La organización estadounidense Human Rights Watch presentó en Washington un reporte en el que documenta ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra comunidades de bajos recursos que han dejado de respaldar la revolución bolivariana en Venezuela.
Aunque el informe hace énfasis en las violaciones a derechos humanos que atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -brazo de la Policía Nacional Bolivariana que se creó en el 2017- también destaca los abusos que vienen cometiendo otras fuerzas de seguridad en este país.
(La estrategia de Maduro para dividir a la oposición venezolana).
De acuerdo con esta ONG, desde 2016 las fuerzas de seguridad de Venezuela habrían asesinado a casi 18.000 personas por supuestamente “resistirse a la autoridad”.
Y si bien es imposible determinar cuántas de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales, tanto la investigación de HRW -que incluye entrevistas con familiares y víctimas- como la que adelantó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) permiten inferir que muchas lo fueron y que existe un patrón de conducta que implicaría a varias figuras del régimen, entre ellas el propio Maduro.
El informe recuerda que la investigación de la ONU ya había concluido que muchas de las muertes que el propio gobierno venezolano identificó como “resistencia a la autoridad” podían constituir ejecuciones extrajudiciales.
HRW entregó su nuevo reporte a la ONU con la esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra sesionando en este momento en Ginebra, establezca una comisión de investigación para que examine las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en Venezuela.
La ONG también compartió la información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018 varios, países, entre ellos Colombia, presentaron una solicitud para que se inicie esa investigación.
Sergio Gómez Maseri