En mi primera columna del año podría hacer futurología y especular acerca de qué viene para el sector o podría concentrarme en un par de temas que han acaparado la atención del país como los problemas de ciberseguridad que tenemos, como lo reseñó José Carlos García en EL TIEMPO o todos los líos que puede generar el uso de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT que ya los profesores de la ciudad de New York prohibieron su uso, pero no, voy a hablar de un tema recurrente en Colombia y del cual he hablado muchas veces y es la cantaleta de darle con el palo al mayor inversionista en telecomunicaciones que tiene Colombia, gústele a quien no le guste.
Y arranco diciendo que es una cantaleta porque muchos se han aprovechado de una frase en el informe 'Revisión Ocde de la política rural en Colombia, 2022' en la parte de recomendaciones para mejorar la banda ancha en el campo colombiano en donde dice, textualmente: “…Deben tenerse en cuenta consideraciones de competencia, dado el dominio del proveedor Claro en el mercado de servicios de comunicaciones móviles…” y ahí fue Troya. Los más directos competidores de Claro, competidores espurios porque gozan del amparo de gabelas y beneficios fiscales y económicos de contar con participación pública, volvieron con el sonsonete que hay que regular el mercado dada la posición dominante de la filial de América Móvil en el país. Pretenden esconder las fauces de lobo agazapado, detrás del amparo que buscan con el Estado, aprovechando, lo reitero, que cuentan con su aquiescencia societaria.
No, ministra Urrutia, Colombia no tiene un mercado con un operador dominante. ¡Hay 17 operadores! Tiene un mercado con un inversionista privado que ha creído y ha apostado por el país y para el país, colocando el dinero de su propio bolsillo. Aquí lo que ha faltado es contar con una comisión de regulaciones, verdaderamente independiente, como lo pide el estudio que hicimos Julián Cardona Castro y este servidor para la CAN ( ) en donde decimos que la ley 1341 de 2.009 y la ley 1978 de 2.019 no pudieron darle el carácter de independiente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que es “… un regulador único convergente y no independiente, con dos salas: una de comunicaciones y otra de contenidos audiovisuales. Traslada al MinTIC el manejo de la Televisión cuanto a concesiones y permisos de espectro. No involucra los servicios OTT y su regulación. No legisla sobre las Redes Comunitarias”. (la negrilla es mía). Ministra Sandra, corrija ese entuerto. Y propenda porque Colombia sea más atractivo para los inversionistas privados. La actual situación con dos de los grandes operadores del mercado con una fuerte participación estatal no hace otra cosa que distorsionar el mercado.
El ARPU de Colombia está por debajo del promedio de América Latina. El ARPU es, en inglés, Average Revenue Per Use o Ingresos Promedio Por Usuario y es un indicador de rentabilidad que se usa para medir el tamaño de una empresa o negocio, pero, también, para determinar que tan rentable es en el largo plazo. El ARPU de Colombia está en, más o menos, unos U$3 por usuario lo cual es, realmente, muy bajo, lo que dificulta las posibilidades de conseguir financiación para las exigente inversiones que requiere el sector. Con la devaluación tan fuerte, eso no da para pagar las inversiones tan fuertes que hay que hacer y tampoco para pagar los gastos operativos que, también, están muy presionadas con la inflación. Tienen las empresas que hacer grandes esfuerzos financieros para mantenerse y sostenerse con unos márgenes de rentabilidad muy bajos.
En estas páginas he ponderado la capacidad innovadora de UNETIGO y el esfuerzo de Telefónica Movistar por ampliar la llegada de la última milla de fibra óptica a los hogares colombianos, así como otros logros de esos dos grandes operadores de telecomunicaciones de nuestro mercado, pero, también, siempre lo he dicho, valoro y conmensuro la disposición de Claro Colombia para invertir, con generosidad, en el país.
En el mismo sentido, vale la pena mencionar que Claro Colombia ya terminó de instalar y conectar los 7468 Centros Digitales que les adjudicaron en la famosa y muy bien diseñada licitación, en la región A, que comprende corregimientos y veredas de municipios en Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, y Vaupés. Permitiendo la atención a más de 750.000 estudiantes y profesores. Beneficiando a más de 3 millones de colombianos y dando acceso a Internet, donde nunca antes había llegado ni el Estado ni ninguna empresa.
Bien haría el ministro Alejando Gaviria en revisar ese modelo que va a permitir garantizar conectividad durante 10 años a muchos estudiantes y profesores en la Colombia profunda.
NICOLA STORNELLI GARCÍA
Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de EL TIEMPO y de DPL News
En: Twitter @puertodigital
