En vista de que más de 100.000 ciudadanos suizos firmaron una petición para limitar los salarios de los “peces gordos”, los votantes decidirán, en un referéndum el 3 de marzo próximo, si son los accionistas quienes deben establecer la remuneración de los máximos ejecutivos.
Si bien una encuesta muestra que una mayoría podría votar sí, el grupo de presión del sector advierte que esto puede llegar a ahuyentar a las empresas que pagan impuestos, y están en campaña a favor de una contrapropuesta más leve.
“Con este tipo de limitación sobre la remuneración a los ejecutivos, por qué razón una empresa estadounidense habría de poner sus oficinas en Suiza”, dijo Philip Mosimann, máximo responsable ejecutivo de Bucher Industries AG, un fabricante suizo de coches barrenderos con una valuación de mercado de 2.100 millones de francos (US$ 2.300 millones). “Se irían. Estoy seguro”.
La votación es idea de Thomas Minder, un legislador suizo y director ejecutivo de la empresa fabricante del dentífrico a base de hierbas Trybol AG, cuya petición responsabiliza de la crisis financiera a los “peces gordos”-“Abzocker”, en alemán.
En caso de tener éxito, la propuesta otorgará a los accionistas una votación anual sobre la remuneración a los ejecutivos y bloqueará los honorarios abultados para nuevos contratados y gerentes cuando se van de las empresas.
“Las remuneraciones desvergonzadas de los ejecutivos vinieron claramente de los Estados Unidos”, dijo Brigitta Moser-Harder, una accionista activista que tiene acciones del banco más grande del país, UBS AG, y de la empresa de ingeniería más grande, ABB Ltd., y habla regularmente sobre el tema en las asambleas anuales de accionistas y en la TV suiza.
Minder, de 53 años, lideró durante cinco años una campaña después de recoger las firmas necesarias para el referéndum. Este empresario busca eliminar las bonificaciones de incentivo que se ofrecen a los ejecutivos al aceptar el empleo, además de los planes de indemnización e incentivos adicionales por llevar a cabo transacciones de fusiones. Pide también que se castigue a los ejecutivos que violen esas condiciones con hasta tres años de cárcel.
La propuesta cuenta con un amplio apoyo de la gente de ingresos bajos y medios, y de las personas con formación profesional.