La empresa de los hermanos Bruno y Fernán Ocampo lleva tres años con su apuesta en un servicio de transporte por medio de un aplicativo cumpliendo las leyes nacionales.
Mi Águila ofrece un servicio exclusivo y corporativo en cerca de 300 compañías de diversos tamaños y ha visto en las reglamentaciones su mayor fortaleza.
(Mi Águila "cambiará al mundo" y muestra la ruta para Uber).
“Esta es una compañía de transporte especial, habilitada por el Ministerio de transporte en Colombia, que solo presta su servicio en cinco áreas: empresas, educación, turismo (hoteles), salud o un grupo específico de ciudadanos (como los clubes), para poder trabajar de una forma legal, lo que hacemos es firmar un contrato con cualquier cliente directamente como empresa y ahí si se descarga la app para que los empleados puedan pedir el servicio de transporte”, explicó Fernán Ocampo.
El servicio se presta en vehículos de servicio público, los llamados carros blancos, que tienen placa blanca, pues así está definido por ley.
“Nosotros tenemos unos protocolos de seguridad como empresas de transporte, los vehículos hacen parte de la compañía, los empleados pasan por un proceso de selección que incluye pruebas de seguridad, tenemos también la necesidad de hacer capacitaciones para prestar el servicio de la mejor manera a nuestros usuarios y cada uno de nuestros conductores tiene un extracto del contrato para los casos en que la policía lo requiera en el recorrido. La tecnología es versátil y se puede adaptar a cualquier normativa, la legislación colombiana ya está dada y no hay ambigüedad en la ley como lo dicen otras plataformas”, indicó Ocampo.
De acuerdo los voceros de la aplicación, el transporte público ya está reglamentado y tiene sus leyes claras, por eso no hay necesidad de justificarse en vacios.
“Nosotros disminuimos los costos, nos apoyamos en transformación digital, usamos inteligencia artificial y geolocalización, eso nos sirve para ser más efectivos y eficientes, pero la tecnología no está para saltarse la normativa de un país”, agregó.
Escudarse en el limbo jurídico les ha servido a otras empresas para cumplir con la demanda del servicio de transporte.
“Sin control, no hay seguridad, impuestos y soporte, al momento de un accidente, ¿quién le responde al usuario?, hay que hacer los cumplir la reglamentación y lo que debe pasar es que no haya diferencia entre los que hacen todo legal y los que no, pues así lo que hay es una competencia desleal entre emprendimientos”, puntualizó Ocampo.