Sobre tributos y tribulaciones

El problema en Colombia es cada vez más grave, ya que seguimos sosteniendo una base industrial sobreamortizada, con una estructura anacrónica.

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Si por algo no se desarrolló la industria en Colombia fue por la sobreprotección y el pánico de asumir procesos de ‘destrucción creativa’.

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diciembre 04 de 2018 - 10:14 p.m.
2018-12-04

Con todo lo que estimo a Jimmy Mayer, como amigo, persona y empresario, no puedo abstenerme de decir que, por algunos de los pronunciamientos que hace en un interesante artículo en Dinero, no deja de tener saudades de rentista de la protección al interior de un mercado cautivo.

Si por algo no se desarrolló la industria en Colombia fue por la sobreprotección y el pánico de asumir procesos de ‘destrucción creativa’, lo que ha precluido su dinámica de competitividad real (la que emana de crecimiento sostenido de la productividad de factores).

Cada año que pasa desde que, hacia los años 20 del siglo pasado, se inició en el país el proceso de industrialización, el problema en Colombia es cada vez más grave, pues seguimos preocupados por continuar sosteniendo una base industrial sobreamortizada, con una estructura no solo obsoleta y no competitiva (carente de foco en la microespecialización y la necesaria articulación a las cadenas productivas globales), sino anacrónica (posicionada en actividades industriales y productos que poco tienen que ver con cómo y en qué se está generando la oferta y la demanda de valor en los países que lideran el desarrollo industrial a nivel global, al igual que los que lideran la dinámica de consumo).

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El apoyo estatal al desarrollo de las actividades productivas no se debe basar en la escogencia de ‘potenciales ganadores’ (sectores y/o actividades productivas) para efectos de proveerles apoyos especiales de diferente índole, sino, en promover un clima estable de negocios para que los emprendedores identifiquen y desarrollen, por su cuenta y riesgo, oportunidades de negocios y de inversión.

Debe, sí, el Estado, de forma continua y sostenible, a través de los distintos gobiernos (algo que no se ha dado), proveer entre otras cosas: a) una oferta de servicios de educación y salud que garantice, de forma permanente, la adecuada disponibilidad de capital humano requerida para el desarrollo productivo en condiciones de libre competencia; b) la adecuada oferta de infraestructura de transporte y comunicaciones, requerida para aprovechar al máximo las ventajas, tanto comparativas como competitivas con que se cuente a nivel de la base productiva; c) seguridad jurídica a todo nivel, al igual que la provisión de ‘justicia justa’ y oportuna; d) estabilidad macroeconómica, y e) en conjunto con la junta directiva del Banco Central –cada uno en el campo de su competencia, pero operando de manera armónica– una política fiscal, cambiaria, monetaria y crediticia, orientada a minimizar los riesgos inflacionarios y deflacionarios.

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Para completar el panorama en cuanto al sector industrial, a nivel mundial se está en un momento en el cual se viene revaluando el paradigma clásico de la teoría del desarrollo económico, según el cual este se genera a través de etapas secuenciales, de las cuales la industrialización es la ‘etapa climax’. Entidades como el FMI reconocen que para desarrollar una economía no es esencial pasar por la etapa de la industrialización, dado que hay formas alternativas de maximizar la generación de valor agregado que se acomodan más a las ventajas comparativas de ciertas economías y a su posibilidad da acceder a ventajas competitivas.

Este, probablemente, es el caso para Colombia en lo que hace, entre otras, a la agroindustria, comercio,servicios y ‘economía naranja’ (i.e. producción y comercialización de bienes y servicios culturales).

En lo que atañe al comercio exterior, para efectos de propiciar que, sin ningún prejuicio, se expresen en la base productiva las ventajas comparativas que, efectivamente, se tengan en el país para la producción de bienes y servicios, es fundamental que, en el contexto de una tasa de cambio flotante, el arancel, además de ser universal, sea neutro, es decir, conformado por una tarifa única que afecte la totalidad de los bienes y servicios.

La tarifa arancelaria única debe fijarse con el criterio de, teniendo en cuenta la óptica e intereses de la población consumidora del país, establecer un nivel de protección a la producción nacional de bienes y servicios que no supere el máximo nivel de ineficiencia considerado tolerable para la producción local con respecto a los estándares internacionales.

