Las varias reformas que ha presentado el gobierno al Congreso y al país han traído muchas inquietudes, críticas, negociaciones y análisis para valorar sus efectos, buscar acuerdos que no destruyan todo lo construido, que, en casos como la salud está muy bien calificada por expertos. Lo que plantean quienes han hecho análisis profundos es la conveniencia de complementar y mejorar lo existente.
Era de esperarse que un gobierno abiertamente de izquierda planteara modificaciones a algunas normas para adecuarlas a su ideología y propósitos, pero nunca el país imaginó esta lluvia de propuestas, la mayoría con aspectos negativos para el desarrollo del país y especialmente para la estabilidad y formalización del empleo.
Este es el tema crucial que debe atender el gobierno: la creación, mantenimiento y formalización del empleo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental de la persona, es la base para la realización de otros derechos humanos. El trabajo dignifica, desarrolla, estabiliza, enriquece espiritual y mentalmente y permite una vida con condiciones económicas necesarias. Para hacer efectivo este derecho los Estados están obligados a garantizar educación, capacitación y orientación técnica y profesional, y a trazar políticas públicas que creen un entorno propicio a la generación de empleo productivo. Este es un deber ético y moral de quienes dirigen un país.
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, señala la OIT.
El trabajo, además de ser una actividad económica, representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento del trabajador, el cual le permite desarrollar y aplicar sus habilidades, obtener un ingreso y realizar aportaciones en beneficio de la sociedad. Las condiciones del trabajo deben respetar la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación y ofrecer remuneración, seguridad social y capacitación.
Es cierto que el Estado no puede proveer un trabajo para todas las personas, pero si debe crear las condiciones para que se creen y mantengan las empresas que lo generen y no perseguir las actividades de éstas y asfixiarlas con impuestos, y exceso de trámites. Los empresarios deben apoyar al Estado en la creación del entorno necesario y cumplir con las obligaciones y principios de equidad. Pero a su vez los sindicatos, que indudablemente tienen sus derechos y obligaciones, así como su ministra amiga, deben pensar en las oportunidades para todos y no en agotar sus esfuerzos en ellos mismos, ignorando a quienes están en la informalidad o no logran obtener un trabajo.
Las propuestas del actual gobierno apuntan a debilitar o destruir la empresa privada como en el caso de las EPSs en la salud y la pensional, a establecer obligaciones muy onerosas, como la laboral y la tributaria. El plan de estatización que se está creando para Colombia llevará a alejar los inversionistas y reducir el sector empresarial.
MARÍA SOL NAVIA V.
Exministra
_1.png)
