El martes el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. El documento, compuesto por 235 páginas, define las líneas de trabajo en las que esta administración espera canalizar a 2026 inversiones públicas por un valor de $1.048,2 billones.
(Gobierno presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026).
La hoja de ruta del gobierno, para la cual se radicará el proyecto de ley definitivo el 7 de febrero de 2023, gira en torno a cinco ejes transformacionales, que según el director del DNP, Jorge Iván González, se identificaron como las prioridades de la ciudadanía a partir de los ‘Diálogos regionales vinculantes’ que viene adelantando la entidad desde septiembre.
Estos ejes transformadores son: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; Seguridad humana y justicia social; Derecho humano a la alimentación; Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática; y Convergencia regional.
El documento presentó un apartado que incluye el Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026, que define los usos y fuentes para los recursos con los que el Gobierno espera materializar sus metas a cuatro años.
"El primer esfuerzo que hicimos y que se presenta al final del Plan es organizar los recursos que tenemos previstos. Esos $1.000 billones que estarían disponibles para inversión, los organizamos alrededor de las estrategias del Plan, eso nunca se había presentado así, normalmente se presentaban por sectores. Lo que estamos haciendo es un primer esfuerzo para integrar los sectores en ejes estratégicos", aclaró a este medio González.
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Pese a ello, el director del DNP reconoció que dado que la estructura presupuestal del país es sectorial, "en el momento de desagregación finalmente se tienen que asignar recursos a ministerios y entidades, pero que van a estar articulados a programas estratégicos".
El gasto público contemplado para el Plan de Desarrollo equivale a 18% del PIB para los próximos cuatro años, algo que, según el Gobierno, “es consistente con la tasa de inversión de la economía que se quiere alcanzar en el año 2026”.
Según establece el documento, la principal fuente de financiación pública será el Presupuesto General de la Nación que tiene una participación del 49,3% dentro de las proyecciones del Plan. Esto sería equivalente a $516,9 billones, con recursos provenientes tanto del componente de inversión del presupuesto como de las transferencias de las diferentes carteras.
El Sistema General de Participaciones (SGP), aportaría $259,6 billones (24,8%). Estos recursos constituyen las transferencias del gobierno a las entidades territoriales para cubrir los gastos asociados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros propósitos.
Por concepto de recursos propios de las entidades territoriales el Plan proyecta $150,6 billones, mientras que por las empresas industriales y comerciales del Estado se contaría con $65,1 billones. Desde el Sistema General de Regalías se tendrían $46,5 billones disponibles para la realización de proyectos de impacto regional. Los recursos de cooperación internacional complementarían aportando $9,3 billones.
Además, las bases del Plan de Desarrollo contemplan que la inversión privada total durante 2023-2026 sea de $949,7 billones (a plata de 2022) y se espera que parte de estos recursos impulsen el cumplimiento de los logros sociales junto con el Gobierno nacional.
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En lo referente a los usos de los recursos, estos estarían distribuidos por los cinco ejes transformacionales que propone las bases del Plan de Desarrollo.
Para la transformación de convergencia regional que según el gobierno “es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país” se destinará $459,0 billones, 44% de los recursos.
El eje de seguridad humana y justicia social sería el segundo con más recursos, con $329,1 billones (31%), seguido por la transformación de ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental ($106,0 billones), internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática ($70,9 billones) y Derecho humano a la alimentación ($26,6 billones).
Además, se estiman acciones transversales que tendrían recursos por $56,6 billones.
El Plan establece también la estrategia macroeconómica 2022-2026.
El documento dice que “es fundamental que el Estado intervenga más y lo haga de manera eficiente”, que la discrecionalidad en el manejo de los ingresos y los gastos es fundamental. También se habla de que “la política monetaria debe favorecer las necesidades de financiación inherentes a la transformación de la matriz energética”, y que las decisiones de la autoridad monetaria “se tienen que coordinar con las políticas de producción y empleo.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