En relación con los comentarios hechos en materia de la ley de financiamiento, tendría para decir que sin que lo fiscal sea un campo de mi conocimiento, me matriculo en una estructura de pensamiento que resumiría, así:

1.Un principio básico de cualquier régimen fiscal que merezca respeto es aquel en el ‘todos en la sociedad deben poner’, entre otras razones porque, a partir de allí, se aprende que el Estado no tiene recursos distintos a los que le generan sus personas naturales y jurídicas a través de la tributación (en general, las empresas estatales si algo son es destructoras de valor), lo cual es fundamental para desarrollar en la ciudadanía, entre otras cosas, sentido de responsabilidad con: a) las demandas que hacen a los gobiernos: b) con respecto a las prioridades de gastos del Gobierno: c) a hacer accountables a los gobernantes, y d) en cuanto al control social de la corrupción .

2.De lo anterior se colige que los impuestos deben ser universales, con el complemento de que para maximizar los recaudos (que son el objetivo básico y único que debe tener el ámbito fiscal –no soy de la idea de que al mismo hay que fijarle otro tipo de objetivos, en particular los redistributivos, que deben alcanzarse a través de la estructura y eficiencia del gasto del Gobierno, orientado hacia la adecuada provisión de bienes y servicios públicos de toda índole–), es fundamental apoyarse en estructuras de tarifa única, eficientes para minimizar evasión y elusión, sin espacio para excepciones o exenciones.

3.Esto último, conlleva a que la estructura tributaria ideal, además de universal, debe ser neutra.

4.En lo relativo a tributación de las personas jurídicas vis a vis a la de las personas naturales, soy de la idea de que: a) la estructura tributaria debe promover tanto la inversión de capital fresco como la reinversión de utilidades, para lo cual el impuesto de renta debe tener tarifas consideradas normales por estándares internacionales (entre otras cosas, para propiciar la vinculación de capital y tecnología externos), que, hasta donde llega mi limitado conocimiento al respecto, se ubican en el rango del 20 al 25%; b) en razón de esto, tiene lógica gravar la distribución de dividendos, y pienso que también la remisión de utilidades al exterior; c) igualmente, la estructura tributaria debe promover el ahorro privado, razón por la cual considero lógico el establecimiento de impuestos al consumo, más que impuestos al valor agregado, que cabe interpretarlos como un desestímulo a la productividad.

5.A su vez, la estructura impositiva debe basarse en un grupo mínimo de tributos adecuadamente seleccionados en función de su potencial de recaudo y con tarifas calibradas, en términos de estimular los recaudos, en vez de desestimularlos (adecuada elasticidad de los ingresos tributarios).

6.Como consecuencia de todo lo anterior, el llamado Estatuto Tributario debe ser un código simple, accesible en su comprensión y alcance a todo ciudadano, de forma que para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales no requiera asesores.

7.Considero inconducentes los tributos de destinación especifica (ear marked), en particular, por la inflexibilidad que le introducen a la asignación del gasto público; el dinero es fungible y es en la tarea de asignación del gasto en la cual se debe hacer el direccionamiento de los recursos que se aúnen a través de la tributación de personas jurídicas y naturales, atendiendo de manera estricta, dependiendo de la situación vigente en cada ejercicio presupuestal, a sanos criterios y prioridades de distribución, aplicables en el marco de criterios de escasez.

8.El criterio redistributivo debe ocupar un lugar preponderante en las prioridades con que se ejecute el proceso de asignación del gasto público, y en este contexto, tanto devolución de impuestos a las personas de bajos ingresos contemplada en la ley de financiamiento, como las transferencias presupuestales dirigidas a apoyar los ingresos de las familias menos pudientes en la sociedad (algo que considero esencial en materia de política redistributiva), no forman parte del universo tributario, sino del gasto público (Presupuestal).

9.Es conducente desde el punto de vista redistributivo el apoyo presupuestal a las familias de bajos ingresos,
hecho de manera controlada y vinculado a condicionamientos de activa participación productiva en la fuerza laboral, o, como mínimo, orientado a estimularla; no es socialmente conducente efectuar trasferencias de recursos que apoyen el marginamiento de las personas de la actividad productiva, y menos aún la corrupción que conlleva recibir este tipo de recursos y subrepticiamente estar, por otro lado, recibiendo ingresos que harían perder la elegibilidad para recibir el apoyo presupuestal.

