Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que Panamá es vulnerable al lavado de dinero procedente de fuentes como el narcotráfico y otros delitos como la evasión fiscal y el fraude.
El FMI destaca que el país centroamericano es un “punto de tránsito para el tráfico de drogas desde países de Suramérica”, que tiene una economía abierta, dolarizada y es un centro de servicios corporativos y financieros y, por todos estos factores, “ponen al país en un riesgo elevado de ser utilizado para el lavado de dinero”.
En el informe ‘Panamá: recomendaciones contra el lavado de dinero y combate contra la financiación del terrorismo’, el organismo internacional revisó las leyes del país contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, su marco institucional, las regulaciones, los sistemas para disuadir y castigar estos actos ilícitos a través de instituciones financieras y profesiones y negocios no financieros. Así mismo, evaluó la implementación y efectividad de todas esas medidas.
Los representantes del FMI determinaron que, de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), organismo del que es miembro Panamá, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el país solo cumple una de manera completa; tres se implementan de manera amplia; 23 se ejecutan parcialmente, mientras que 13 de ellas no se cumplen.
En el informe, se critica que el marco legal de la lucha contra el lavado deja por fuera a varios sectores, entre ellos el de bienes raíces, abogados, comerciantes de metales preciosos y contadores, que pueden ser foco de actos ilícitos.
El documento fustiga la falta de estadísticas confiables y algunas contradicciones en los números que manejan las diferentes entidades oficiales.
De acuerdo con las autoridades panameñas, señala el informe, la fuente más importante para el lavado de dólares lo constituye el tráfico de drogas, y en menor medida el de armas y el de personas, los crímenes financieros, el secuestro, la corrupción de los funcionarios del Gobierno y el enriquecimiento ilícito.
El lavado de dinero se realiza de manera electrónica mediante computadores y la Internet, y usando nuevos instrumentos bancarios a nivel nacional e internacional.
PANAMÁ, EN DESACUERDO
En el documento se asegura que Panamá tiene limitada su capacidad de cooperación a nivel internacional ya que las autoridades no pueden investigar a personas jurídicas, como lo requieren las normas del Gafi.
De acuerdo al estudio, los banqueros entrevistados se mostraron preocupados sobre los riesgos con compañías con acciones al portador o clientes con cuentas cifradas.
En el mismo documento, el Gobierno panameño tuvo la oportunidad de responder al organismo multilateral sobre las conclusiones, manifestando su desacuerdo con el mismo y afirmando que, después de revisar la información, varias entidades gubernamentales manifestaron que muchas de sus respuestas no fueron tenidas en cuenta.
“El reporte no refleja el sistema actual de Panamá en la lucha contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo”, finalizó el Gobierno del país.
