Para llegar al punto de llenado de agua de El Paraíso en Caracas al amanecer, Rigoberto Sánchez se despierta antes de las 4 a.m. Horas más tarde, su camión cisterna está en una fila que se mueve lentamente junto a una docena más.
Solo dos de las 10 bombas funcionan y, si tiene suerte, Sánchez tendrá tiempo para un par de entregas; si tiene más suerte, los militares no lo interceptarán. "Te secuestran el camión, así mismo", dijo Sánchez, apoyándose en una barra oxidada. "Después de eso estas en sus manos. Hay que llevar el camión donde ellos digan".
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El ejército venezolano ha venido a supervisar el desesperado y lucrativo comercio de agua a medida que los embalses se vacían, las tuberías rotas inundan los barrios y el personal abrumado se retira.
Siete importantes puntos de acceso a la capital de 5,5 millones de habitantes son ahora operados por soldados o policías, que también tomaron el control total de todos los camiones cisterna públicos y privados. Extraoficialmente, los soldados ordenan donde deben despachar los conductores, y los hacen entregar los bienes en direcciones privilegiadas.
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El régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro ha entregado lucrativas industrias al ejército, que posee 160.000 miembros, a medida que el colapso económico cobra impulso, desde la región rica en minerales del Arco Minero del Orinoco hasta altos cargos en la productora estatal de petróleo y el control cada vez más preciado sobre los alimentos y el agua.
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Maduro ha ascendido a cientos de oficiales desde que asumió la presidencia en 2013; hay alrededor de 1.000 generales, almirantes y oficiales activos y retirados en cargos públicos y oficiales de las fuerzas armadas ocupan 9 de los 32 puestos del gabinete.
La semana pasada, el presidente nombró a Evelyn Vásquez, funcionaria de la firma estatal de servicios públicos Hidrocapital, como titular de un nuevo Ministerio para Ecosocialismo y Agua, una medida que, según él, ayudaría a alcanzar los estándares de cuidado y acceso establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
Se suponía que el país debería haber alcanzado esos estándares en 2015, pero la crisis no ha respetado los calendarios burocráticos. "El sector del agua ha sido completamente tomado debido a un gobierno que cree que los militares pueden poner orden a las cosas", dijo Norberto Bausson, quien fuera titular de Hidrocapital en la década de 1990."Si a esta incompetencia institucional se suma un año seco, las consecuencias son enormes".
Por lo tanto, la necesidad se ha convertido en un lujo en Venezuela. En teoría, el agua en el país socialista esta subsidiada y cuesta unos centavos al mes. Pero las tuberías en Caracas no se han renovado en tres décadas y Bausson dijo que los equipos de reparación se han reducido a unos 40 desde los 400 que existían cuando él estaba a cargo.
La mayoría de las bombas que traen agua desde los embalses fuera de Caracas solo funcionan parcialmente. Dos embalses auxiliares, destinados a garantizar el suministro durante 15 días en casos de emergencia, se encuentran en niveles gravemente bajos o están vacíos. Hidrocapital a veces corta completamente el servicio por hasta 48 horas.
La mayoría de las personas en Caracas recibe 30 minutos de agua en la mañana y la noche, lo que provoca una loca carrera por dejar el trabajo o reuniones sociales para ducharse, lavar y limpiar.
Un informe inédito de la organización de caridad Caritas, que atiende a las áreas más pobres en cuatro estados, concluyó que en abril solo un 27 por ciento de las familias contó con acceso continuo a agua potable de los suministros estatales.
Alrededor de un 65 por ciento tuvo acceso a agua menos de tres días a la semana. En el estado de Miranda, ninguna familia pobre tuvo agua con más frecuencia que eso. Aquellos que quieren más, deben pagar.
Los camiones cisterna privados, como el de Sánchez, habían estado llenando y revendiendo agua por mucho tiempo. Luego, personal militar fue enviado en mayo a los puntos de llenado de agua de la capital en un plan de suministro de emergencia.
El punto de llenado de El Paraíso está a unas cuadras de El Guaire, un sucio río que transporta agua de alcantarilla que el fallecido presidente Hugo Chávez se comprometió a limpiar lo suficiente como para nadar en 2005. Incluso antes de que el sol caliente las fangosas aguas, el olor es pútrido. No esta tratada. El agua no potable y potable debe provenir de otros lugares.
Dependiendo de la distancia en coche desde el punto de llenado de agua, Sánchez cobra alrededor de 18 millones de bolívares por llenar el tanque de un edificio residencial promedio. Para trabajos más grandes puede cobrar hasta 50 millones.
Si bien eso equivale a solo 17 dólares al tipo de cambio del mercado negro, se compara con el salario mínimo mensual de alrededor de 1 dólar.
Sánchez hace poco tiene un nuevo gasto: los militares han comenzado a requisar camiones, según una docena de proveedores de agua en Caracas. Los conductores se ven obligados a ir a donde los oficiales les digan sin expectativas de recibir un pago. A veces los llevan a edificios gubernamentales, otras, a residencias militares o casas privadas. En otros casos, los soldados simplemente bloquean el acceso a manantiales y pozos.
En un punto de llenado ubicado cerca de un gran parque en el este de Caracas, se había colocado un candado en la palanca para abrir el agua. Kariandre Rincón, funcionaria de prensa del Ministerio de Defensa de Venezuela, declinó hacer comentarios sobre la reciente usurpación de los recursos hídricos del país y los camiones.
