Las manifestaciones sociales que se viven en Francia, como consecuencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron a 4 meses de su elección como presidente de Francia, merecen especial atención y análisis para entender las causas y posibles consecuencias de la reforma al Código del Trabajo francés.
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El procedimiento de reforma utilizado por el gobierno Macron está basado en las facultades previstas en la Constitución francesa, que permite al presidente legislar por medio de facultades extraordinarias a través de ordenanzas (decretos – ley) previa autorización de la Asamblea Nacional, evitando el debate parlamentario en consideración a lo fracasos en materia de reforma laboral que sufrieron sus antecesores Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande, quien tuvo que tramitar la reforma El Khomri, por su ministra del trabajo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional y la moderación de las medidas de flexibilización de deterioro del poder sindical, como consecuencia de la presión social en el marco de numerosas moviliaciones y huelgas contra la reforma.
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El gobierno Macron fundamenta la reforma, en las medidas para disminuir la tasa de desempleo de 9,5% en contraste con el promedio europeo del 7,8%, relajando la protección laboral en materia de estabilidad en el empleo, contratación, representación sindical y negociación colectiva.
El contenido de la reforma del Código del Trabajo, presentado el pasado 31 de agosto está fudamentado en el documento “Un proyecto de transformación social sin igual: 36 medidas prácticas y operacionales para el empleo, las empresas y los empleados”, que contiene las medidas que el principal sindicato CGT ha calificado como una regresión social.
Las ordenanzas modifican el régimen de indemnizaciones por despido sin causa real, limitándolo a un máximo de veinte meses de salario después de treinta años de antigüedad, que actualmente se determina y tasa por el tribunal que otorga la indemnización.
En el mismo sentido, el denominado despido económico es otro aspecto polémico, al facilitar el despido para los empleadores inversionistas extranjeros y multinacionales, para lo cual se plantea el cambio de evaluación de la situación de la empresa, a través de un plan social en la totalidad de los países en que opera, lo que sería reemplazado por el examen de la situación económica exclusivamente en Francia.
Para armonizar las condiciones de despido, se reduce la pluralidad de regímenes eliminando la aplicación del despido económico para los trabajadores que niegan la aplicación del convenio colectivo, excluyéndolo de los servicios sociales previstos para las víctimas de planes sociales.
El cambio del sistema de representación de los trabajadores constituye un punto de resistencia sindical y social que se ha fundamentado en el rechazo a la posibilidad de negociación directa, con un delegado en las pequeñas empresas de todo lo que no tenga regulación sectorial, sin necesidad de un delegado sindical en contraste con la situación actual que obliga a las pequeñas empresas, que en su mayoría no cuentan con delegado sindical a someterse a los acuerdos sectoriales.
Como complemento se propone la fusión de los órganos de representación de los trabajadores que fusionarían las cuatro instancias actuales (delegados sindicales, de personal, del comité de empresa y del comité de seguridad y condiciones de trabajo) a un comité de empresa, que podría negociar acuerdos en caso de ausencia de delegados sindicales y tendrá derecho de veto, en lo relativo a formación profesional y los aspectos sobre igualdad de género.
La oposición social a las medidas de reforma laboral impulsada por la CGT (principal sindicato francés) y el lider de izquierda por el partido Francia Insumisa Jean Luc Mélenchon ha llamado la atención sobre los peligros del considerado “golpe de estado social” que se inscribe en la línea de la regresiva reforma laboral española de 2012, que erosionó el sistema de garantías laborales con resultados negativos bajo la orientación de fortalecimiento de los mercados y el sistema financiero como lógica de creación de empleo que ha demostrado su ineficacia e inadmisibilidad en materia de creación de trabajo decente y respeto de estándares de garantías sociales vitales mínimas.
El déficit democrático de la reforma laboral francesa, aunado a la adscripción a la lógica de deterioro de las condiciones de trabajo para favorecer la libertad de mercado, sumado a las afirmaciones del presidente Macrón sobre las manifestaciones sociales “No voy a ceder ante los vagos, los cínicos ni los extremos” avivó la protesta contra la reforma bajo el liderazgo de la CGT y Jean Mélenchon quien llamó a la movilización con el mensaje “Brutos, cínicos, vagos,... todos a la calle.”
Iván Daniel Jaramillo Jassir,
investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario
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