Aunque las empresas de transporte especial e intermunicipal habían venido trabajando a niveles mínimos, como lo dispuso el Gobierno, desde el arranque de esta semana han sido protagonistas clave para la movilización del personal correspondiente a los sectores de construcción y manufacturas.
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Como lo explicó la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, el Ministerio de Transporte -a través de una resolución- dio autorización especial y transitoria a estas empresas para prestar servicios colectivos, e incluso masivos, en los diferentes municipios y ciudades.
“Las autoridades municipales harán la autorización a las empresas para la prestación según la demanda insatisfecha”, explicó Valderrama quien dejó claro que para operar las compañías deben garantizar que los vehículos -de transporte colectivo o especial- cuenten con pólizas y, por supuesto, con estrictos protocolos de bioseguridad.
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Agregó que la Supertransporte será la encargada de vigilar el cumplimiento de estos requisitos que se suman a otras reglas como mantener un distanciamiento de un metro entre pasajeros y de dos metros en infraestructuras -como lugares de abordaje-.
Marino Quintero, presidente de Asotrans -uno de los gremios del transporte público intermunicipal-, relata que la demanda, hasta el momento, no es muy alta y sostiene que todos los protocolos de bioseguridad que exige el Gobierno “se los han cargado a los empresarios. Las ARL nos han dejado solos en esto y los conductores son población de alto riesgo”.
Además, señala que la situación financiera del transporte intermunicipal ha llegado a niveles muy complejos ya que este sector ha dejado de facturar más de $400.000 millones en lo corrido de la emergencia sanitaria.
Entretanto, los transportadores intermunicipales y de servicio especial, al tiempo que reanudaban parcialmente sus labores, mostraron su desacuerdo con la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de permitir a través del Decreto 121 de 2020 la movilización del personal de las empresas a través de medios distintos al transporte masivo de la ciudad como vehículos particulares y motocicletas.
“Si nos obligan a trabajar con 35% del cupo por bus, la diferencia en pasajeros la debería a asumir el Gobierno”, añade Quintero quien advierte que en muchos municipios aún no están claras las reglas para la llegada de los buses intermunicipales.
Asimismo, apunta que el Gobierno debe comprender la situación, pues “si no se nos da una línea de crédito que llegue al transportador, para mayo y junio será imposible seguir”.
Por su parte, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), dijo que aunque las compañías del sector ya han implementado los protocolos de bioseguridad para continuar su operación, es necesario que los municipios expidan “lineamientos claros y precisos en las rutas de los vehículos para el ingreso de las personas a las ciudades”.
A su vez, Lupoani Sánchez, presidente de Acoltés -el gremio del transporte especial-, dijo que desde el arranque de la emergencia este sector “ha estado dispuesto, con menos del 10% de los vehículos en todo el país, a atender a los centros de abastecimiento, a las petroleras, a las firmas de flores, a las fábricas y a las empresas que abastecen a Colombia”.
Mientras los transportadores tratan de buscar recursos para atender las operaciones para facilitar el desplazamiento de los trabajadores, las peticiones al Gobierno continúan, pues los empresarios y gremios no solo piden líneas de crédito, sino alivios tributarios para exonerar del pago de rentas presuntivas a las compañías.
“Luego del levantamiento de la medida, las empresas necesitarán de un periodo de recuperación, por lo que es fundamental, contar con alivios como la congelación del Impuesto de Promoción al Turismo”, concluye Rodríguez.
DIFICULTADES EN MUNICIPIOS
Además de las confusiones que ha afrontado el transporte especial e intermunicipal en las ciudades por cuenta de la falta de claridad de algunas normas, los empresarios y líderes gremiales de ese sector cuentan que a diario reciben llamados de emergencia por parte de las empresas transportistas que, en muchos casos, no tienen cómo operar los vehículos y tampoco cómo pagar las nóminas de conductores y administrativos.
