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Reforma tributaria

Cambios en la tributaria 2.0 tocan al empleo, Paef y al régimen simple

El nuevo articulado que se debatirá en primer debate tiene modificaciones en relación con iniciativas para la reactivación.

Congreso y Minhacienda

José Manuel Restrepo, el minhacienda (fondo), durante la presentación del PGN.

Archivo particular

POR:
Laura Lucía Becerra Elejalde
agosto 24 de 2021 - 09:00 p. m.
2021-08-24

El gobierno nacional, los coordinadores y ponentes radicaron ayer la ponencia para primer debate del proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social en el Congreso. En el nuevo articulado, compuesto por 56 artículos, se introdujeron 25 puntos y se modificaron otros 15 ya existentes, lo que implica que 71% de la iniciativa de reforma actual vio algún tipo de cambio desde que fue radicada el pasado 20 de julio.

(Radican ponencia del proyecto de 'inversión social' para primer debate). 

Si bien el ADN del proyecto se mantiene, en el sentido de que se preservan sus principios básicos como la atención a los más vulnerables por medio de programas sociales, la austeridad en el gasto y el sostenimiento de las finanzas, la iniciativa vio varios cambios en el último mes desde que llegó al Congreso.

El grueso de los cambios se relaciona con artículos que inciden en la reactivación de la economía, el Capítulo II del proyecto, como es el caso de Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef). Allí se estableció en un artículo nuevo (Art. 42) que las cooperativas también podrán acceder a este programa. Así mismo, el Artículo 19, que contiene las disposiciones para la ampliación del programa, también vio algunos cambios, pues se modificó desde mayo de 2021 a diciembre de 2021 su cobertura, y también se abrió la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de 2022, cuando en el articulado original solo estaba contemplado hasta junio de 2022.

(Estos son los principales cambios que tendrá la tributaria 2.0). 


Otro de los cambios compatibles con este programa quedó consignado en el art. 41, que establece un apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional, un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte, según la ponencia, “corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 20% del valor del salario mínimo legal mensual vigente, una propuesta que fue impulsada particularmente por la bancada del Valle del Cauca.

“Junto al bloque regional del Valle logramos que dentro del Proyecto de Inversión Social se incluyera alivio adicional al PAEF para empresas golpeadas por los bloqueos. Empleadores tendrán apoyo del 20% al salario mínimo que favorecerá 1 millón de empleos en Colombia”, dijo el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Christian Garcés, quien aseguró que tan solo en el departamento y en el suroccidente del país alrededor de 70.000 empleadores se podrían beneficiar.

El incentivo para la creación de nuevos empleos es otra arista del proyecto que vio varios cambios con las proposiciones.

El Art. 22 del proyecto ya no solo contempla un aporte estatal equivalente al 25%de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los nuevos trabajadores adicionales que contraten las empresas, sino que también se incluye una propuesta, que fue presentada por el representante del Partido Liberal, John Jairo Roldán, de un incentivo equivalente 15% de un salario mínimo para aquellos trabajadores mujeres mayores de 28 años que devenguen hasta tres salarios mínimos.

Además, se incluyeron facultades para que el Gobierno, en agosto de 2023, “previa evaluación de los resultados del programa del incentivo a la creación de nuevos empleos, así como de los indicadores de desempleo juvenil y crecimiento económico, determine mediante decreto la extensión de este incentivo”.

Otro de los cambios notorios en el articulado tiene que ver con la ampliación del régimen simple de tributación, que permite que con una sola declaración se puedan pagar hasta 6 impuestos, con tarifas que varían de acuerdo con la actividad económica y el nivel de ingresos de las empresas, y oscilan entre el 1,8% y el 14,5% de los ingresos brutos.

Este punto ingresó al proyecto de reforma en el Artículo 43, y pasa el umbral de 80.000 UVT a 100.000 UVT (aproximadamente $3.600 millones a precios de 2021).

Frente a este punto, según el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, “se beneficiarán al menos a 400.000 micro y pequeños empresarios con una tarifa diferencial que, además, contribuye a la formalización empresarial”.

Otros puntos que destacó el jefe de la cartera de Hacienda y que entraron a formar parte del proyecto son nuevas rentas derivadas de la facilitación del pago de impuestos nacionales y territoriales. También, facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia y que hoy están en manos de la SAE, esto por medio de la introducción de cuatro artículos nuevos (Art. 35 al Art. 38).

El Ministerio destacó también la iniciativa que le entrega más facultades a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y a las entidades territoriales para que puedan facilitar los procesos de pago de impuestos a través de terminación por mutuo acuerdo, descuentos en intereses y en sanciones de morosos, conciliación contencioso administrativa y principio de favorabilidad en etapa de cobro. Este conjunto de medidas significarán recursos adicionales por $600.000 millones en el próximo año y medio.

RENTAS PERMANENTES 

Uno de los elementos que destacó el Gobierno y que incide en la meta de recaudo del proyecto es que la ponencia no modifica las rentas permanentes que se plantearon originalmente cuando el Gobierno radicó la iniciativa, y con las que se buscan recaudar $15,2 billones.

La principal fuente de ingresos, contenida en el Artículo 7 del proyecto, no se tocó, y corresponde a la tarifa de renta de 35% para las empresas, al igual que el descuento de ICA del 50%, que aportarían $10,6 billones. De hecho, a pesar de que fueron varias las proposiciones que llegaron que buscaban una tarifa corporativa diferencial para las pequeñas y medianas empresas, no se acogieron modificaciones a este artículo.

Otras fuentes permanentes que se mantienen son la meta de austeridad del gasto público, de $1,9 billones, y la de reducción de la evasión, con una meta de $2,7 billones.

PRESUPUESTO GENERAL 

El Ministro de Hacienda presentó también ante el Congreso el presupuesto para el año 2022, proyecto que había sido radicado hace cerca de un mes y que plantea para el próximo año recursos por $350,4 billones, con un crecimiento de 3,8%. Durante su intervención en el recinto, el Ministro destacó la importancia de la aprobación de la reforma para garantizar los recursos para el próximo año, pues alrededor de $2 billones provendrían del proyecto.

“Este presupuesto incorpora lo que se debería avanzar en el proyecto de inversión social en el proceso aprobatorio, supone un proceso se aprobación”, dijo José Manuel Restrepo.

Laura Lucía Becerra Elejalde
Twitter: @LauraB_Elejalde

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