10.Por el contrario, buscando estimular que las personas se mantengan productivas al máximo (algo que según el World Economic Forum, en algunos países que vienen estimulando la permanencia en la actividad productiva de las personas de 60 años y más, evidencia aportes de estas cohortes al crecimiento del PIB de sus respectivos países, los cuales alcanzan órdenes de hasta el 30%), es conducente que se establezcan incentivos, tanto a la demanda por este tipo de fuerza laboral, como a la activa oferta de trabajo de la misma, a los cuales cabe ser elegible solo, siempre y cuando, el trabajador no haya hecho efectiva su jubilación (obviamente en el entendido de que por esta vía le resulta viable y sostenible obtener un flujo de ingresos superior al que tendría por lado de la jubilación).

11.Una población que empieza a envejecerse, como ocurre con la colombiana, y que además de contar con un pasivo pensional casi que imposible de dimensionar e inequitativamente distribuido, en lo que hace a los beneficiarios, cuenta también, hacia el futuro, con la carga que representa el excesivo endeudamiento público del país, no pueda darse el lujo de operar bajo un “falso sentido de economía del bienestar”, pues, injustamente, con una alta probabilidad, condena a sus herederos a soportar una inevitable crisis de agudas proporciones.

12.Lo anterior, entre otras cosas, ayuda a crear una vía complementaria a, la muy necesaria, de aumentar la edad de jubilación de manera indexada con los cambios en las expectativas de vida de la población.

A la luz de estos parámetros de referencia, el proyecto de ley de financiamiento, originalmente preparado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, para ser sometido a la consideración del Congreso por el gobierno del presidente Iván Duque, representaba un avance con respecto a lo que se tiene hoy como Estatuto Tributario, así quedaba espacio para los honorables congresistas haber introducido avances en aspectos sustantivos. No obstante, de lo que se conoce hasta el momento, cabe decir que el proyecto en cuestión ha experimentado tal nivel de deterioro que haría bien el Gobierno en retirarlo y dedicarse a: i) realizar un ejercicio integral de racionalización del gasto público, introduciendo, además, la práctica de ‘Presupuestos de Base Cero’; ii) preparar y socializar adecuadamente, una reforma estructural en materia tributaria, a ser sometida a consideración del Congreso en la próxima legislatura.

Por otra parte, siguen pendientes, por parte del Gobierno, las asignaturas correspondientes a la racionalización del gasto público, las relativas a la eficiencia en su ejecución y al eficiente control a la corrupción. Con respecto al tema del balance rural/urbano, creo que al país le hace gran falta, entre otras:

1.Crear adecuadas condiciones de bienestar urbano, a todo nivel, en los pequeños poblados aledaños a las zonas rurales con significativo potencial agronómico y/o agrológico.

2.Maximizar la conectividad de estas zonas rurales con potencial agronómico y/o agrológico, con la estructura de puertos y aeropuertos, al igual que con los centros urbanos de primer y segundo nivel en el país (en materia de infraestructura de transporte y comunicaciones, incluidas la telefonía celular y la internet).

3.Resolver adecuadamente la inseguridad jurídica en materia de propiedad, tenencia y explotación de las tierras, al tiempo que utilizar los terrenos sujetos a procesos de extinción de dominio y los baldíos que disponga la Nación, para dotar de parcelas en propiedad a los campesinos sin tierra y propiciar la pequeña y mediana producción, articulada a una agroindustria competitiva.

4.Eliminar las UAF como improcedentes en la óptica productiva o, en el peor de los casos, reducirlas a lo que fuera su concepción original hacia principios de la década de los años 60, a saber: instrumento para establecer el límite máximo de área a la que podía ser elegible por parte del Estado un beneficiario de la Reforma Agraria.

5.De manera complementaria, cabe propender por desarrollar con criterio de sostenibilidad, una industria de servicios turísticos de índole ecológico, de primer nivel.
Lo anterior lo compilaría en un concepto: se requiere una agresiva dinámica de ‘Rur-Urbanización’.

Óscar Marulanda Gómez
Exdirector de la junta directiva del Banco de la República

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