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El turno para los inversionistas institucionales / Opinión

Es deseable que asuman un papel más activo en el fortalecimiento y creación de valor en empresas que participen en el mercado de capitales colombiano.

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enero 10 de 2022
2022-01-10 04:28 p. m.
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A pocas horas de finalizar la vigencia de las ofertas de adquisición de acciones que persiguen paquetes significativos tanto en Grupo Nutresa como en Grupo Sura, los inversionistas patrimoniales de esos conglomerados han expresado públicamente que, con fundamento en valoraciones adelantadas por asesores financieros externos, consideran que el precio ofrecido no refleja el valor fundamental de las compañías y, por tanto, se abstendrán de enajenar sus participaciones.

Así las cosas, más allá del resultado puntual de las opa y sus implicaciones empresariales, conviene ocuparse de un asunto de mayor relevancia para los trabajadores que ahorran a través de vehículos de inversión institucional, a saber, qué decisión tomaron los administradores de esos recursos y cuáles criterios, en adición a las consideraciones del precio ofrecido, guiaron su determinación. Esto es importante porque permitirá dilucidar cómo, en la práctica, se administran los fondos de pensiones y cesantías que pertenecen a millones de pequeños inversionistas.

Los administradores de recursos institucionales están sujetos a estrictos estándares de regulación y supervisión estatal para garantizar que, en la toma de decisiones de inversión, persigan siempre el mejor interés de sus clientes - deber fiduciario o de profesionalidad.

La interpretación dominante hasta principios del siglo XXI señalaba que, para satisfacer el mejor interés de los clientes, el gestor estaba obligado a maximizar la rentabilidad financiera en la toma de decisiones de inversión, excluyendo así del análisis cualquier otra consideración.

Con el Informe Freshfields de 2005, resultado de la Iniciativa Financiera para el Medio Ambiente de la ONU, previo estudio comparado de diferentes sistemas jurídicos, operó un cambio radical en esa interpretación; se argumentó que el recto entendimiento del deber fiduciario no sólo admitía, sino que obligaba, a integrar a los modelos de análisis financiero consideraciones éticas como la sostenibilidad medio ambiental, la responsabilidad social y la buena gobernanza corporativa – ESG por sus siglas en inglés, confirmando así un informe previo de la UNEP FI que presentó sólida evidencia en el sentido de que las cuestiones ESG, en su conjunto, pueden predecir de manera más fiable el desempeño futuro de las inversiones que el rendimiento financiero pasado o presente del activo.

La regulación colombiana ha incorporado esa novedosa concepción del deber fiduciario como se precisa en el régimen para la administración privada de pensiones, cesantías y reservas técnicas que deben cumplir desde hace años AFP y aseguradoras.

Así, estas instituciones financieras, deben contar con políticas de asignación estratégica de activos alineadas con perfiles de riesgo para cada uno de los portafolios de inversión, distinguiendo entre posiciones estructurales (tipo de activo, mercado, moneda, jurisdicción, sector económico, etc.) y movimientos tácticos en situaciones coyunturales de mercado, así como incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental y gobernanza en la toma de decisiones y valorar los riesgos que estos implican. Estas políticas de inversión, por mandato legal, han sido divulgadas ampliamente entre afiliados, tomadores y beneficiarios.

Los gestores profesionales colombianos, en su mayoría, han ido más allá del cumplimiento de esa regulación, adhiriéndose voluntariamente a los seis Principios de Inversión Responsable de la ONU, encaminados a desarrollar activamente los criterios de sostenibilidad ESG para alinear de mejor manera su proceso de toma de decisiones de inversión con objetivos más amplios del interés de la humanidad en cuanto no impliquen desconocer su deber de profesionalidad.

En ese contexto, la decisión que tomen los administradores de recursos institucionales frente a las opa no es menor si, por otra parte, se tiene presente que entre las cuestiones que han debido resolver, además del análisis puramente financiero, se cuentan otras de idéntica relevancia que pueden contribuir a maximizar la rentabilidad futura para beneficio de sus afiliados y beneficiarios.

Así, cualquiera sea la decisión que adopten, revelará qué tan coherente es la política de inversión declarada para cada tipo de fondo, su consistencia con la diversificación prevista en la asignación estratégica de activos y los objetivos de valorización fijados de antemano para los respectivos portafolios, así como el compromiso que tienen con la aplicación de los criterios ESG en la estimación tanto de los riesgos como de las oportunidades de inversión examinadas de tiempo en tiempo.

En síntesis, lo importante es que los inversionistas institucionales se conduzcan con rectitud, transparencia e independencia en el mejor interés tanto presente como futuro de sus clientes, dejando evidencia del más alto grado de profesionalidad en la comprensión de lo que está en juego para los millones de trabajadores que les han confiado sus ahorros. Hacia adelante, bajo ese mismo principio, es deseable que asuman un papel más activo en el fortalecimiento y creación de valor en las empresas que participen en el mercado de capitales colombiano.

RODRIGO GALARZA NARANJO
Abogado en Derecho financiero y mercado de capitales
En Twitter: @rohgal.

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