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Economía

Actualizar el mercado laboral, un factor vital en competitividad

El Consejo Privado presentó su informe anual e invitó al Gobierno a aprovechar ese insumo para sus políticas. 

Competitividad

Competitividad.

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noviembre 17 de 2022 - 10:28 p. m.
2022-11-17

Al igual que todos los años, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) entregó ayer su informe anual de competitividad, en el que evalúa los retos que tiene Colombia para mejorar en este campo y ser a su vez un país más productivo y con mejores condiciones.

(Los cuatro grandes retos estructurales que tiene Colombia para 2023). 

Para el reporte de 2022-2023 la entidad destacó como la entrega del documento se dio en un momento “particularmente importante para las decisiones de política pública”, en que conjuga, por un lado, los cambios y brechas que se profundizaron a raíz de la pandemia, y por otro, el arranque de un nuevo gobierno.

Si bien el Informe Nacional de Competitividad revisó 16 grandes dimensiones en las que Colombia debe avanzar en competitividad para así ser un país más productivo y mejorar el bienestar de la población, enfatizó en ciertos elementos, como el mercado laboral, la educación, las pensiones, el sistema tributario, la infraestructura y la internacionalización.

Por ello, desde la entidad también se hizo una invitación “al gobierno del cambio”, para que utilice esta herramienta para lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo.

“Hemos dividido las recomendaciones en varias categorías. Una de ellas es ‘Abriendo puertas’, tenemos un énfasis muy importante en tratar que toda la normativa y la forma en que hemos construido el marco institucional del mercado laboral de alguna manera reconozca que estamos dejando de lado a una parte muy importante de la población que no le permite tener el tipo de progreso que necesita para una mejor calidad de vida”, explicó la presidente del CPC, Ana Fernanda Maiguashca.

(Las ciudades que lideran el ranking de competitividad en el país). 

En Colombia el 60% de la población ocupada reporta ingresos laborales inferiores al salario mínimo y el informe también indica que 20,7% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo.

Entre las recomendaciones que hace el Informe Nacional de Competitividad está la actualización de la legislación laboral “para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder adecuadamente a los retos de las nuevas economías colaborativas”, también reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral, continuar con los avances en la Política Nacional del Cuidado y crear un seguro de desempleo, para lo cual se propone reformar el régimen de cesantías para dicho rol.

Además, el Informe propuso también revisar el sistema de protección de la vejez. “En este momento no logramos ni el empleo formal ni la protección. Creemos que es necesario tener un pilar no contributivo en el tema pensional, pero creemos que es importante coordinar tanto a públicos como privados en ese sistema”, dijo Maiguashca.

Esto apunta a considerar diferentes formas de acceder a protección social más allá del empleo formal y su anclaje con el salario mínimo.

También, con el fin de mejorar las condiciones laborales de la población, el CPC enfatizó en la importancia de trabajar en la educación y en la preparación del talento humano.

(La ciudad '10/10' en cobertura financiera de Colombia). 

Entre las recomendaciones está desarrollar una implementación de alertas tempranas, para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior; también promover el acceso a la oferta de educación posmedia, pero no solo en nivel universitario, sino también en el nivel técnico y tecnológico, aprovechando el marco del Subsistema de Formación para el Trabajo.

“Tenemos que abandonar un poco la obsesión de este país con la profesionalización del talento humana y más vale entregarles oportunidades reales para ser más productivos y más felices”, dijo Maiguashca.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), encabezado por Ana Fernanda Maiguashca

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), encabezado por Ana Fernanda Maiguashca

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Sistema tributario

Otro de los puntos en los que el Consejo Privado de Competitividad presentó un diagnóstico y sus respectivas recomendaciones frente al sistema tributario. El reporte destaca que en Colombia el recaudo tributario total como porcentaje del PIB fue 18,7 % en 2020, frente a 21,9 % del promedio regional y 33,5 % de la Ocde, y que los impuestos de personas naturales solo alcanzan el 1,3 % en Colombia, mientras que el promedio en la Ocde es de 8,0 %.

Por ello recomendó ampliar la base de declarantes e integrar la información que tenga el Estado disponible, para mejorar la relación con el ciudadano; también concentrar las exenciones de IVA en la canasta que consumen las personas de menores ingresos, y continuar con la implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian.

“Este es un informe que se produce para los cambios de largo plazo, esos cambios se hacen paulatinamente, hay muchas cosas que la reforma recoge, pero nos sigue preocupando que tenemos una enorme carga sobre el sector productivo. En la medida en que seguimos teniendo impuestos corporativos muy altos, y complementamos con otros impuestos que van a la misma fuente de generación de riqueza, no estamos logrando abrirle el espacio que necesitan estos negocios para crecer”, comentó Maiguashca al respecto.

Infraestructura e internacionalización

Dos elementos que, justamente, resultan fundamentales para la productividad y que las empresas puedan crecer son las inversiones en infraestructura y el apoyo a la internacionalización. Para mejorar la conectividad el CPC sugiere permitir que el precio de los fletes se genere en condiciones de competencia y buscando eficiencias; definir esquemas de cofinanciación en la construcción y mantenimiento de vías terciarias; y trabajar en la implementación del nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal.

En relación con la internacionalización la apuesta está en revisar la estructura arancelaria con el fin de disminuir su dispersión, desincentivar el contrabando y dar eficiencia a los procesos aduaneros; y poner en marcha el sistema informático de la Dian que propone la nueva regulación aduanera.

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