La Fiscalía venezolana imputó este viernes a un segundo general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos, informó el organismo, elevando aún más la temperatura en su enfrentamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), es sospechoso de "graves y sistemáticas violaciones" de los derechos humanos, según un boletín del Ministerio Público.
Ministro de Interior y Justicia hasta agosto de 2016, el oficial fue citado a una audiencia el próximo martes, cuando la fiscal general, Luisa Ortega, deberá comparecer ante el tribunal supremo, que evaluará si autoriza enjuiciarla como pide el gobierno.
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Su imputación se conoce un día después de que la Fiscalía acusara por los mismos cargos al general Antonio Benavides Torres, quien hasta el pasado 20 de junio fue comandante de la militarizada Guardia Nacional. Los señalamientos contra Benavides Torres se relacionan con presuntos abusos durante las protestas contra Maduro, que dejan 82 muertos en tres meses. Al menos 23 de esas personas fallecieron a manos de policías y militares, de acuerdo con la Fiscalía.
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La acusación contra González López se enmarca en investigaciones por "allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad" y casos de personas que siguen detenidas pese a tener orden de excarcelación, precisó el reporte.
El jefe del SEBIN -considerado por la oposición como la policía política del gobierno- fue sancionado junto con otros oficiales venezolanos por Estados Unidos, bajo señalamientos de violar los derechos humanos. La medida implicó el congelamiento de bienes que esos mandos pudiesen tener en territorio estadounidense y la prohibición de hacer negocios con ellos. Siempre circunspecto y de pocas palabras en sus apariciones públicas, González López es uno de los oficiales más cercanos a Maduro, quien ha elogiado varias veces su lealtad.
La Fiscalía lleva a cabo 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales en el marco de las protestas contra Maduro, incluidas lesiones causadas a 853 personas presuntamente por las fuerzas de seguridad.
En la contención de las manifestaciones, el organismo asegura haber evidenciado un "uso excesivo de la fuerza en el empleo de armas de fuego no autorizadas, tratos crueles y torturas" a detenidos, allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad.
El pasado miércoles, la fiscal denunció que en Venezuela hay "terrorismo de Estado", en una de sus más duras acusaciones contra el gobierno, del que se alejó tras años de línea oficialista. Ortega asegura que Maduro rompió el orden constitucional al convocar una Asamblea Constituyente sin previa consulta en referendo.
