La criminalidad y la violencia son dos flagelos que les plantean serios desafíos a los gobiernos de América Latina en su propósito por construir democracias sólidas y unas políticas de seguridad ciudadana efectivas.
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Ese fue el principal foco del foro ‘América habla: Unidos para informarnos mejor’ que realizó el pasado miércoles EL TIEMPO en San Salvador en alianza con La Prensa Gráfica, de El Salvador. Allí se analizó la situación de seguridad en la región, con énfasis en ese país de Centro América.
El foro ahondó sobre qué tan efectiva ha sido la estrategia que implementa el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su propósito de luchar contra las pandillas que llevaron a ese país a ser uno de los más violentos del mundo, cuando las cifras de homicidios llegaron a 100 por cada 100.000 habitantes durante 2015.
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Los analistas coincidieron en que si bien la “mano dura” ha mostrado ciertos resultados, esto plantea preocupaciones sobre los derechos humanos.
En el caso salvadoreño, el régimen de excepción permite detenciones sin órdenes judiciales, con lo cual no existe una “presunción de inocencia”. A propósito,Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que al no existir esta presunción “se está poniendo fin al Estado de derecho” y “ahogando” a la democracia.
Advierte que “todas las políticas de ‘mano dura’ terminan fortaleciendo a estructuras criminales” y tienden a provocar resentimientos “en las clases más populares”.
“Hay un equívoco en el concepto de la mano dura. Lo que se necesita es mano eficaz. A ciencia cierta no sabemos cuántos de los 70.000 detenidos son inocentes porque no hay debido proceso. Esto genera resentimiento en las comunidades y podría terminar volviéndose contra la sociedad”, acota Cano.
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Sin embargo, la abogada salvadoreña, Tahnya Pastor, asegura que las nuevas medidas implementadas en el país han empoderado a la ciudadanía y han puesto el foco sobre las víctimas.
“El modelo no está escrito, todavía se está ajustado y no deberíamos demonizarlo por las falencias. Hay que mejorarlo, especialmente en el tema de Derechos Humanos”, agrega.
La jurista además destacó que los salvadoreños, luego de intensos años de violencia, ahora están viviendo un periodo de calma. “Las víctimas van a decir que están conforme con el resultado”, dice.
Por su parte, el jefe de La Prensa Gráfica, Edwin Segura, reconoce que la población “está satisfecha con los resultados del régimen de excepción”, pero que lo negativo sigue siendo que muchos capturados son personas que “no tienen nada que ver”. “Las personas estabas sometidas al autoritarismo violento de las pandillas. Ahora están dispuestos a aceptar que estarán bajo el autoritarismo del Estado”, agrega. Incluso, diferentes encuestas de universidades establecen que en promedio el 90% de salvadoreños se sienten seguros con el régimen.
El panel destacó la importancia de centrarse en las víctimas y brindarles justicia. Se reconoció que existe un reto en lograr entre la garantía de derechos humanos y la lucha contra la criminalidad, y se instó a la mejora de la investigación criminal y la obtención de pruebas sólidas.
Los expertos llamaron a repensar el enfoque y considerar soluciones más efectivas y sostenibles. El punto central es que el modelo actual de ‘mano dura’ corre el riesgo de socavar los principios democráticos.
CARLOS JOSÉ REYES
EL TIEMPO - INTERNACIONAL
