Falacias y paradojas

Entre las múltiples derivaciones que ha tenido la anulación de la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez, por parte del Consejo de Estado, vale la pena destacar dos falacias y una paradoja.

La primera falacia corre por cuenta del mismo Ordóñez, quien ha dicho que con su salida se ha empezado a cumplir el acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Esa posición ignora un hecho rotundo: el proceso que derivó en la decisión del Consejo de Estado se inició con una demanda contra la reelección del Procurador que se presentó en enero de 2013, cuando los diálogos de La Habana eran apenas un esfuerzo incipiente en el que pocos creían.

Además de la omisión de esta cronología y del oportunismo político que exuda la alusión al proceso de paz, también funciona como cortina de humo para ocultar el fondo de las cosas: el entonces Procurador ejerció el lamentable vicio de ‘yo te elijo, tú me elijes’.
Según el Consejo de Estado, la reelección violó el artículo 126 de la Constitución, en la medida en que Ordóñez nombró o ratificó familiares de magistrados de la Corte Suprema que participaron en su nominación para su posterior reelección en el Congreso. No estamos ante un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla, sino ante el vulgar ejercicio del clientelismo y la flagrante violación de la Constitución.

La segunda falacia está en el otro extremo del espectro político: en quienes reducen el papel de Ordóñez al de un simple aliado del uribismo en su oposición al Gobierno. La gestión del exprocurador no sólo no tuvo sesgos a favor del Centro Democrático, sino que entre sus múltiples sanciones y destituciones figuran las de varios funcionarios uribistas como Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.

La figura de Ordóñez abarca dos dimensiones más complejas que la de simple títere de la oposición. La primera es su tendencia a reemplazar la Constitución por la Biblia en el ejercicio de sus funciones, atentando así contra la naturaleza laica del Estado colombiano. Ejemplo de ello fue su oposición a decisiones de la Corte Constitucional sobre el matrimonio y la adopción gay, la despenalización del aborto y la necesidad de reglamentar la eutanasia. La segunda está relacionada con su feroz ataque al proceso de paz, que terminó magnificado por los inefables excesos del exfiscal Montealegre, lo que convirtió a los dos funcionarios en una especie de duelistas y distorsionó el rol de las dos instituciones.

¿Y la paradoja? Los detractores de Ordóñez han celebrado la anulación de su reelección como si fuera una inmensa derrota política para él. Todo lo contrario: tras haber ejercido la casi totalidad de su segundo mandato, ahora ha quedado habilitado para hacer política con consignas como que es víctima del acuerdo de La Habana o que el Gobierno está fraguando un fraude en el plebiscito. Difícil imaginar una mejor plataforma para empezar a buscar la candidatura presidencial de la oposición.

Mauricio Reina
Investigador Asociado de Fedesarrollo