Quienes no logren pensionarse serían trasladados a los Beps

Personas que no se jubilen tendrán 6 meses para decidir si recibir el ahorro o una renta vitalicia con ese programa.

Pensión

Con corte a agosto pasado, el total de vinculados a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) era de 1,3 millones de colombianos.

ETCE.

POR:
Portafolio
diciembre 09 de 2019 - 10:08 p.m.
2019-12-09

El plan del Gobierno para aumentar la cobertura pensional en Colombia comenzará a dar sus primeros pasos desde el próximo año.

Puntualmente, en mayo del 2020 entraría en vigencia la reglamentación de un artículo del Plan de Desarrollo, que impactaría a unas cuatro millones de personas que se calcula que tienen algunos ahorros pensionales pero, de aquí al 2055, no lograrían jubilarse.

(Abecé de los Beps y los cambios que hicieron en el PND). 

La iniciativa consiste en que este grupo de colombianos decida si quiere recibir la indemnización de los saldos ahorrados durante su vida laboral o si opta por trasladarla al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

No obstante, la norma trae un asterisco, y es que si la persona se notifica ante Colpensiones o el fondo privado al que está afiliado, y pasados seis meses no toma una decisión, el Estado, por derecha, le trasladaría sus recursos a Beps, con lo cual recibiría una renta vitalicia que se fijaría según el monto ahorrado.

(Proponen revolcón de Colombia Mayor y Beps). 


Así lo dice un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo: “La Ley del Plan de Desarrollo buscó establecer un mecanismo para que estos recursos sean trasladados al mecanismo de Beps, de forma tal que sumados al incentivo económico del 20% reconocido por la Nación sobre los recursos trasladados, puedan ser empleados para la adquisición de una renta vitalicia de hasta del 85% de un salario mínimo”.

RENTA VITALICIA 

En plata blanca, esto representaría entre $700.000 y $740.000 mensuales para quienes acepten pasar a este régimen o sean trasladados.

Según el Gobierno, se pretende generar “una mayor protección a los adultos mayores, quienes en vez de recibir un pago único que puede agotarse al cabo de unos pocos años, tendrán asegurada una suma fija y permanente por el resto de su vida”.

Así, por ejemplo, si un afiliado traslada del sistema de pensiones un saldo de $82 millones, la Nación le otorgaría un subsidio de $16,5 millones (correspondiente al 20%), y con la suma de estos capitales podría obtener una anualidad vitalicia de $618.175 mensuales, según las cuentas del Mintrabajo.

Una vez la norma esté en firme, será tarea de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) establecer el método para la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, pero –en todo caso– los afiliados tendrán que recibir una asesoría de promoción de Beps si quieren recibir la devolución de sus ahorros.

Si se da el caso de que los recursos trasladados no constituyen capital suficiente para dar una anualidad vitalicia, el afiliado podría realizar los aportes requeridos para completar ese monto. Sin embargo, si no logra esto tres meses después del traslado a los Beps, la persona podría solicitar la devolución de los ahorros.

(Quienes cotizaron pero no alcanzaron su pensión aún pueden recibir un ingreso en su vejez). 


No obstante, una persona cercana al sector, asegura que “los Beps deberían ser la primera opción para la gente que no logre pensión, sin embargo, los seis meses no tienen ningún sentido, porque a las personas, en máximo una semana, le hacen la devolución de recursos. La idea es que la primera opción sean los Beps y no la devolución de dinero, pero como quedó en el proyecto, es un proceso que hubiera sido exactamente igual con artículo del PND o sin él, es más, quedó un peor escenario por el tema de los seis meses”.

Esto, en su concepto, “se debe a que las personas siempre van a preferir recibir el monto total a los Beps, independientemente de si reciben o no una asesoría adicional. Esto no tiene ningún sentido, sobre todo si se trata de más de cuatro millones de personas que no se pensionarían de aquí al 2055, pero que tienen un ahorro que les da, al menos, para recibir el Bep mínimo”.

IMPACTO FISCAL

A pesar de esto, el decreto ya se encuentra en trámite de firmas y comenzaría a regir desde el 1.° de mayo del 2020, con lo cual las entidades, públicas y privadas, tendrían hasta el 30 de abril para hacer los ajustes técnicos necesarios.

En el caso del Gobierno Nacional, la norma tendrá sí o sí un impacto fiscal, ya que la Nación aporta el subsidio del 20%. Según cuentas hechas por el Ministerio de Hacienda, si se da el caso de que la mitad de los afiliados optan por los Beps –unas 230.000 personas–, el Estado pagaría el primer año (2022) unos $230.000 millones y, cada año, la cifra subiría, en promedio, en unos $40.000 millones.

Así las cosas, a partir del 2030, el costo fiscal de la norma superaría los $600.000 millones, eso sin contar que más cotizantes trasladen sus ahorros a este programa. Esta disponibilidad presupuestal, no obstante, “está contemplada en las bases del Plan de Desarrollo”, según un documento del Gobierno.

Con corte a agosto pasado, el total de vinculados a los Beps era de 1,3 millones de colombianos.

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