Reparos de AmCham Colombia a la Ley de Financiamiento

Llamó la atención sobre tres puntos del articulado que podrían afectar, entre otros, a las zonas francas como fuentes de inversión y de empleo.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), María Claudia Lacouture.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), María Claudia Lacouture.

Amcham Colombia

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Portafolio
diciembre 18 de 2018 - 12:55 p.m.
2018-12-18

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), llamó la atención sobre tres puntos del articulado de la Ley de Financiamiento que podrían afectar la inversión en las zonas francas del país, desincentivar el desarrollo de la economía naranja y el emprendimiento y la centralización del Impuesto de Industria y Comercio, ICA.

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A pocas horas de la votación del proyecto en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes del proyecto de Ley de Financiamiento, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio, explicó que “es importante que al tiempo que el proyecto de Ley de Financiamiento garantice los recursos que necesita el país, no desestimule sectores de la economía que han generado desarrollo, atraído inversión y creado puestos de trabajo formales”.

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De acuerdo con AmCham, la eliminación del incentivo de la base gravable del IVA para ventas desde Zona Franca, con el artículo propuesto en la ley, se estarían cambiando las reglas establecidas al aplicarlo de manera retroactiva a los usuarios ya calificados en las zonas francas colombianas. “Si bien en reformas anteriores se había tratado este tema, jamás se había aplicado de manera retroactiva, para los usuarios que se instalen en zonas francas anteriores al 31 de diciembre del 2012”, precisa.

Y anota que tal norma impide que se descuente del IVA de los bienes que producidos en una zona franca colombiana se importen al país, el IVA de sus insumos colombianos que se hubieren exportado previamente a la zona franca, así como el valor agregado nacional.

“Esta teoría rompe con la integración de la producción de las zonas francas colombianas y las cadenas globales de valor, que han encontrado en Colombia un hub para fortalecer su posición tanto en la economía local como regional. Cambiar las reglas del juego a los usuarios nacionales y extranjeros que han creído en la estabilidad de un mecanismo, puede afectar las inversiones futuras y la estabilidad laboral de cerca de 300.000 empleos en el país que se han creado gracias a este mecanismo”, advierte.

Del mismo modo, recalca que es bueno que en la Ley de Financiamiento se reafirme la "neutralidad fiscal" de los inventarios que están depositados en el país para ser redistribuidos a otros territorios.

“Si bien sólo se estaba teniendo en cuenta el transporte marítimo y se desconocía el potencial de comercio electrónico transfronterizo, el cual en su gran mayoría se lleva a cabo de manera aérea, es deber del Legislativo y del Gobierno generar condiciones óptimas para generar actividades de valor agregado que a estos bienes se les pueden prestar en las zonas francas del país cercanas a estos puertos o aeropuertos”, puntualiza.

Mientras que respecto al tema del ICA, AmCham Colombia considera oportuno hacer una propuesta de centralizar el ICA, a través de un formulario único y medios de pago centralizado del mismo.

“En este sentido, proponemos que se adopte de un formulario único y centralizado, cuyo contenido no pueda ser modificado por las autoridades tributarias de los municipios. Esto en concordancia con lo ya establecido en el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016, que estableció un formulario único, que hasta ahora no ha sido adoptado por todos los municipios”, plantea AmCham.

Finalmente, advierte que el proyecto plantea una tarifa de retención del 20% para pagos o abonos por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de toda especie de propiedad industrial o know how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y software.

“Conocedores del interés del Gobierno Nacional por incentivar y apoyar la Economía Naranja y el emprendimiento, sería paradójico que la Ley de Financiamiento termine por afectar a los sectores de la economía creativa y la innovación que representa el 3,3% del PIB de Colombia y en donde difícilmente se podrá cumplir con la meta fijada por el gobierno (10%), si no se promueven las medidas necesarias para este tipo de bienes y servicios”, concluye.

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