La suplantación de identidad es un delito al nivel de otras modalidades como el robo, el asalto y los actos delincuenciales tanto en la calle como en establecimientos públicos.
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Precisamente, el más reciente reporte presentado por la Dijin de la Policía Nacional muestra que solo en 2020, el año más duro de la pandemia de covid-19 en el país, el delito de suplantación de identidad se disparó 409 % en Colombia en términos generales.
(Vea: Las tres estrategias de los bancos en la lucha contra el fraude).
De acuerdo con el experto Camilo Zea, CEO de Pronus, compañía del sector 'fintech' y herramientas para la gestión del riesgo financiero, la suplantación se está expandiendo y sofisticando a un nivel que afecta seriamente a distintas entidades del sistema financiero.
Indica que, por ejemplo, los sistemas tradicionales de vinculación al sistema financiero no son capaces de contener la avalancha de modalidades de fraude. “Y al tiempo que se fortalecen las inversiones en ciberseguridad para contener la intrusión, lo que pudiera estar ocurriendo es que se aseguran muy bien las ventanas, pero se está dejando la puerta abierta de par en par a quienes cometen actos ilegales”, enfatiza.
Y es que mientras en el mundo la suplantación digital creció a una tasa de 149 %, en Colombia se disparó a 243 %, según lo revela una investigación de TransUnion, compañía global de soluciones de información económica y financiera. Esto, en opinión del CEO de Pronus, debe considerarse como un fuerte campanazo de alerta sobre lo que viene ocurriendo en materia de gestión del riesgo en las operaciones financieras. En otras palabras, explica, es muy probable que no se estén aplicando adecuadamente los protocolos de ciberseguridad.
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En su concepto, se requieren herramientas de 'regtech', como la que su compañía desarrolla desde la división Pronus Control, y que combinan la gestión del riesgo con tecnologías robóticas, en las que se han desarrollado algoritmos que son capaces de analizar un documento tan sencillo como lo es una cédula de ciudadanía desde 40.000 puntos distintos para establecer su autenticidad.
Y propone algunos ascpectos que se deben tener en cuenta sobre esta materia, como que la entidad vigilada deberá informar a los consumidores financieros sobre los incidentes cibernéticos que se hayan presentado y en los que se vieran afectadas la confidencialidad o integridad de su información, al igual que las medidas adoptadas para solucionar la situación.
Dentro de los requerimientos que deberán cumplir las entidades vigiladas en materia de ciberseguridad también está la conformación de una unidad que gestione los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad, la cual debe complementarse con permanentes actualizaciones.
(Vea: ¿Cómo saber si está siendo víctima de fraude bancario?).
Las entidades vigiladas deberán establecer una estrategia de comunicación e información para el envío de reportes a las autoridades que hacen parte del modelo nacional de gestión de incidentes cibernéticos.
En cuanto a las pasarelas de pago, es obligatorio cumplir estándares de seguridad para que estas puedan prestar sus servicios a través de las entidades vigiladas por la Superfinanciera (bancos y redes de pago).
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Hay que tener en cuenta que las pasarelas de pago no son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y prestan servicios de aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el pago correspondiente a operaciones de venta en línea.
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