Tras seis años al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade está a 48 horas del ‘examen’ más difícil en su vida profesional.
El jueves, la Fiscalía General le imputará el cargo de interés indebido en la celebración de contratos, por supuestamente estar involucrado en el caso Odebrecht.
A propósito de esto, el expresidente de la ANI ha recibido numerosos espaldarazos de gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la Andi, e incluso, más de 60 empresarios de este último firmaron una carta, dándole “su respaldo y apoyo incondicional”, y defendiendo su gestión gubernamental.
Sobre este y otros temas, Andrade habló con Portafolio.
Usted estaba en la prestigiosa firma de consultoría McKinsey, entonces, ¿cómo llega al sector público?
Veníamos trabajando asesorando al Gobierno y en mi último año allí me ofrecieron transformar el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (Inco) en la ANI, con lo cual vi que era una oportunidad de hacer algo importante por Colombia.
Y, en retrospectiva, creo que se logró mucho y valió la pena haberle metido todo ese esfuerzo, porque hallamos un modelo de operar como país para construir los grandes proyectos de infraestructura.
Una cosa es la satisfacción institucional y otra la personal. ¿Cómo va en esto último?
Es muy difícil porque estoy acusado e investigado, y teniendo que responder por un millón de cosas. Eso desilusiona y genera tristeza, y ojalá el país piense bien sobre estos temas, ya que lo que necesitamos en Colombia es atraer ejecutivos con experiencia a cargos gerenciales de las principales entidades, pues solo así el Estado será eficiente y logrará objetivos.
Y es que estar cerca al sector público es un factor de altísimo riesgo; nuestro esquema de gobierno lo ha elevado mucho.
Dentro de lo mucho que se ha dicho, ¿qué es lo que más le ha dolido?
Lo más duro es que lo acusen a uno de corrupto, eso duele mucho, porque es absolutamente lo que no soy. He recibido manifestaciones de apoyo de gremios como la CCI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), y de todos los que tratan en el día a día con la institución.
En retrospectiva, ¿habría hecho algo diferente?
Es muy difícil hacer esto y ver que se pudieron haber evitado cosas, pero también debe uno situarse en el momento y ver cómo se tomaron las decisiones.
Por ejemplo, Odebrecht es considerada la empresa más corrupta de América Latina, pero hace unos años era la firma ejemplo de llevar grandes y complejos proyectos. Incluso, cuando consideramos la adición Ocaña - Gamarra era el mejor concesionario frente a su desempeño.
Ahora, en cuanto a las relaciones con políticos es una obligación de uno como funcionario trabajar con congresistas, gobernadores, alcaldes, porque es la única forma de lograr las cosas. En el futuro seré más cauto, pero hice lo que había que hacer.
¿Qué tan grave es la sombra que se ha tendido sobre el sector, de cara al futuro?
Acá debemos hablar que lo que ha pasado en Colombia es un ejemplo a seguir para toda la región, no solo en contratación de concesiones, sino de obra pública. Hoy en día es muy difícil que una licitación sea manipulada, criticada o demandada. Incluso, todas las asociaciones público - privadas (APP) adjudicadas han sido aplaudidas, y eso es porque las reglas de juego son robustas y tenemos que seguir mejorando.
Obvio, cuando surgen temas como Odebrecht, se tiende a enlodar todo lo demás que se ha hecho, pero vale tener en cuenta que muchos de estos temas son viejos y datan de hace ocho o diez años, entonces –contrario a lo que se piensa–, el sector en las grandes obras a nivel nacional hoy es mucho más transparente y eficiente de lo que era antes.
Más de $40 billones suman las concesiones que ha adjudicado la ANI y no tienen ni una sola demanda por parte de los perdedores, y en el Invías es igual.
¿Cuál es el mensaje para que no se pierda ese legado institucional?
Debemos iniciar un proceso de cambio de cómo se administran o gobiernan las principales agencias o institutos, para que los cambios sean duraderos. Por ejemplo, ISA y Ecopetrol dan mucho valor en términos de valoración de las acciones por el buen manejo administrativo de las entidades.
