Debido a los tres sismos que afectaron el centro y sur de México en el mes de septiembre, más de 250.000 mexicanos perdieron su vivienda y "están en una situación de pobreza patrimonial".
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Así lo afirmó este miércoles la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, en una conferencia en la residencia oficial de Los Pinos en la que los miembros del Gabinete exhibieron los avances para la reconstrucción de los estados afectados por los terremotos del 7, 19 y 23 de septiembre (de magnitud 8,2, 7,1 y 6,1 en la escala de Richter, respectivamente).
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Ante eso, Robles señaló que la población sin vivienda es similar al total de habitantes del estado de Colima. "Estamos hablando de más de 150.000 viviendas dañadas, desde daños menores, daños parciales, hasta daños totales", una cifra que se asemeja al número de viviendas construidas durante 2016, precisó.
Un cuadro presentado en el evento con el desglose de las cifras preliminares, que no incluyó los datos de la Ciudad de México, indicó que hay 24.526 casas con pérdida total, 46.134 con daños que las hacen no habitables y 82.885 con daños, pero habitables.
La secretaria señaló que en un periodo de tres a cuatro meses se estará consolidando el proceso de reconstrucción de las viviendas con daños totales. Para lo cual, se ha iniciado una estrategia de "autoconstrucción con asistencia técnica", aseveró.
"Las familias tendrán la responsabilidad, con el apoyo del Gobierno, para autoemplearse o pagar mano de obra", con la posibilidad de acceder a materiales con costos accesibles y con la asistencia técnica adecuada, explicó Robles.
Como resultado de los daños en las viviendas "tenemos a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en los albergues, y muchos de ellos en centros de refugio comunitarios que han habilitado cercanos a sus casas".
Dichos albergues -argumentó- no son suficientes para quienes han dejado sus viviendas, en ocasiones por miedo a posibles réplicas. Robles remarcó que por ello se están poniendo en marcha espacios con cocinas comunitarias, baños, regaderas y espacios para que la gente "viva en condiciones de seguridad".
La secretaria dijo que los censos para evaluar los daños de las viviendas se hicieron a través de la participación de 7.000 servidores públicos de todas las dependencias, quienes consiguieron recopilar los datos en un periodo más rápido que el establecido la ley, de un máximo de 20 días.
