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09 nov 2023 - 6:10 p. m.

Imputarán cargos a exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero

El fiscal general Francisco Barbosa se refirió a presuntas irregularidades en seis contratos de alimentación, infraestructura y asistencia logística.

Daniel Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Javier Nieto

POR:
Portafolio

Desde Medellín y horas después de que el exalcade de Medellín, Daniel Quintero, anunciara la posibilidad de ser candidato presidencial para las elecciones de 2026, el fiscal general Francisco Barbosa informó que la Fiscalía radicó solicitudes de audiencia de imputación en contra de siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares, quienes estarían involucrados en irregularidades en seis contratos de alimentación, infraestructura y asistencia logística en la administración de Quintero.

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Según señaló Barbosa, la Fiscalía cuenta con elementos que darían cuenta de anomalías en el trámite y celebración de seis contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos.

Son cuatro los procesos cuestionados por la Fiscalía, el primero es de octubre de 2020, y fue suscrito por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín con Metroparques por 5.250 millones de pesos, para el manejo de las zonas verdes de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía, en este proceso Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato.

(Lea también: Daniel Quintero se lanzaría como candidato presidencial en 2026). 

Por este caso se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.

El segundo proceso tiene que ver con tres negocios jurídicos firmados para el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas. Allí se identificaron varias anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, por un valor que llegó a 17.439 millones de pesos.

(Vea además: Luego de elecciones, algunos empiezan a prepararse para presidenciales).

En este caso se determinó que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de las cuales estaba dedicada a la comercialización de telas.

Francisco Barbosa

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.

Archivo particular

Por las presuntas irregularidades se imputarán los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos al representante del Área Metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda; y los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia.

En tercer lugar la Fiscalía se refirió a un contrato, firmado en septiembre de 2020 por Metroparques, para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín.

(También: Más de 600 denuncias recibió la Procuraduría durante las elecciones). 

Según el ente acusador, aunque el contrato debía ser ejecutado en dos meses, tuvo tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.

Por estos hechos serán imputados por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (Inder), Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.

Finalmente, el fiscal Barbosa anunció una imputación por un contrato de marzo de 2020 celebrado por la Secretaría de Educación de Medellín con la corporación ‘Colombia Avanza’, por un valor total de 20.692 millones de pesos, para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’.

En este caso se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato y aún así figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios. Esto generó un posible detrimento por valor de 1.400 millones de pesos.

En relación con estas posibles irregularidades se imputará el delito de peculado por apropiación a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica de programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya.

PORTAFOLIO
Con información de Justicia EL TIEMPO

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