Eso se puede aplicar también a la ANI, el Invías o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y para lograrlo se deben tener esquemas de gobierno corporativo mucho más sólidos, es decir, elegir con rigor miembros de las juntas, al director y la principal línea de gerencia. Acá debe haber un sistema de control de gestión parecido al de una empresa listada en bolsa. Ese es un cambio que quedó pendiente en la ANI.
Ahora, es vital consolidar este tipo de logros, porque si no, las cosas son frágiles y en un siguiente gobierno llega otro partido que puede optar por el clientelismo, o por ajustar algunos procedimientos y, en un par de años, eso que se construyó se puede perder.
Es evidente que el país necesita mantener el esfuerzo a largo plazo...
Sin duda. En los planes maestros de infraestructura que se hicieron queda claro que tendremos mejoras grandes en los próximos cinco años, en la medida que se terminarían todas las 4G. Si embargo, para que Colombia sea líder tomará 20 años, y no hay forma de hacerlo en menos tiempo.
¿Ese esquema que plantea es posible, aun cuando las posibilidades fiscales del país se han reducido?
Creo que sí, porque cuando llegó el ministro Cardona vimos el portafolio de los proyectos que estaban pendientes y la gran mayoría no requieren mucho aporte fiscal. Por ejemplo, en Bogotá, el nuevo aeropuerto y las ampliaciones de la autopista Norte y la carrera 7.° se pueden hacer así.
¿Qué hay de cierto en la percepción de que la locomotora de la infraestructura está parada por los ‘coletazos’ de la Ruta del Sol 2?
Lo que podemos ver es que en el primer semestre del año se invirtió 55% más que en el mismo lapso del año pasado, y no creo que haya un solo sector que pueda replicar esto. Entonces no es cierto que esté parado, pero sí hay algunas dificultades.
Por ejemplo, concesionarios que hoy deberían tener cierres financieros, están construyendo con capital propio o créditos puente, y está tardando más el proceso de cerrar, pero en general, hoy se está construyendo como nunca.
Ahora, en cuanto a obras civiles hay otras ramas que ya no están creciendo tanto como la minería, que le aportaba mucho al índice, pero tuvieron que reducir su presupuesto. De allí que su variación esté por el 3%, pero si fuera solo por inversión en infraestructura de transporte, los números serían más altos.
Y en cuanto a consultas previas, ¿realmente están entorpeciendo los proyectos?
De los 31 adjudicados, cinco han sufrido retrasos por esto, que no es tan grave. Sin embargo, sí preocupa que estén concentrados en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño y La Guajira, que son algunos de los que tienen más zonas con altos índices de pobreza.
Por esto, es vital que se legisle pronto, que se definan reglas claras con relación a las consultas, porque ya tuvo un efecto grande en minería, aun cuando en vías no lo ha sufrido. Y es que al final del día a todos les interesa que se construyan las carreteras.
Aún así, hay atrasos y por eso la ley de consultas es vital, pero tampoco se trata de satanizar la consulta. Por ejemplo, en Antioquia tuvimos muchos procesos, pero hoy no hay ningún proyecto frenado; se trata de tener reglas claras.
Si todo sale bien y en unos años le vuelven a ofrecer cargo público, ¿lo aceptaría?
Lo pensaría, pero debo decirle que, al tomar decisiones, siempre las consulto con mi esposa, y su respuesta sería que ‘ni de fundas’ lo haga.
¿Qué consejo les daría a los más jóvenes?
Más que a ellos, sería para nuestro liderazgo político: es importante hacer del servicio público una actividad que no sea tan riesgosa, que sea más interesante para todos los profesionales. Hoy es complicado atraer personas para el Estado, y los que llegan, muy difícilmente tomarán decisiones complejas.
Ricardo Ávila Pinto
Director Portafolio
Economía
18 sept 2017 - 10:25 p. m.
‘Trabajar en el sector público se volvió un asunto de alto riesgo’
Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, aseguró que es complicado atraer personas para trabajar con el Estado, y que quienes llegan muy difícilmente tomarán decisiones complejas.
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