El último mes del año pasado y el inicio de este parecen estar siendo los más tensos para Uber desde que entró a Colombia hace seis años.
Tanto así que la compañía estadounidense, después de anunciar su intención de demandar al Estado tras un reciente fallo de la SIC, informó que dejará de operar en el país a partir del próximo 1°. de febrero.
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El 20 de diciembre del año pasado, un juez de la República de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló en contra de Uber por una demanda de competencia desleal contra Cotech, firma de taxis. Esta decisión fue apelada de inmediato por la compañía y pasó a segunda instancia, en el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá confirmar o negar la sentencia en la que se le solicita a Uber dejar de operar.
Sin embargo, esa no fue la única vía que encontró la firma para demostrar su desacuerdo con la decisión. El jueves pasado se hizo pública una carta que la empresa le dirigió directamente al presidente Iván Duque el 30 de diciembre, en donde reveló su intención de demandar al Estado.
Lo anterior, tras la decisión de la SIC en mención y argumentando que se estaría violando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con su país de origen, EE. UU., proceso que quedó en las manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Pese a que esta última entidad anunció que el paso a seguir era un proceso de conciliación con la plataforma, que podría tomar seis meses –donde se oirían los argumentos desarrollados de la posible demanda, con el fin de analizar si el país ha incumplido algunos de los estándares previstos en el Tratado–, este viernes la firma comunicó que se retirará de Colombia.
Cabe agregar que la Agencia dijo que la protección de una inversión bajo un Tratado requiere que el inversionista cumpla las normas del país donde opera.
REACCIONES
Ante esto, el Ministerio de Transporte dijo que “de ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico, apoyamos las iniciativas de esta índole, pero debe protegerse la vida de los usuarios y la prestación del servicio público de transporte bajo las condiciones técnicas y jurídicas establecidas por la normatividad colombiana”.
Además aseguró que “se deben realizar reformas en el Congreso para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permitan nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación”.
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Otra de las entidades a las que les correspondería pronunciarse al respecto es MinTIC, sin embargo, al cierre de esta edición no lo había hecho. Entre las razones estaría que la comunicación se manejaría desde Presidencia, específicamente desde la oficina del alto consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz, algo que tampoco sucedió.
Si bien el argumento de mayor peso por el que se iría la firma fue el fallo de la SIC, esta entidad dijo que no se pronunciaría al respecto argumentando que fue una demanda que se dio entre particulares.
No obstante, sobre la decisión de la posible demanda al Estado, el superintendente, Andrés Barreto, escribió en su cuenta de Twitter que “Uber no tiene inversión en Colombia, no tiene negocios con contratos de estabilidad jurídica, ni llegó en virtud del TLC”.
El funcionario agregó que “antes de la sentencia (20/dic), en 2019 Uber había dicho que no invertiría US$40 millones en Colombia, así que nada tiene que ver”.
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Del lado de las otras plataformas de transporte que operan en el país, Daniel Rodríguez CEO de Picap, firma colombiana que presta servicio de motos y carros, señaló que la Nación está caminando hacia el pasado y no hacia el futuro.
“Al ver este ecosistema de emprendimiento tan inestable en Colombia, los inversionistas extranjeros preferirán mejor llevar su dinero a otros países de la región que representen menor riesgo. Al final los afectados somos todos los ciudadanos que no vamos a recibir esa inversión en beneficios y desarrollo tecnológico”, agregó.
Por su parte, Beat dijo que “lamenta que las decisiones adoptadas recientemente en el país entorno a la industria que están limitando el acceso a servicios y oportunidades (...). Tenemos la esperanza que la situación actual abra un diálogo con el Gobierno para crear una discusión acertada en la cual se tengan en cuenta todas las partes y se priorice al ciudadano”.
De acuerdo con María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia, “es importante que la legislación colombiana se ponga, de manera urgente, al día, para que los usuarios puedan contar con las alternativas necesarias en materia de transporte y garantizar condiciones equilibradas para todos los prestadores del servicio”.
En tanto, para Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco, “el Estado abrió las puertas en el momento necesario para que se hicieran todos los temas de legalización por parte de Uber, ya que tomen una decisión sobre la parte competitiva de otras plataformas debe ser en la medida de la legalidad”.
Asimismo, enfatizó en que no solo las nuevas plataformas requieren reformas regulatorias, sino que los taxistas también porque no les deja ser competitivos: “Las leyes son paquidérmicas y ya no funcionan en temas de competitividad y de cara al usuario están mandadas a recoger. Ejemplo, la norma de tarifa es de hace 21 años basada en distancia y no en tiempo, cuando no existía la congestión”.
ALGUNAS MULTAS A UBER
El choque entre el país y Uber es de vieja data. De hecho, la primera sanción que recibió la firma por parte de la Supertransporte en el país fue el 14 de septiembre de 2015 por facilitar la vulneración de las normas sobre la prestación del servicio público automotor especial. La sanción fue de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes (poco más de $450 millones).
Un año y tres meses después, la entidad volvió a multarla por incumplir la orden de no seguir haciendo promoción de la prestación de sus servicios de transporte. Esto correspondió a 500 salarios, es decir, $344 millones de ese año.
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La última y más reciente fue la del 18 de diciembre de 2019 por la misma razón mencionada previamente. Esta vez la multa fue equivalente a $414 millones equivalentes a 500 salarios mínimos. “La decisión fue objeto de recurso de apelación el 3 de enero de 2020 y se encuentra en el despacho del Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre para ser resuelta”, dice la entidad.
LO QUE SE VIENE
Sobre las acciones que estaría pidiendo Uber y que podrían revertir su decisión, la firma respondió que “podría ser un decreto, mientras el Congreso tramita una ley adecuada y moderna para este tipo de servicios. Ya más de 150 jurisdicciones en el mundo han dado el paso, Colombia se ha quedado atrás”, dijo la empresa.
Cabe mencionar que desde finales del año pasado, en el Congreso ya hay radicado un proyecto de ley que busca, en otras palabras, eliminar las supremas cargas que tienen hoy los taxis y ponerles algunas obligaciones a las plataformas, de tal manera que se equilibre la cancha y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado. Este fue presentado por Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde.
Según Toro, “estamos esperando que empiece el primer debate de los cuatro que tiene que tener. Espero que el Gobierno Nacional se pueda montar y agilizar el tránsito o darle un llamado de urgencia al proyecto y estaría en tres meses (...); así acabamos con toda la incertidumbre”.
Por último, respecto a qué pasará con el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio –que pasó a segunda instancia–, Uber añadió que este se mantiene en firme mientras el Tribunal de Bogotá no tome una decisión final.
Sobre el periodo de conciliación previo a la demanda internacional, la firma dijo que no tienen conocimiento sobre una reunión con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
PANORAMA EN EL MUNDO
Esta no es la primera vez que Uber enfrenta temas legales con un país o ciudad. Por ejemplo, en Londres se le quitó la licencia de operación por segunda vez en un poco más de dos años, de acuerdo con datos de Reuters. En noviembre pasado, un tribunal de Nueva York, EE. UU., desestimó una demanda de la firma impugnando una ley de la ciudad que limita el número de licencias para servicios de transporte. En este mismo país, pero en California, la plataforma tuvo que ajustarse a una nueva ley estatal diseñada para reclasificar a los trabajadores como empleados. En Australia, en mayo pasado, un bufete de abogados presentó una demanda por operación ilegal y perjudicar a los taxistas.
Valerie Cifuentes M.
