Reviven proyecto para gravar más las gaseosas y procesados

Iniciativa crearía un Impoconsumo de entre 10% y 20% para los productos de este tipo, el cual recaudaría $1 billón. La Andi y Fenalco lo rechazaron.

Supermercado

La Andi y Fenalco enviaron conceptos al Congreso, rechazando este proyecto de ley.

Archivo particular

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Portafolio
mayo 07 de 2019 - 10:12 p. m.
2019-05-07

A las comisiones económicas del Congreso llega esta semana un proyecto de ley que, además de ‘alborotar el avispero’, busca revivir el debate de ponerles mayor impuestos a algunos alimentos de la canasta básica de los colombianos.

Por los pasillos del Capitolio han pasado decenas de articulados que tienen este fin, pero diversas bancadas políticas quieren poner de nuevo el debate en la mesa, que si bien le podría generar fuertes rifirrafes al Gobierno, también le podría dar un respiro fiscal importante al país.

La iniciativa es de origen del Partido de la U, pero este diario conoció que también tendría el apoyo de algunos congresistas de Cambio Radical, el Partido Liberal, Partido Conservador e incluso un par del Centro Democrático sobre todo porque serviría para reducir el consumo de productos como bebidas azucaradas o ultraprocesados, además de generarle rentas adicionales al Gobierno de casi un billón de pesos.

(Inicia cobro de IVA plurifásico para las gaseosas y cervezas). 


Así se detalla en la exposición de motivos del proyecto, cuya ponencia positiva para primer debate ya fue radicada, pero también tiene otra negativa, que busca enterrar la iniciativa incluso antes de que comience su trámite legislativo.

APOYO

La ponencia a favor pone en consideración aspectos como la protección de la salud de los colombianos, la reducción de las enfermedades, la promoción de alimentos saludables y la obtención de mayores recursos para el sector de la salud, como argumentos para darle vía libre al articulado.

Asimismo, afirma que de no aprobarse el proyecto “se mantendría la tendencia de los colombianos hacia la malnutrición y sobrepeso, además del incremento progresivo de enfermedades relacionadas con estas condiciones, que causan grandes erogaciones del presupuesto para atender estos padecimientos y el empobrecimiento de las familias que consumen estos productos, desatendiendo las directrices de la OMS y la Ocde”.

Para esto, proponen puntualmente crear un nuevo impuesto al consumo específico sobre alimentos “altamente no saludables”, gravando la producción y consecuente venta, o la importación de los mismos, y del cual serían responsables, además, las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común del IVA. Allí se incluyen, entre otros, concentrados, polvos y jarabes, que terminan siendo tés, energizantes o saborizantes, en tanto que se exceptúan los productos como jugos naturales, fermentos y agua de panela, entre otros.

La tarifa para estos bienes sería de 20% y su base gravable sería el precio de venta al público que certifica el Dane, similar a como sucede actualmente con el impuesto específico que pagan las bebidas alcohólicas, incluido en la ley de licores, aprobada en el 2016.

(¿Debería imponerse un impuesto a las gaseosas?). 


Pero esto no es lo único. El proyecto de ley radicado y su ponencia también incluyen un tributo adicional a las carnes procesadas y embutidos con una tarifa de 10% sobre el precio que determine la entidad estadística, “dado a que las familias económicamente vulnerables consumen estos productos y su elasticidad resulta menor”. Por último, se pretende crear un tercer componente de este impuesto, que les aplicaría a los alimentos ultraprocesados (como artículos de confitería, chocolates, galletas dulces y otros paquetes), cuya tarifa también sería del 20% sobre la misma base gravable que aplicaría a los otros bienes.

En general, todo el recaudo que se lograría iría destinado a programas de salud o agua potable, según se detalla en la ponencia positiva.

RECHAZO


Las voces en contra no se han hecho esperar. Otro grupo de congresistas, que radicó un concepto negativo y pide archivar el proyecto, señaló que la iniciativa tendría un impacto fiscal contrario a lo que se cree, pues afectaría el recaudo esperado de más de $900.000 millones del IVA plurifásico a las gaseosas, instaurado por la ley de financiamiento.

Además, agregaron que “la desaceleración del consumo que pretende el proyecto de ley 159 de 2018 afectaría directamente la estructura de costos de las empresas, comprometiendo de manera importante la dinámica de generación de empleo que se ha evidenciado. Por otra parte, esta afectación en costos sería absorbido de manera diferencial según el tamaño de las empresas”.

La Andi no se quedó atrás y, por medio de un concepto, señaló que “las industrias de alimentos y bebidas se caracterizan por una mayor participación de micro y pequeñas empresas que representan el 98,3% del total de las compañías del sector (68.052)”, que se verían impactadas directamente por la medida.

En esto coincidió Fenalco, que también emitió un concepto negativo al respecto, en el cual aseguró que “todos los actores de la cadena de producción se verán afectados por el aumento de los costos de las bebidas no alcohólicas”.

Y agregó que “si se aplicara impuesto del 20%, la utilidad neta de las tiendas se vería afectada en un 18%, lo que significa que la carga del impuesto sería en su mayoría para el tendero y solo el 2% se traslada al consumidor”.

Según sus cuentas, este nuevo gravamen llevaría a que el consumo caiga en cerca de 12%, lo cual crearía una desaceleración tanto del sector de bebidas y alimentos, como del consumo de los hogares, dos de los principales pilares del crecimiento de la economía.

Serán ahora los parlamentarios quienes den el veredicto –entre esta semana y la otra– acerca de si les parece conveniente o no seguir con este proyecto, que sin haberse discutido, ya ha levantado ampolla.

DESTINACIÓN DEL RECAUDO 

El recaudo esperado por este impuesto al consumo específico es de $1 billón, que se repartiría en cinco partes. El primero, de $250.000 millones, iría al Sistema de Seguridad Social en Salud, con el fin de invertir en programas de prevención en salud.

El segundo, de esa misma cifra, sería para el mismo objetivo, pero se invertiría en los departamentos.

El tercero, también por $250.000 millones, iría a esos programas pero de municipios y distritos. Los $250.000 millones restantes serían para programas de agua potable: la mitad para los departamentos y la otra mitad para los municipios y distritos.

Sebastián Londoño Vélez
En Twitter: @SLondonoV

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