empleos”, señaló Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Por su parte, los representantes de los empresarios y del Gobierno manifestaron su apoyo al proyecto, pues –en resumen– consideran que este es un primer paso. “El proyecto de ley lo que hace es entender la realidad de las actividades productivas en el campo. Esto lo que motiva es un cambio, nosotros quisiéramos que en un mundo ideal llegáramos al trabajo por horas, pero por ahora esta es una buena medida. El proyecto sí dignifica porque se busca dar acceso a algo que hoy no existe”, aseguró Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

Así mismo, la ministra de trabajo, Alicia Arango, indicó que actualmente hay más de tres millones de jornaleros desprotegidos, por lo que considera que esta iniciativa es positiva.
“Una pensión de $100.000 no es suficiente, pero es peor que no tengan nada como sucede ahora”, afirmó la Mintrabajo, en diálogo con Portafolio.

PISO MÍNIMO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Los opositores del proyecto señalan que el PPS planteado no responde a lo contemplado internacionalmente, pues con la entrada en vigencia de ley en cuestión, en materia de salud, los campesinos seguirían siendo atendidos por medio del Sisbén.

“Frente a la afiliación al sistema subsidiado el asunto es en apariencia relevante pero no cambia la situación actual. En realidad, los y las campesinas dependen del régimen subsidiado actualmente ya que no suelen cotizar al régimen contributivo. Acá de lo que se trata, en cambio, es de las limitaciones y la calidad del servicio que se tiene por parte del Estado en las zonas rurales, pero nada de esto se contempla en este proyecto y es lógico que así sea”, opinó Jaime Alberto Rendón, investigador de la Universidad de la Salle.

Según la OIT, un piso mínimo de protección social debe comprender al menos el acceso a la atención de salud esencial y la seguridad básica del ingreso para las personas en todas las etapas de su vida, lo que significa que los niños deben poder alimentarse y educarse, que los adultos en edad activa que no tengan ingresos suficientes puedan subsistir (sobre todo en caso de invalidez), y que, de igual forma, los adultos mayores puedan subsanar sus necesidades básicas.

Sin embargo, el proyecto no contempla todos estos aspectos. En cuanto a riesgos laborales, en el articulado se propone la figura de los microseguros, que permitiría que se cubran accidentes, pero no contaría con la cobertura que ofrece una ARL.

En general, el temor de los detractores es que las personas que en este momento tienen contratos formales sean trasladados a la nueva forma de contratación, lo que disminuiría sus beneficios.

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