Qué dicen los decretos de corte económico y social

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó 34 decretos con fuerza de ley para materializar los acuerdos de paz. Del total de normas emitidas, seis tienen relación directa con desarrollo económico.

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“Gracias a las debidas facultades que me otorgó el Congreso para expedir decretos con fuerza de ley, las hemos usado con el máximo cuidado y la mayor responsabilidad para ceñirnos estrictamente al espíritu de la norma”, señaló el jefe de Estado, el pasado lunes, en alocución televisada.

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En su intervención, Santos explicó que durante los últimos seis meses se aprobaron tres reformas constitucionales y otras cuatro están en estudio en el Congreso de la República.

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Al hacer un balance de las normas expedidas, se refirió entre otros temas al proyecto que “formaliza la tenencia de predios rurales, garantiza la propiedad privada y da acceso a tierra a quienes no la tienen”. Otro tanto dijo sobre el decreto ley que da vida a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para “llevar los servicios del Estado a las regiones donde nunca habían llegado.

“Son inversiones escogidas con las comunidades. Gracias a ellos vamos por fin a comenzar a pagar la deuda que tenemos con el campo”, explicó.

También se encuentra el Decreto Ley que “permite que las empresas paguen sus impuestos construyendo directamente las obras que requiere la comunidad para que la infraestructura llegue más pronto”.

Santos destacó la creación de “la figura del pago por servicios ambientales para que las comunidades rurales que cuidan nuestros bosques y nuestras fuentes de agua reciban un ingreso digno que reconozca su aporte”.

Y se refirió a las nuevas normas que permitirán que más docentes calificados “lleguen a las zonas donde antes no podían”.

Por último, el Presidente subrayó que “hemos trabajado sin descanso para poner en marcha las leyes, reformas y programas que harán realidad la paz”.

Portafolio explica, los alcances de los decretos de carácter económico.

Fondo de tierras: el decreto ley expedido por el presidente Santos formaliza la tenencia de predios, garantiza la propiedad privada y el acceso a la tierra para los que la quieran trabajar pero no la tienen.

“Se distribuirán tres millones de hectáreas a 800.000 familias que nunca han tenido acceso a la tierra y se formalizará la propiedad de 7 millones de hectáreas de campesinos que no han podido legalizar sus títulos ”, explicó el presidente, Juan Manuel Santos.

Este crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; para administración harán parte de este los baldíos y las de minorías étnicas, las del Fondo Nacional Agrario y, además, podrá comprar tierras para adjudicarlas; hará posible que se ejecuten proyectos productivos. Queda pendiente, el texto de un proyecto de ley que busca simplificar los trámites para implementar la ley de tierras.

Plan rural de energía eléctrica: el Ministerio de Minas y Energía elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para Zonas No Interconectadas (ZNI), y para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La instrucción dictada por el presidente Juan Manuel Santos, en el Decreto Ley No. 884 contempla normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER).

El texto señala que se “tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones social y ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva”.

Desarrollo rural territorial: el Decreto Ley 893 crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que permitirán impulsar la presencia del Estado especialmente en las regiones afectadas por la carencia de una función pública eficaz por los efectos del conflicto.

“Se dispondrá de instrumentos para que los habitantes del campo, las comunidades y los grupos étnicos, junto al Gobierno Nacional y las autoridades públicas, construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades, de acuerdo al enfoque territorial acordado entre todos”, señaló el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Se desarollarán 16 PDET en 170 municipios para que la Agencia de Renovación Territorial (ART) dirija la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PDET en articulación con las entidades nacionales y territoriales.

Baja de impuestos a mineras y portuarios: aquellas empresas dedicadas a la minería y las concesionarias portuarias entrarán en el paquete de compañías que serán beneficiadas con rebaja de impuestos, en caso de que desarrollen obras en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Así lo estipuló el Gobierno a través del Decreto 883 del 2017, en el cual se especifica que estas obras deberán ser ejecutadas “en donde se desarrollen Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–” (ver página anterior).

La reglamentación también detalla que las empresas de estos dos sectores podrán ejecutar obras en materia de “suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación, infraestructura vial, entre otros aspectos”. Lo anterior llevará a que, paralelamente, se incremente la inversión directa en proyectos de desarrollo en las zonas más golpeadas por la guerra, por parte de grandes contribuyentes.

Para que este mecanismo se aplique, las empresas que se postulen deberán recibir el visto bueno de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y de la Dian.

Las tareas deberán comenzar en el presente año, “para completar las distintas acciones de implementación del acuerdo de paz con las Farc”.

Educación pública rural: organizar y prestar el servicio de educación pública en las zonas impactadas por el conflicto armado será otro de los frentes que comenzará a mejorar el Gobierno este año.

Esto, luego de que el presidente Santos diera vía libre al Decreto 882, en el cual se crea un concurso especial de méritos para proveer educadores en estas regiones, el cual será convocado por la Comisión del Servicio Civil.

Por su parte, el Ministerio de Educación determinará las zonas en que se llevará a cabo este concurso, en el cual serán priorizados los municipios que se incluyan en el previamente mencionado Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Es importante destacar que esta provisión de vacantes docentes, que se realizará a partir del concurso, deberá ser reglamentado por el Gobierno Nacional como máximo para finales de junio.

Aval a plan de vivienda para el campo: el Decreto Ley 890 del pasado 27 de mayo, traza la ruta para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, en línea con el acuerdo final para la construcción de la paz en el país.

La norma suscrita por el Presidente de la República y los ministros de Hacienda, Agricultura, Ambiente y Vivienda prevé la atención a población en extrema pobreza, beneficiarios del plan de distribución de tierras y a mujeres cabeza de familia, entre otros. Y agrega que aquellos pertenecientes a las FARC-EP tendrán acceso a este derecho fundamental. Otra novedad tiene que ver con los recursos. Según la norma –que establece la obligación de Minagricultura para formular el plan– se podrá combinar crédito hipotecario para viviendas sociales y prioritarias, con subsidios en dinero y a la tasa de interés, tanto para la actual línea de crédito de Finagro como para coberturas del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (Frech).