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Gustavo H. Cote Peña

Impuestos y corrupción

Ya es hora de adelantar una férrea cruzada colectiva con claras actitudes de sanción social y de exigencia de rápido castigo para los corruptos.

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
enero 23 de 2022
2022-01-23 11:48 p. m.
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Han transcurrido pocos meses desde la aprobación de la reforma tributaria 2021 y ya hay quienes, a partir del balance de las finanzas públicas de dicho período, sus perspectivas en los siguientes años y la necesidad de más recursos para atender los requerimientos de gasto social y el cubrimiento de la deuda, consideran necesario el trámite de una nueva ley, planteando incluso, la conveniencia de introducir la anhelada y tantas veces frustrada “reforma estructural”.

En contraste con dicho camino, existe otro diferente hacia la obtención de ingresos presupuestales en cantidades muy superiores a los pretendidos con cualquier esfuerzo de cambio normativo, cual es el de adelantar una lucha efectiva contra la corrupción que, anualmente, desvía recursos públicos en magnitudes descomunales.

Es realmente aterrador el cuadro repetido, a lo largo y ancho del país, de las denuncias periodísticas sobre el constante tráfico de influencias, concentrando la contratación oficial en unos pocos y el accionar de determinados “empresarios” en contubernio con ciertos funcionarios apropiándose indebidamente del patrimonio del Estado.

En la época electoral actual, los nubarrones de dicha calamidad se ciernen sobre el suelo patrio, pues el juego de la entrega de apoyos económicos a cambio del compromiso del candidato con la asignación de futuros contratos al aportante o sus recomendados, mantiene plena vigencia.

A los potenciales elegidos con tales obligaciones nada les importa. A su favor tienen el antecedente estimulante de la demora en la culminación de los juicios penales por esta clase de delitos, porque algunos titulares de la acción punitiva agilizan aquellos casos que dan cabida a la “justicia espectáculo”, para crear una opinión pública favorable a partir de una falsa idea de resultados positivos de su gestión, antes que asumir el deber de investigar y sancionar a todos los delincuentes por igual. A lo anterior se suman las posibilidades de reclusión de los sindicados, durante el proceso y/o una vez condenados, en sitios VIP, desde donde administran el destino de los dineros mal habidos a la financiación de campañas políticas de sus hijos, esposas, cuñados, parientes y allegados, buscando mantener cuotas de poder en las corporaciones públicas, gobernaciones y alcaldías, y continuar delinquiendo en cuerpo ajeno.

La recién aprobada Ley 2195/22, promocionada por el Gobierno, como un logro de su mandato, es insuficiente para derrotar el flagelo. Si bien contempla algunas herramientas en el camino correcto, nada se logrará sin el compromiso de todos de asumir realmente con firmeza la batalla contra este mal. La sociedad no puede continuar siendo complaciente con quienes optan por asaltar al fisco. Ya es hora de adelantar una férrea cruzada colectiva con claras actitudes de sanción social y de exigencia de rápido castigo y represión ejemplar para los corruptos.

GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA
​Exdirector General de la Dian
gcote@gobbal.co

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