Después de tres décadas de estabilidad económica en Perú, el nuevo gobierno de Pedro Castillo plantea una serie de propuestas que tienen en alerta a los agentes económicos, ante la incertidumbre sobre el futuro de las inversiones y el crecimiento del país.
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En los últimos años, el PIB peruano creció a un promedio anual de 4,8%, con inflación entre 1% y 3%, un déficit fiscal de 1,6% del PIB en 2019 y reservas internacionales equivalentes al 36,7% del PIB en 2020.
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El país ha seguido un modelo de “economía social de mercado”, según lo denomina la Constitución de 1993, que ha permitido aplicar disciplina fiscal, promover inversiones privadas y extranjeras, y abrir su economía al mundo.
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Pero Castillo ha acuñado el concepto de “economía popular de mercado”, que plantea medidas proteccionistas para la agricultura y confecciones, gravar con más impuestos a las empresas mineras y establecer una “segunda reforma agraria” para mejorar las condiciones del campo.
“Esto va a ser lo que genera la incertidumbre”, dijo el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Oscar Chávez. Él añadió que le “llama la atención hablar de proteccionismo e incremento de aranceles”.
Chávez recordó que medidas de este tipo ya se aplicaron en Perú en el pasado y que “los resultados de lo que pasó en la economía peruana en la década del 80 nos hicieron ver que era imposible seguir sosteniendo un proteccionismo.
Para el decano de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, la economía de Perú ha venido recuperándose.
“Si se disipa la incertidumbre, los mercados podrían responder de una manera muy fuerte, y recuperar y hacer viable este crecimiento (proyectado) de 10 %, que todavía nos coloca por debajo de los niveles prepandemia”.
El experto criticó algunas de las principales propuestas de Castillo, como la de subir los impuestos que pagan las mineras o imponer medidas proteccionistas al sector agrícola, temas que el gobernante plantea introducir en una nueva Constitución Política.
“Si se suben los impuestos baja la rentabilidad de las mineras; necesitamos más proyectos mineros y mayores impuestos o regalías, eso nos quita competitividad”, afirmó.
Además de esos aspectos, Castillo tendrá que afrontar los daños causados por la pandemia, ya que más de dos millones de personas perdieron su trabajo, la pobreza subió al 30%, el déficit fiscal se incrementó a 8,9% y el PIB bajó 11%.