Un polémico fallo de la Corte Suprema que puso en duda algunos de los procedimientos de la Lava Jato dejó en jaque a esa operación contra la corrupción y le dio aliento a decenas de condenados, que hasta podrían quedar en libertad.
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El tribunal se pronunció sobre el orden en que deben presentar alegatos los acusados en un juicio en que alguno de ellos colaboró con la justicia contra otro procesado, lo que fue moneda corriente en la Lava Jato.
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La mayoría de los jueces sostuvo que un procesado que colabora con la justicia es como un “auxiliar de la acusación”, pues aporta pruebas contra otro que debe presentar por último sus alegatos, lo que no ocurrió en la mayoría de los casos de la Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos.
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Aunque se trata de un asunto técnico y procesal, la decisión consideró que esa inversión del orden atenta contra el derecho a la “legítima defensa” y hasta puede obligar a revisar sentencias, como de hecho ya decidió el propio tribunal al menos en dos casos.
Son los del expresidente de la estatal Petrobras Aldemir Bendine y el exgerente de esa empresa Márcio de Almeida Ferreira, condenados en la Lava Jato y cuyos procesos deberán volver al comienzo.
La decisión tomó por sorpresa a los fiscales de la Lava Jato, un proceso que tuvo como juez principal al ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, y ya había sido puesto en duda por mensajes en los que se sugiere que el magistrado dirigió la investigación, algo estrictamente prohibido por ley.
Esa acumulación de aparentes vicios procesales fue denunciada por la defensa de muchos presos, que ven en la acción la posibilidad de recuperar la libertad. “Es una decisión muy importante para corregir los abusos de la Lava Jato”, declaró Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que tiene en la cárcel por esa operación al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, las cosas pudieran ser más complicadas, ya que la Corte Suprema acordó que esta semana “delimitará” el alcance de su decisión, que puede beneficiar a 143 de los 162 condenados por esa operación.
El abogado Antonio Tovo, especialista en derecho penal, dijo que la decisión del Supremo es en realidad un “intento de rescatar su papel de guardián de la Constitución, de las reglas de la justicia y las garantías”, que pudieran no haber sido totalmente cumplidas en la Lava Jato.
Sin embargo, aclaró que se trata de “críticas al procedimiento” y a “los métodos de obtención de pruebas”, pero no significa que los escándalos de corrupción destapados no existieron o que quedarán sin castigo.
Otros, no obstante, llegaron a afirmar que la corte ha puesto en peligro no solamente el combate a la corrupción, sino también a las instituciones democráticas. El jurista Modesto Carvalhosa afirmó que el “objetivo” del Supremo es “anular las condenaciones” y convertir a Brasil en “una dictadura de corruptos, criminales y delincuentes”.
Brasilia/EFE
