Pese a los duros intercambios de mensajes a través de los medios en los últimos días entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos Por el Canal (Gupc), consorcio encabezado por la española Sacyr, ambos han reconocido que la mejor ‘solución’ es que este termine el tercer juego de esclusas.
Gupc dio el pasado 30 de diciembre el preaviso a la ACP de que en 21 días suspendería la obra si no se atendía su reclamo de 1.600 millones de dólares en sobrecostos por información geológica equivocada que le impidió usar el basalto de la excavación para hacer el concreto y la existencia de fallas en el terreno no documentadas.
La ACP contestó que no puede atender ese reclamo porque no está debidamente sustentado y tampoco lo hará fuera de las tres instancias contempladas en el contrato, como pretende Gupc.
Martinelli terció en la controversia el pasado jueves al anunciar que iría a Madrid y Roma para exigir a sus gobiernos que hagan cumplir el contrato a las empresas española Sacyr e italiana Impregilo, con el 48 por ciento cada una de acciones de GUPC, que completan la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (Cusa).
"Iré hasta la Cochinchina si es necesario para defender los intereses de los panameños", afirmó Martinelli, quien calificó de "cuentito" el reclamo de Gupc.
España reaccionó anunciando que mañana estará en Panamá la ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel García, para interponer sus buenos oficios y acercar a las partes.
Durante su visita a Panamá, Pastor mantendrá encuentros con todas las partes implicadas -el Gobierno, Gupc y la ACP- con el objetivo de ‘ayudar y mediar’ en la búsqueda de una solución que permita ‘alcanzar un acuerdo’ que satisfaga a todas las partes, señalaron en Madrid fuentes de su ministerio.
A partir del anuncio de la visita de Pastor el gobierno panameño ha abierto un compás de espera sin más comentarios sobre el contencioso contractual, mientras partidos de oposición, como el Revolucionario Democrático (PRD), gremios del sector marítimo y de empresarios han cerrado filas en torno a la ACP. No se ha informado oficialmente de si el gobierno de Italia ha realizado alguna gestión al respecto.
La controversia ocurre en vísperas de que los panameños celebren el primer Día de la Soberanía Nacional, el 9 de enero, declarado así el pasado 30 de diciembre para resaltar la lucha por recuperar el Canal de Panamá.
El 9 de enero de 1964 estudiantes panameños que marcharon hasta la antigua escuela estadounidense de Balboa, en la extinta Zona del Canal, para izar la bandera panameña como ordenaba la ley, fueron vejados y el símbolo patrio desgarrado.
Ello desató violentos enfrentamientos con civiles y policías estadounidenses que dejaron 21 muertos y 500 heridos panameños, por lo que Panamá rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El próximo jueves el pabellón nacional será presentado en el mismo lugar donde estallaron los incidentes, totalmente restaurado, gracias a expertos españoles.
Quijano, en una entrevista divulgada por el Canal 2 de la televisión panameña, manifestó que la intercesión de Martinelli, que se reunió con los representantes diplomáticos de España e Italia el viernes, representa su preocupación por ‘que se siga la obra’.
El administrador recordó que la ampliación del canal interoceánico no es una obra solo para los panameños, sino que es de impacto internacional.
"Cualquier asistencia que el gobierno pueda darle es conveniente para ver qué alternativas le permiten a la ACP mantenerse dentro del marco jurídico del contrato y que se pueda resolver esto lo más pronto posible", acotó el administrador.
"Nos están arrinconando" con el preaviso, dijo e insistió en que no va a permitir que la ACP sea "rehén de un contratista".
Descartó que Gupc tenga problemas para continuar la obra porque sus cuatro socios gozan de ‘solidez financiera’ demostrada, y dijo que tanto Sacyr como Impregilo tienen importantes proyectos internacionales en desarrollo.
En un comunicado, la ACP insistió en que Gupc no tiene argumentos legales para suspender los trabajos, porque está interpretando equivocadamente el contrato, dado que no hay atrasos en el pago ya comprometido.
El Gupc se adjudicó el principal proyecto de la obra de ampliación, por un valor de 5.250 millones de dólares, con el que el Canal duplicará su capacidad de carga anual de 300 a 600 millones de toneladas.
EFE
