Si bien uno de los grandes retos del país es la reducción de la pobreza, tampoco es menos cierto que otro frente que se debe enfrentar en el país es el desempleo que corre en paralelo. Por ello Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad Social, insiste en que reducir la pobreza por la generación de un empleo digno que garantice el crecimiento en el tiempo. La funcionaria habló con Portafolio.
¿Cuál es el principal reto de Prosperidad Social?
Somos la entidad del Gobierno responsable del diseño, la coordinación y la implementación de políticas públicas para la inclusión social y la superación de la pobreza en el país. El reto es lograr que con el trabajo articulado y la corresponsabilidad de los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional que podamos retomar el ritmo de reducción de pobreza que se venía ralentizando desde 2014.
¿Qué cambios hacen para cumplir con las metas de superación de la pobreza?
El diseño y la implementación de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Esta es la estrategia central y la guía de las acciones institucionales de Prosperidad Social. Es también una de las estrategias -y uno de los ejemplos- principales del ejercicio de articulación para superar pobreza y alcanzar equidad que se coordina desde la Mesa de Equidad, presidida por el presidente, Iván Duque.
La política social que encabeza la Ruta apunta a la doble inclusión -social y laboral- en todo el territorio, considerando la relación de los hogares pobres y vulnerables con los mercados de trabajo y otras fuentes de ingresos.
Estamos trabajando por generar las condiciones necesarias para que la población en pobreza y pobreza extrema desarrolle su potencial productivo, entendiendo las dinámicas diferenciadas de cada región y comunidad. Rediseñamos programas como Familias en Acción, en sus condiciones de permanencia y salida y en su cobertura (la meta del cuatrienio es tener 2,4 millones de hogares beneficiados). Allí diseñamos un nuevo modelo de verificación en salud.
¿La Ruta ya se está implementando?
Sí, iniciamos con la Estrategia Unidos como puerta de entrada de la Ruta para la superación de la pobreza con un piloto en 77 municipios de Córdoba y Nariño. Esto nos dará los insumos para ajustar la Ruta. Y la integralidad que esta propone se está materializando, por ejemplo, en la vinculación de más de 58.030 hogares de la Red Unidos a Familias en Acción que recibirán su primer incentivo en el primer bimestre de 2020.
¿Cuáles son las metas del cuatrienio?
Reducir la pobreza monetaria de 26,9% en 2017 a 21 % en 2022 (2,9 millones de personas menos en pobreza). Reducir la pobreza extrema de 7,4 % en 2017 a 4,4 % (1,5 millones de pobres extremos menos). Y reducir la pobreza multidimensional de 17 % en 2017 a 11,9 % en 2022 (2,5 millones de pobres multidimensionales menos).
Con metas de superación de pobreza específicas para las zonas rurales: reducir el índice de pobreza monetaria rural de 36 % en 2017 a 28,9 % en 2022 (800.000 personas menos en pobreza). Reducir el índice de pobreza extrema rural de 15,4 % en 2017 a 9,9 % en 2022 (600.000 personas menos). Y reducir el índice de pobreza multidimensional rural 36,6 % en 2017 a 33 % en 2022 (600.000 personas menos).
¿Hasta ahora que han logrado?
Diseñar la Ruta para Superación de la Pobreza. Y tenemos victorias tempranas que venimos sosteniendo y ampliando. Por ejemplo, en infraestructura social reactivamos 1.010 proyectos pendientes de ejecución en 29 departamentos por un valor de $1,89 billones; finalizamos 184 proyectos de infraestructura social por $406.185 millones y 48 de mejoramientos de condiciones de habitabilidad por $29.277 millones y 5.526 hogares con mejoramientos por $39.760 millones.
En inclusión productiva atendimos 47.080 hogares (retornados y reubicados) con el programa Familias en su tierra, con una inversión de $393.610 millones en 119 municipios de 24 departamentos.
Estamos atendiendo 23.800 hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas, con una inversión de $151.728 millones en 41 municipios de 12 departamentos.
Capitalizamos y brindamos asistencia técnica especializada a 468 organizaciones comunitarias para fortalecer su actividad productiva con una inversión de $23.091 millones en 217 municipios de 25 departamentos.
Este año se han entregado incentivos para aportar a la salud y a la educación de 3.754.513 niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza o vulnerabilidad con nuestro programa Familias en Acción.
Con el programa Jóvenes en Acción aumentó su cobertura en un 100%, entendiendo que la educación es una dimensión fundamental para superar pobreza. Alcanzamos más de 230.000 inscritos, llegando a 1.102 municipios del país, ampliando los convenios con instituciones de educación superior para que no solo los jóvenes que habitan en zonas rurales puedan beneficiarse del programa, sino los que viven en zonas urbanas.
En cuanto a obras de infraestructura social ahora las orientamos a la infraestructura productiva: centros de acopio, plazas de mercado, placa huella productiva, para que los participantes de los programas, que reciben apoyo para sus productos productivos, puedan generar ingresos sostenibles que les permitan superar su condición de pobreza.
Uno de los programas más conocidos es Familias en Acción, que es también uno de los más controversiales,¿Cómo se puede defender su existencia?
Familias en Acción es un ejemplo de lo que ha sido el avance de la política social durante los últimos 19 años. Desde 2000, este programa de transferencias monetarias condicionadas ha aportado al derecho a la educación y la salud de millones de niños y jóvenes pertenecientes a los hogares que han estado vinculados desde entonces.
Actualmente acompaña a unos 2,4 millones de familias, después de haber sido escalado hasta convertirse en un componente fundamental de la estrategia de superación de la pobreza.
Ahora tenemos los resultados de esa evaluación de impacto de Familias en Acción. Son datos que muestran su importancia y clarifican sus elementos de mejoría. En cuanto a reducción de pobreza la evaluación encontró que Familias en Acción reduce en 4 puntos porcentuales la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza monetaria (es decir que esté por debajo de la línea de pobreza con ingresos de $257.433 per cápita).
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