La Cámara de Servicios Legales de la ANDI, CSLA, fue creada en 2006 con el fin de reunir en una instancia gremial a las más prestigiosas firmas de abogados del país. Su presidencia se rota anualmente entre los miembros, y desde agosto pasado, al finalizar el exitoso período de Paula Samper, de la firma Gómez Pinzón, quedó en manos de Adriana Zapata, socia directora de Cavelier Abogados.
Portafolio conversó con ella sobre los logros alcanzados por la CSLA y sobre los retos de esa importante instancia gremial para el período que comienza.
¿Cuál es su plan de trabajo al llegar a la presidencia de la CSLA?
Nuestra agenda marca la continuidad de los proyectos que ya venían en marcha y que fueron impulsados por presidentes anteriores. Ahora bien, específicamente para esta presidencia que comienza, propuse un plan de trabajo que apunta a fortalecer la innovación al interior de las firmas de abogados.
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Queremos sensibilizarlas alrededor de este tema, teniendo en cuenta que afecta tanto a los clientes actuales o potenciales de las firmas, como a la manera en que se ejerce la profesión, que está muy marcada por los cambios tecnológicos y por la transformación de la cultura organizacional.
Hoy, cuando se habla de economía naranja y de dar impulso a la creatividad como un factor de crecimiento económico, vemos un ambiente ideal para la innovación en el ámbito de los servicios jurídicos.
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Tanto las firmas pequeñas como las más grandes, tienen aquí una oportunidad. Uno de los proyectos que he propuesto se llama justamente “Diálogos de innovación”, y con él queremos poner en contacto a los líderes de innovación del país y a las firmas de abogados, para que tengamos un espacio de reflexión y de intercambio de conocimientos.
También hay temas de coyuntura, como el acercamiento al nuevo gobierno y todo lo que viene en materia de reforma a la justicia. Un tercer punto tiene que ver con temas propios de la evolución de la CSLA y su reglamento de funcionamiento, pues el número de miembros ha venido creciendo de manera importante. Inicialmente eran sólo 8 miembros y hoy ya somos 32. Por último, está el tema de compliance para firmas de abogados, otra de las incitativas a abordar.
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¿Podría ampliar más este último punto?
El compliance se ha convertido en un requerimiento para todas las empresas colombianas, incluidas las del sector de servicios jurídicos.
De hecho, el ingreso a la OCDE ha elevado los estándares de cumplimiento del sector empresarial y las firmas de abogados son requeridas igualmente en términos de habeas data, sistemas de gestión para la prevención del lavado de activos, y en temas de ética o en las medidas anticorrupción.
Todo esto, que viene de los sectores financiero y real, ya está siendo adoptado por empresas de servicios de los cuales, los jurídicos no son la excepción.
La CSLA también ha venido adelantado un trabajo importante en el marco de la Alianza del Pacífico. ¿En qué va este asunto?
En efecto, la Cámara ha venido desarrollando un importante trabajo de intercambio de información con colegios de abogados, para evaluar el avance y coherencia de los sistemas legales que impactan la integración.
Ese proceso seguirá, pero a mí me gustaría que pudiéramos profundizarlo buscando que abogados de las firmas que pertenecen a la CSLA puedan hacer una especie de rotación en firmas de la Alianza, y que así mismo, abogados de las firmas de países miembros vengan a Colombia.
Todo esto, para lograr un contacto mucho más directo en los temas jurídicos y de negocios a nivel regional, por ejemplo, aquellos relacionados con el comercio exterior, tributario, migratorio y de circulación de profesionales.
Este tipo de intercambio ya lo hemos tenido al nivel de los estudiantes y pasantes, pero queremos hacerlo también a nivel de profesionales.
Ampliemos el tema de reforma a la justicia. ¿Qué esperan desde la CSLA?
Queremos tener un rol activo como stakeholders en ese debate, que es fundamental para el fortalecimiento de la administración de justicia, y ofrecer todo nuestro conocimiento a las autoridades involucradas.
Aquí hay muchos temas relevantes como son el ejercicio de la profesión de abogado y los órganos que deberán disciplinarlos. El aspecto ético y la formación integral de los profesionales del derecho también son fundamentales.
Hablemos de un tema crítico: la inseguridad jurídica en el país…
Esta es una preocupación recurrente en las firmas de abogados y dentro del empresariado colombiano.
Hablamos mucho de inseguridad jurídica, la sentimos y la damos por hecha. Pero lo que quisiéramos con un proyecto específico que se llama “Laboratorio de seguridad jurídica”, es ponerle nombre y apellido a esos problemas puntuales de inseguridad, identificando los casos concretos en que se genera, y en la medida de lo posible, aportando alternativas y soluciones, para lo cual esperamos contar con el apoyo de distintos grupos de investigación de las universidades del país.
Además de diagnosticar o identificar, podemos servir de puente con las facultades de derecho y distintos centros académicos en el propósito de aportar salidas. Ahí tenemos un gran reto.
Desde luego, todos los aportes y hallazgos serán compartidos con las instancias públicas y autoridades involucradas en la solución del problema. Con esto buscamos que la inseguridad jurídica no se quede en las denuncias, sino que también haya aportes desde las firmas y desde la academia para resolverlas.
