Grecia se vio obligada a aceptar una lista de ajustes duros y rigurosas reformas, en cuestiones tan sensibles como las pensiones, exenciones a agricultores y privatizaciones, luego de haber alcanzado un acuerdo con sus acreedores sobre el tercer rescate financiero al país mediterráneo.
El acuerdo irá este jueves al Parlamento griego, donde será sometido a votación, un día antes de que se reúna el Eurogrupo para dar su aval al programa.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien llegó al poder en enero con un discurso antiausteridad, se mostró ayer confiado en lograr la ratificación del acuerdo alcanzado el pasado martes, tras más de veinte horas de negociaciones con las instituciones acreedoras –Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede).
“A pesar de los obstáculos que algunos tratan de poner en nuestro camino, vamos a concluir con éxito este acuerdo”, dijo Tsipras. El primer ministro se mostró optimista acerca de que este pacto permita acabar con la “incertidumbre económica” en Grecia, acosada por la grave una crisis financiera.
El memorando de entendimiento que finalizaron Atenas y las cuatro instituciones fija las medidas que tendrá que tomar el gobierno heleno a cambio de hasta 86.000 millones de euros de la eurozona hasta el 2018.
El acuerdo incluye un análisis del impacto social, según aseguró ayer la Comisión, si bien no ha sido publicado aún.
El memorando comprende disposiciones que son importantes para Tsipras, en cuanto a la justicia social, y por ello Atenas adoptará en marzo próximo medidas para apoyar la creación de empleo para 150.000 personas junto con políticas activas de empleo.
Se espera que para septiembre próximo se detallen los preparativos para la introducción de un salario mínimo garantizado, que comenzaría a aplicarse a partir de abril del 2016, y también el próximo año se preparará un plan de acción educativa.
Además, para fomentar la recuperación y la competitividad, Grecia podrá contar con fondos europeos por 35.000 millones de euros. No obstante, el país tendrá que hacer importantes ajustes de entre el 4 y el 5 % del PIB.
Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0,5 % del PIB en el 2016, del 1,75 % en el 2017 y del 3,5 % en el 2018.
En principio, se propone que, en el venidero mes de octubre, Atenas debe legislar medidas estructurales de, al menos, un 0,75 % del PIB para el 2017 y de un 0,25 % en el 2018.
Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30 % del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30 % sería utilizado para pagar “obligaciones gubernamentales (financieras) vinculadas al pasado”. Muchas medidas las tendrá que acometer Atenas de manera inmediata, como acciones previas, y otras sobre todo en otoño.
En la reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones, y publicará una lista de morosos de pagos adeudados durante más de tres meses.
Asimismo, elaborará hasta noviembre un plan integral de lucha contra el fraude fiscal.
Por otro lado, el gobierno griego tendrá que presentar hasta septiembre un plan para completar el pago de facturas atrasadas, devoluciones tributarias y prestaciones de pensiones.
PENSIONES Y RESCATE DE LA BANCA
Un punto delicado del acuerdo establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo de fijarla a los 67 años en el 2022, y la identificación y legislación de medidas que compensen los recortes aplicados en el 2012, que el Tribunal Supremo Administrativo declaró anticonstitucionales recientemente.
Para enero del año próximo, se prevé la armonización de las contribuciones por parte de los distintos fondos de pensiones y, a partir de marzo, la eliminación gradual de las ayudas a las pensiones más bajas (Ekas) hasta finales del 2019. Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costos en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica. Por otro lado, el texto señala que el gobierno griego se compromete a continuar con el programa de privatizaciones en curso, que persigue generar unos ingresos anuales (excluyendo las acciones bancarias) de 1.400 millones de euros en 2015, 3.700 millones en 2016 y 1.300 millones en 2017.
El acuerdo prevé la creación de un nuevo fondo de privatizaciones radicado en Grecia y bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50.000 millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca.
PESIMISMO Y PREGUNTAS
El ministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis afirmó que el tercer rescate a Grecia “no va a funcionar” y que ese criterio lo comparten varios negociadores del acuerdo.
“El ministro griego de Finanzas (Euclides Tsakalotos) dice más o menos lo mismo”, señaló Varoufakis, quien dijo haber sido testigo de cómo “el ministro alemán de Finanzas (Wolfgang Schäuble) va al Bundestag (Parlamento) y confiesa que este trato no va a funcionar”.
Por su lado, el Ministerio alemán de Finanzas pidió a Atenas algunas aclaraciones tanto respecto al preacuerdo pactado con las instituciones implicadas en un tercer rescate a Grecia, en concreto sobre el papel futuro del Fondo Monetario Internacional (FMI), como sobre la sostenibilidad del concepto para los tres años previstos y las privatizaciones contempladas.
Agencias